M¨¢s de cuatro billones por 43 empresas p¨²blicas

Las privatizaciones de las grandes empresas p¨²blicas espa?olas ejecutadas por el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 han cambiado para siempre, y en muy pocos aspectos para bien, el mercado de servicios en Espa?a. En tres a?os de intensa tarea privatizadora, los ministerios de Econom¨ªa e Industria han vendido participaciones de 43 empresas p¨²blicas por valor de casi 4,3 billones de pesetas y han subvertido las reglas del juego en los sectores de telecomunicaciones (Telef¨®nica), electricidad (Endesa), servicios y distribuci¨®n (Tabacalera) o lo que ahora se llama servicios bancarios (Argentaria).Las privatizaciones del PP tienen caracter¨ªsticas muy acusadas. La primera de ellas es la extraordinaria velocidad con que el Estado se desprendi¨® de las empresas p¨²blicas, despu¨¦s de que en uno de los primeros Consejos de Ministros de la legislatura (junio de 1996) se aprobara un pseudopl¨¢n de privatizaci¨®n cuyo contenido t¨¦cnico repet¨ªa simplemente la distinci¨®n cl¨¢sica entre las empresas que pod¨ªan ser vendidas inmediatamente -las que registraban beneficios-, las que requer¨ªan una reconversi¨®n financiera previa para atraer a posibles inversores y las que deb¨ªan privatizarse a m¨¢s largo plazo (las ruinosas, como los astilleros p¨²blicos o Santa B¨¢rbara). Este v¨¦rtigo privatizador, pr¨®ximo a la histeria, es decisivo para entender dos distorsiones profundas que las privatizaciones han abierto en la econom¨ªa espa?ola. La primera es que hasta el momento s¨®lo se han vendido las empresas con beneficios y todav¨ªa permanece en el sector p¨²blico la gesti¨®n de las empresas en quiebra.

La segunda distorsi¨®n introducida por las privatizaciones es que, como la velocidad de privatizaci¨®n ha sido superior a la de liberalizaci¨®n de los mercados de servicios p¨²blicos -en el supuesto de que el Gobierno tuviera la voluntad pol¨ªtica de liberalizarlos realmente, de la que no hay constancia-, los monopolios u oligopolios p¨²blicos simplemente se han convertido en privados. Con el envilecimiento pol¨ªtico a?adido de que las grandes empresas p¨²blicas convertidas en privadas se han resistido activamente a las liberalizaciones de los mercados (caso de las telecomunicaciones o de la distribuci¨®n del tabaco) o han solicitado compensaciones a precios exorbitantes por dudosas aperturas del mercado (caso de la electricidad, un sector en el que el Gobierno impone a los consumidores pagar 1,3 billones por el cambio de regulaci¨®n).

Las privatizaciones tampoco han beneficiado a los consumidores en la medida prometida por el PP en su programa electoral. Como los oligopolios de hecho se han mantenido -mediante el control f¨¦rreo de las redes de distribuci¨®n en petr¨®leo, telecomunicaciones, gas y electricidad-, la competencia no ha entrado en esos mercados y los descensos de precios o tarifas que se han producido han sido discrecionales e inorg¨¢nicos.

Las tarifas telef¨®nicas han bajado en los servicios donde hay competencia -m¨®viles, llamadas internacionales o interprovinciales-, pero han subido de forma significativa en los servicios en los que Telef¨®nica act¨²a todav¨ªa como monopolio de hecho (llamadas locales) y se han impuesto tarifas de interconexi¨®n para un escaso n¨²mero de competidores que son demasiado elevadas para que pueda desarrollarse una competencia efectiva. En el caso de las tarifas el¨¦ctricas, su descenso es atribuible pr¨¢cticamente en su totalidad al descenso de los tipos de inter¨¦s, que ha reducido el coste del endeudamiento de las empresas. Los descensos -entre el 2% y el 3% anual desde 1997- son muy inferiores a los que hubieran debido producirse en un mercado transparente, que ser¨ªan del orden del 8% o 10% anual, seg¨²n la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico.

El Gobierno entreg¨® las grandes empresas p¨²blicas, cuando todav¨ªa pertenec¨ªan al Estado, a un grupo de empresarios pr¨®ximos a Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Rodrigo Rato que se han mantenido en las presidencias de las empresas despu¨¦s de la privatizaci¨®n. Es decir, el Gobierno ha ocupado, mediante empresarios afines -muchos de ellos procedentes del sector financiero- grupos industriales que equivalen al 8% del PIB espa?ol aproximadamente. El procedimiento para ejecutar esta ocupaci¨®n -probablemente ileg¨ªtima, aunque legal, o, por lo menos, contraria a los usos y costumbres democr¨¢ticos- fue designar consejeros formalmente independientes, pero realmente dependientes de los designadores, que despu¨¦s ratificaron con sus votos a los nombrados por el Gobierno.