Bruselas anula el veto del Gobierno portugu¨¦s a la alianza entre el BSCH y Champalimaud

La Comisi¨®n Europea emiti¨® ayer una solemne declaraci¨®n por la que considera ilegal el veto del Gobierno de Portugal a la alianza entre el espa?ol BSCH y el grupo financiero Champalimaud. Ese veto, dice la Comisi¨®n, "no protege ning¨²n inter¨¦s leg¨ªtimo". La declaraci¨®n se suma al dictamen motivado que abri¨® la semana pasada la segunda fase del procedimiento de infracci¨®n. Y es completamente ins¨®lita, pues Bruselas suele contentarse con el dictamen motivado. El principal efecto de la declaraci¨®n es que apoya cualquier reclamaci¨®n judicial de los afectados.

Adem¨¢s de esta decisi¨®n, la Comisi¨®n ha redactado un segundo dictamen motivado, esta vez por infracci¨®n, no ya de las normas de competencia, sino tambi¨¦n de las que regulan el mercado interior europeo.La declaraci¨®n da cuenta del nivel de irritaci¨®n contra Portugal que atenaza a la Comisi¨®n por este asunto, y particularmente al normalmente muy sosegado comisario de la Competencia, Mario Monti.

Los efectos pr¨¢cticos del texto estriban, seg¨²n un portavoz, en que si cualquiera de las dos partes afectadas -el Banco de Santander o el grupo Champalimaud- optan por recurrir contra Lisboa ante los tribunales, dispondr¨¢n de una importante baza de apoyo. El dictamen permite legalmente a los tribunales portugueses ignorar el veto de Lisboa. Al mismo tiempo, la declaraci¨®n supone la luz verde jur¨ªdica definitiva de Bruselas para que ambos procedan a la alianza que pretend¨ªan, aunque el Gobierno portugu¨¦s se lo impida de facto.

El veto portugu¨¦s "atenta contra el derecho comunitario de la competencia", sostiene Monti. "Las razones que presuntamente justifican los reiterados intentos de Portugal de hacer fracasar la operaci¨®n carecen de fundamento jur¨ªdico o f¨¢ctico", insiste. La decisi¨®n ahora adoptada, concluye, "es de vital importancia, pues los tribunales nacionales portugueses estar¨¢n ahora en condiciones de desestimar cualquier medida nacional [como la de veto que se dict¨® el 18 de junio] que se oponga a esta operaci¨®n".

La Comisi¨®n considera que el veto portugu¨¦s conculca el reglamento comunitario que regula las concentraciones porque, entre otras, actu¨® con objeto de "proteger intereses que no pueden considerarse leg¨ªtimos".

Al mismo tiempo, la Comisi¨®n aprob¨® ayer el inicio de la segunda fase del procedimiento de infracci¨®n por violaci¨®n de las normas del Mercado Interior, a iniciativa del comisario sectorial, el holand¨¦s Frits Bolkenstein. ?ste entiende que el veto conculca la libertad de establecimiento que est¨¢ en la base del mercado ¨²nico y, adem¨¢s, que las medidas que ha adoptado Lisboa para impedir la operaci¨®n resultan "desproporcionadas". Las razones principales de Bruselas para llegar a estas conclusiones son las siguientes:

- Rapidez. La decisi¨®n de Lisboa oponi¨¦ndose al acuerdo entre los dos grupos fue adoptada en tan s¨®lo 24 horas despu¨¦s de que ¨¦stos notificasen el acuerdo al ministro portugu¨¦s.

- Impedimentos. A los protagonistas de la operaci¨®n se les ha impedido la posibilidad de proporcionar informaciones complementarias sobre su operaci¨®n, e incluso la de mantener un profundo intercambio de opiniones.

- Motivaci¨®n. Las razones del veto basadas en el derecho prudencial portugu¨¦s no fueron comunicadas en su totalidad a las partes.

- Inter¨¦s nacional. La intervenci¨®n de Lisboa mediante el veto se fundamenta en la defensa de un inter¨¦s econ¨®mico nacional o estrat¨¦gico, que en este caso est¨¢ fuera de lugar, porque la funci¨®n del derecho prudencial consiste en "garantizar una gesti¨®n sana y prudente" y no en defender intereses nacionales.

- Sin control jurisdiccional. La suspensi¨®n de los derechos de voto en el grupo Champalimaud adoptadas por Lisboa es una medida "desproporcionada", que escapa al control jurisdiccional.