Lo pol¨ªtico y lo jur¨ªdico

Las relaciones entre opini¨®n p¨²blica y justicia son muy complicadas. A menudo, la justicia tiene razones que la ciudadan¨ªa no entiende y la ciudadan¨ªa plantea exigencias que la justicia no puede atender. En el primero de los casos, las sentencias pueden ser piedra de esc¨¢ndalo, como ocurre reiteradamente en materia de delitos sexuales u otros relacionados con las costumbres. En el segundo, la reacci¨®n espont¨¢nea, y a veces irracional, de la opini¨®n choca con el sentido de la legalidad que corresponde a quien la tutela. Estas sombras de incomprensi¨®n son inevitables en un Estado de derecho que sea realmente garantista. Y, si no sobrepasan determinados umbrales, son positivas. Porque cuando se abre un abismo entre ciudadan¨ªa y justicia es que algo falla en el sistema judicial.El Constitucional deja en libertad a la Mesa de HB que el Supremo conden¨® hace dos a?os. Es una de estas situaciones que generan perplejidad en la ciudadan¨ªa porque le resulta dif¨ªcil entender que la discrecionalidad de la ley sea tan alta como para que dos altos tribunales puedan tener posiciones tan distintas. Y en un caso como ¨¦ste, con el proceso vasco de fin de la violencia de por medio, la sospecha de politizaci¨®n aparece enseguida.

En realidad, la historia ven¨ªa turbia. La sentencia del Supremo que conden¨® a la antigua Mesa de HB se produjo en un momento en que, apoyado en el clima de indignaci¨®n por el asesinato de Miguel ?ngel Blanco, el Gobierno del PP emprendi¨® una estrategia de acorralamiento policial de ETA y su entorno que, viendo el desarrollo de los acontecimientos posteriores, dio resultado: ETA se vio obligada a buscar en la tregua una salvaci¨®n. El ministro Jaime Mayor Oreja, metido de lleno en aquella ofensiva, fue probablemente demasiado lejos en su activismo para conseguir una opini¨®n favorable a la condena de la Mesa de HB. Los flirteos entre pol¨ªtica y justicia siempre son peligrosos. Ahora Mayor Oreja se encuentra que la sentencia del Constitucional le coge con el pie cambiado. Y, como consecuencia de ello, aparece casi como una conclusi¨®n l¨®gica lo que ser¨ªa un disparate: a nuevos tiempos, nueva sentencia.

Si la nube de la politizaci¨®n plane¨® desde el primer momento sobre el procedimiento, la campa?a manipuladora de filtraciones e intoxicaciones que ha soportado el Constitucional durante los ¨²ltimos meses no ha hecho m¨¢s que aumentar la confusi¨®n. Las deliberaciones de los tribunales son secretas, y deben serlo; s¨®lo as¨ª el magistrado puede tener la plena libertad de convencer y ser convencido, de madurar sus planteamientos en el proceso de discusi¨®n. Para asegurar este secreto ni siquiera hay actas de las deliberaciones. Los doce magistrados se han reunido solos. Las filtraciones que se han producido s¨®lo pueden venir de algunos de ellos. Este "algunos" parece reducirse como m¨¢ximo a un par de nombres. La retransmisi¨®n de las deliberaciones en ligero diferido, pero adulterando el relato de las jugadas en beneficio del propio locutor, adem¨¢s de ser inaceptable, hace un flaco favor al prestigio de la justicia. La ciudadan¨ªa necesita confiar en los jueces: para ello exige imparcialidad y rigor. Estas frivolidades no ayudan.

Desde que el Supremo dict¨® la sentencia, hab¨ªa crecido la sensaci¨®n de que el recurso de amparo pod¨ªa prosperar. Jur¨ªdicamente, por tanto, no puede hablarse de sorpresa. Pero algunas inc¨®gnitas se abren en el panorama pol¨ªtico: ?afectar¨¢ la sentencia del Constitucional al proceso vasco?

Puede que nos encontremos en el momento decisivo para evaluar la fuerza de los sectores decididamente reformistas de EH. Que el Constitucional excarcele a los miembros de la antigua Mesa de HB da argumentos para justificar la incorporaci¨®n a la vida pol¨ªtica de un Estado que, como los hechos demuestran, no es el Estado franquista camuflado de la doctrina batasuna. Habr¨¢ que ver c¨®mo se resuelve el conflicto entre dos Mesas nacionales de HB: la que viene del pasado y la que apunta al futuro. No podemos olvidar que la Mesa que dirige Otegi se cre¨® y se legitim¨® por oposici¨®n a la anterior. En cualquier caso, que desde el nacionalismo vasco se trate de presentar esta sentencia como una derrota del Gobierno no pasa de ser un brindis al sol. Lo que la sentencia demuestra es que el Estado de derecho est¨¢ dotado de los mecanismos garantistas necesarios para poder subsanar un posible error judicial. En este sentido, el Constitucional confirma el criterio garantista que le ha caracterizado. Y esto siempre es una buena noticia.