El fallido asalto de Gil a Puerto Ban¨²s

El plan para conquistar la sociedad Puerto Ban¨²s no pod¨ªa ser m¨¢s complicado y rocambolesco. Pero con la ayuda de la juez Pilar Ram¨ªrez estuvo a punto de consumarse con ¨¦xito. Jes¨²s Gil nunca ocult¨® sus intenciones. En 1991, nada m¨¢s acceder a la alcald¨ªa de Marbella, declar¨® que el Ayuntamiento controlar¨ªa la administraci¨®n de Puerto Ban¨²s, el escaparate m¨¢s llamativo de la ciudad. Una bocana en la que fondean espectaculares barcos de recreo, como el del jeque Enani, con sus helic¨®pteros en cubierta, y un trepidante zoco de negocios inmobiliarios. La pretensi¨®n del alcalde parec¨ªa disparatada, ya que la concesi¨®n del puerto, otorgada por la Junta de Andaluc¨ªa, pertenec¨ªa a la sociedad Puerto Jos¨¦ Ban¨²s de Andaluc¨ªa La Nueva. Se trata de una sociedad privada, propiedad de la familia de Jos¨¦ Ban¨²s, su fundador, y regentada por Alberto Vidiella, su sobrino. Pero los problemas econ¨®micos de ¨¦ste ¨²ltimo en Bansa, otra sociedad, servir¨ªan de excusa para el asalto por sorpresa al puerto de la jet marbell¨ª. Ban¨²s Andaluc¨ªa La Nueva SA (Bansa), una urbanizadora constituida tambi¨¦n por Jos¨¦ Ban¨²s acumulaba deudas, entre otros, con el Ayuntamiento de Marbella, al que deb¨ªa 700 millones de pesetas por suministros de agua. Jos¨¦ Luis Sierra, abogado de Gil, inst¨® en 1994 a la quiebra de Bansa ante el juzgado n¨²mero 4 de Marbella. Llevaba m¨¢s de un a?o preparando su denuncia, seg¨²n confes¨®. El plan era tan premeditado que los italianos Felice Cultrera y Gianni Mennino, afincados en Marbella y presuntos miembros de la Mafia siciliana Cosa Nostra, proyectaban desde 1992 c¨®mo hacerse con Puerto Ban¨²s con la ayuda del alcalde. Pero ambos ignoraban que los tel¨¦fonos de sus sociedades estaban intervenidos en una operaci¨®n policial hispano-italiana. Todas las conversaciones con el primer edil de Marbella estaban siendo grabadas, una tras otra, durante dos a?os. Los dos italianos a los que la polic¨ªa vincula con el clan mafioso de Santapaola manten¨ªan una estrecha relaci¨®n con la familia Ram¨ªrez. Juan, ex oficial de juzgados y padre de la juez, "actuaba como asesor jur¨ªdico y abogado del grupo Cultrera", seg¨²n los responsables del servicio de Estupefacientes. Juan Carlos y Diego Jim¨¦nez, hermano y primo de la juez decana, eran y son sus abogados. Un informe del Servicio de Estupefacientes asegura que Gil planeaba hacer figurar al Ayuntamiento de Marbella como comprador de la sociedad Puerto Ban¨²s, cuando en realidad estaban los italianos detr¨¢s de la operaci¨®n, pero en la sombra y sin figurar. "Tambi¨¦n se comprometi¨® a otorgar las licencias de construcci¨®n oportunas a los grupos afines de Cultrera. A cambio, los italianos se comprometieron a ayudar econ¨®micamente a Gil en las campa?as electorales que precise", dice el documento policial. La quiebra de Bansa s¨®lo era el primer paso y la excusa ideal de este ambicioso plan, seg¨²n relata una de las partes del proceso. A su vez, el Estado se person¨® en la causa como acreedor de 500 millones que le adeudaba la urbanizadora por impago de impuestos. Antes de que concluyera la quiebra, el juzgado n¨²mero 4 dedujo testimonio contra Vidiella por presunto alzamiento de bienes y lo mand¨® a reparto. Pilar Ram¨ªrez, decana de los juzgados de Marbella y responsable del reparto, se qued¨® con el caso, que pas¨® a su juzgado, el n¨²mero 3. Hasta entonces, lo ¨²nico que se discut¨ªa era la causa contra la urbanizadora Bansa y las diligencias penales contra Vidiella. Pero el asunto dio un giro inesperado. A petici¨®n de Sierra, abogado de Gil, la juez Ram¨ªrez orden¨® la administraci¨®n judicial de Puerto Ban¨²s, la sociedad due?a del puerto, con el pretexto de que Vidiella era titular de las acciones y para garantizar su responsabilidad en el caso de Bansa. Y lo hizo aplicando un decreto ley franquista, de 1969, aprobado a ra¨ªz del caso Matesa, que permit¨ªa la administraci¨®n judicial de una empresa. ?sta conlleva el cese del consejo y el nombramiento de un administrador y un interventor. "Fue una decisi¨®n brutal, porque el puerto no ten¨ªa nada que ver con Bensa", se?alan fuentes judiciales. El letrado de Gil propuso a Ram¨ªrez que nombrara a Antonio Calleja administrador de la sociedad y a Antonio Sampietro, interventor de la misma. El primero estaba vinculado al alcalde y el segundo acababa de dejar su puesto de concejal del GIL en el Ayuntamiento. Ahora, es el dirigente de este partido en Ceuta. La juez acept¨® la propuesta del alcalde y nombr¨® a ambos sin acudir al turno de oficio del colegio de economistas. En las mismas diligencias s¨ª hab¨ªa acudido, en cambio, al colegio de arquitectos para que elaborara un dictamen independiente. El abogado del Estado contest¨® que el decreto ley de administraci¨®n judicial hab¨ªa sido derogado por la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985 y denunci¨® que Puerto Ban¨²s nada ten¨ªa que ver con la quiebra de Bansa. Se opuso al nombramiento de los hombres de Gil y propuso el de un funcionario de Hacienda como garant¨ªa de imparcialidad. En su recurso ante la juez, la Abogac¨ªa del Estado asegur¨® que, "m¨¢s que una administraci¨®n judicial, aquello parece una administraci¨®n municipal". El fiscal tambi¨¦n se opuso a las ¨®rdenes de Ram¨ªrez. Los dos recursos fueron rechazados por la juez, que se mantuvo firme en sus tesis. "Ech¨® un ¨®rdago arriesgad¨ªsimo", se?alan fuentes judiciales. El asalto de Gil a Puerto Ban¨²s, la joya de Marbella, se hab¨ªa consumado. Pero la victoria fue p¨ªrrica. En 1998, la Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa presentaron y ganaron su recurso ante la Audiencia de M¨¢laga. ?sta ech¨® por tierra las actuaciones de Ram¨ªrez, levant¨® la administraci¨®n judicial sobre Puerto Ban¨²s, destituy¨® a los hombres de Gil y repuso en el consejo a Vidiella. Del sue?o de Gil y los presuntos mafiosos s¨®lo quedaron las cintas que conserva la polic¨ªa.