Espa?a debe ejecutar ya el embargo contra los ex gestores de Torras, seg¨²n el tribunal de Londres

El juez de Londres Jonathan Mance, que ha condenado a cinco ex gestores de Torras en Espa?a a pagar a esta empresa hasta 75.000 millones de pesetas, manifest¨® ayer en el Tribunal Comercial de la capital brit¨¢nica su convencimiento de que la sentencia y el consecuente embargo de bienes es de aplicaci¨®n inmediata en Espa?a. En el mismo sentido, el responsable del equipo jur¨ªdico que ha defendido a Torras, el socio de la firma Baker & McKenzie Nick Pearson, asegur¨® que con esa sentencia la citada empresa puede acudir a los juzgados espa?oles para exigir su aplicaci¨®n.

El socio de Baker & McKenzie se?al¨® que el Convenio de Bruselas, que ha sido ratificado por Espa?a y el Reino Unido, contempla la aplicaci¨®n inmediata de las sentencias civiles de un pa¨ªs en otro. El Convenio de Bruselas, que versa sobre "competencia judicial y la ejecuci¨®n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil", fue firmado el 27 de septiembre de 1968. Espa?a lo ratific¨® mediante convenio de adhesi¨®n en 1989, en San Sebasti¨¢n. Tambi¨¦n ser¨ªa de aplicaci¨®n, seg¨²n las mismas fuentes, el convenio de Lugano (Suiza). La sala n¨²mero 65 de la Royal Court de Londres fue el escenario en el que ayer comenz¨® la lectura de la sentencia sobre la demanda civil por 464,5 millones de d¨®lares (75.000 millones de pesetas al cambio actual) que el grupo Torras y su filial inglesa THL presentaron en abril de 1993 contra la mayor¨ªa de sus ex gestores en Espa?a, encabezados por Javier de la Rosa. S¨®lo uno de los espa?oles demandados, Miguel Soler, ex directivo de Torras que ha sido absuelto, estaba presente en la sala.

La sentencia condena por diferentes cantidades al ex presidente de la Kuwait Investment Office (KIO), Fahad Al Sabah; al ex director general de KIO, Fouad Jaffar; al ex alto cargo y miembro de la familia real kuwait¨ª, jeque Khaled Al Sabaj; al ex vicepresidente ejecutivo de Torras, Javier de la Rosa, y al ex abogado del grupo Juan Jos¨¦ Folchi, oblig¨¢ndoles a devolver todo el dinero a la empresa espa?ola.

La sesi¨®n comenz¨® puntualmente a las 10,30 horas y finaliz¨® a las cuatro de la tarde. Se interrumpi¨® tan s¨®lo una hora para el almuerzo.

En el extremo de la sala opuesto a la tribuna ocupada por el juez Mance dos decenas de sillas eran el insuficiente espacio reservado para una treintena larga de periodistas, la mayor¨ªa espa?oles, pero tambi¨¦n ingleses y ¨¢rabes.

El primero en intervenir fue el barrister (abogado autorizado a intervenir ante el tribunal) de Torras, Anthony Boswood, quien acompa?a su nombre con las iniciales QC (Queen Counsellor, consejero de la reina) de gran prestigio en el mundo judicial brit¨¢nico. Boswood quiso aclarar al juez que "la publicaci¨®n en la prensa espa?ola del contenido del borrador de sentencia no tiene nada que ver con mi cliente". El juez Mance, medio incr¨¦dulo medio ir¨®nico, contest¨® con una pregunta: "?Ha habido filtraciones a la prensa a pesar de mis recomendaciones sobre este asunto?". A lo que Boswood contest¨® con un escueto "Por supuesto".

Para entonces al magistrado ya le hab¨ªa picado la curiosidad y pregunt¨® al barrister: "?Qu¨¦ significa que se ha filtrado en Espa?a? ?Con mucho detalle?". Un moroso Boswood replic¨® que efectivamente, "s¨ª, con bastante detalle". Por si hab¨ªa dudas, el juez aclar¨® que "alguien debe haberlo hecho, aunque yo desde luego no he sido". Mance calific¨® el episodio de "bastante irritante". El asunto finaliz¨® con un nuevo recordatorio de la prohibici¨®n de publicar ning¨²n dato de la sentencia hasta que esta sea definitiva, la pr¨®xima semana.

Para que los medios pudieran seguir las discusiones entre abogados, en la zona de periodistas y p¨²blico hab¨ªa tambi¨¦n dos copias de las 362 p¨¢ginas del borrador de sentencia. Los informadores fueron advertidos de que esas copias no pod¨ªan salir de la sala bajo ning¨²n concepto y que tambi¨¦n estaba prohibido desvelar su contenido.

La sesi¨®n se adentr¨® entonces en los detalles sobre la sentencia, un tedioso proceso en el que las partes proponen la correcci¨®n de errores sin fondo jur¨ªdico, pero que son necesarios para garantizar la completa exactitud de los hechos y las cantidades que figurar¨¢n en la sentencia final.

Poco despu¨¦s se entr¨® en dos de los platos fuertes: el c¨¢lculo de los intereses y las costas del proceso. Est¨¢ claro que desde el momento de la sentencia hasta que Torras consiga recuperar el dinero se calcular¨¢n unos intereses anuales del 8%. Queda pendiente para la pr¨®xima semana cu¨¢l ser¨¢ el sistema de c¨¢lculo de los intereses desde el momento en que los 464,5 millones de d¨®lares desaparecieron de Torras, en 1988. El juez decidir¨¢ si se utiliza un sistema de inter¨¦s simple o compuesto y a qu¨¦ tipo, algo que estar¨¢ en funci¨®n de los vigentes en los a?os comprendidos entre 1988 y la actualidad. Ayer tambi¨¦n, el juez acord¨® que los demandados, y no s¨®lo los condenados, deber¨¢n asumir las costas.