El Constitucional anul¨® la sentencia de la Mesa de HB por la desproporci¨®n de la pena

El Tribunal Constitucional anul¨® la sentencia que conden¨® a los miembros de la anterior Mesa Nacional de Herri Batasuna por entender que la pena m¨ªnima que fija la ley, es decir, seis a?os de c¨¢rcel, es desproporcionada a la conducta sancionada, o sea, la difusi¨®n de un v¨ªdeo de ETA en periodo electoral. El Constitucional no puede fijar una cuant¨ªa de la conducta sancionable, porque no es su misi¨®n, sino del legislador, pero aun cuando estima que los hechos debieron ser sancionados, y que no est¨¢n amparados por la libertad de expresi¨®n, entiende que la pena fue excesiva, y que el art¨ªculo aplicado deber¨ªa contener una gradaci¨®n de penas m¨¢s leves a la m¨ªnima para conductas m¨¢s leves.El alto tribunal se plantea, incluso, reunirse en pleno en el pr¨®ximo mes de septiembre para, o¨ªdo el fiscal, estudiar una cuesti¨®n de inconstitucionalidad del art¨ªculo 174 bis a) del C¨®digo Penal de 1973, ya derogado, que fue el que se aplic¨® en la sentencia, por estimar que es inconstitucional.

Cr¨ªtica impl¨ªcita

La resoluci¨®n supone una cr¨ªtica impl¨ªcita a la actuaci¨®n del Tribunal Supremo, ya que no aplic¨® la pena m¨ªnima, de seis a?os, prevista en el art¨ªculo, sino que sancion¨® los hechos con una condena de siete a?os.Sin embargo, la revocaci¨®n de la sentencia no ha provocado malestar entre los magistrados del Tribunal Supremo. Su presidente, Javier Delgado, expres¨® ayer que la sentencia le merece su "m¨¢s completo respeto". La mayor¨ªa de los magistrados consultados alegaban no haber le¨ªdo el texto de la resoluci¨®n, pero se?alaban que, de ser cierto lo publicado por los peri¨®dicos, el Constitucional se hab¨ªa ce?ido a sus funciones.

Un grupo de magistrados del Supremo hab¨ªa mostrado su preocupaci¨®n a principios de la semana pasada de que el Constitucional invadiera competencias del Supremo si, como se filtr¨®, se anulaba la sentencia sobre la base del derecho a la presunci¨®n de inocencia, ya que en la causa no hab¨ªa pruebas suficientes para condenar. Estos magistrados consideraban que, de producirse una sentencia en esos t¨¦rminos, el Constitucional se convertir¨ªa en una tercera instancia.

As¨ª lo entendieron tambi¨¦n los portavoces de las asociaciones judiciales, aunque manifestaron su confianza en que el Constitucional solventar¨ªa el problema dentro de sus propias competencias. Ayer, sin embargo, expresaron su "sorpresa" por la declaraci¨®n de ilegalidad de un art¨ªculo que se ha aplicado durante a?os sin dudas sobre su constitucionalidad. Desde el Tribunal Constitucional se enviaba un mensaje tranquilizador a la sociedad, al se?alar que la sentencia es para un caso ¨²nico, y que no es extensible a otros casos de colaboraci¨®n con banda armada. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional tambi¨¦n llamaba la atenci¨®n sobre ese extremo, destacando que la sentencia del Tribunal Constitucional no afecta a ninguno de los casos que se han juzgado en la Audiencia, ni a los casos pendientes.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en un pleno celebrado ayer tarde, acord¨® encargar a su presidente, Pedro Cruz Villal¨®n, la investigaci¨®n sobre las filtraciones reiteradas de las deliberaciones de la sentencia. Los pormenores de las posturas que se debat¨ªan y la posici¨®n de voto de los magistrados se han conocido puntualmente a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n y el Constitucional intentar¨¢ averiguar ahora el origen de las filtraciones. En el a?o 1983 ocurri¨® algo similar con el caso Rumasa. Sin embargo, la investigaci¨®n se archiv¨® entonces por falta de autor conocido.