La historia de un peritaje de parte de algunos acusados

El 13 de julio de 1995 el procurador Antonio Andr¨¦s Garc¨ªa-Arribas present¨® ante el juzgado 3 bis de la Audiencia Nacional un escrito firmado por Miguel ?ngel G¨®mez de Lia?o, en nombre del acusado Arturo Roman¨ª. El escrito ped¨ªa al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n la nulidad de las actuaciones y, entre otras diligencias, propon¨ªa "el nombramiento de tres peritos pertenecientes al Colegio de Titulares Economistas de Madrid y designados por el decano de los mismos para que, en relaci¨®n con los hechos que se contienen en la querella, dictaminen sobre todas las operaciones e informaciones facilitadas por el Banco de Espa?a, Banco Espa?ol de Cr¨¦dito y por los peritos nombrados por el juez, una vez que ¨¦stos concluyan el trabajo encomendado por el juzgado". El juez Miguel Moreiras, que sustitu¨ªa en vacaciones a Garc¨ªa-Castell¨®n, admiti¨® la propuesta de los peritos economistas. M¨¢s tarde, Garc¨ªa-Castell¨®n respet¨® esta decisi¨®n pero se limit¨® a solicitarles un informe sobre las operaciones de la querella criminal contra los ex administradores.

El caso es que la defensa de Mario Conde quer¨ªa que los economistas designados por Gerardo Ortega -quien a su vez hab¨ªa realizado en noviembre de 1994 un informe sobre normativa contable bancaria para Mario Conde, seg¨²n encargo del economista Ram¨®n Tamames- apareciesen tambi¨¦n como "peritos judiciales" y no de parte. Los tres economistas se dirigieron poco despu¨¦s de su designaci¨®n a la secretaria del juzgado 3 bis, Paloma Salcedo de Mingo, para pedir una provisi¨®n de fondos. La secretaria les dijo que el juzgado ya ten¨ªa peritos nombrados y que, siendo un peritaje de parte, deb¨ªan pedir los fondos a quienes hab¨ªan solicitado la pericia. En este caso, la defensa de Arturo Roman¨ª.

Los peritos informaron de esta actitud a sus clientes. Fue Miguel G¨®mez de Lia?o quien habl¨® primero con la secretaria para conocer su punto de vista. M¨¢s tarde, Mariano G¨®mez de Lia?o, entonces abogado de Mario Conde, habl¨® por tel¨¦fono con la secretaria.

Le se?al¨® que era mejor que el pago a los tres peritos lo hiciera el juzgado, aunque se le pod¨ªan allegar los fondos desde fuera (esto es, por la defensa de los acusadoas) porque de ese modo se pod¨ªa evitar la imagen de un peritaje pagado por los acusados, lo que mermar¨ªa su credibilidad. La secretaria Paloma Salcedo de Mingo le explic¨® que no era posible hacerlo, ya que se trataba de peritaje de parte. En su informe, los tres peritos economistas no dudan de la racionalidad econ¨®mica de las operaciones que se enjuician.