El juez decide archivar el 'caso Aravaca' porque "no hay delito"

El juez del caso Aravaca, Eduardo de Porres, ha decidido archivar las diligencias por prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y uso de informaci¨®n privilegiada que ha instruido en relaci¨®n con la recalificaci¨®n municipal de 700.000 metros cuadrados de suelo en este barrio madrile?o. El juez concluye que los hechos denunciados hace cuatro a?os por la Asociaci¨®n de Vecinos de Valdemar¨ªn, Monreal y El Pardo Aravaca no constituyen "infracci¨®n penal". Da la raz¨®n as¨ª al fiscal Carlos Saiz, quien pidi¨® el sobreseimiento del caso. El caso Aravaca surgi¨® a ra¨ªz de una denuncia de la citada asociaci¨®n vecinal contra ocho personas -entre ellas, varios ingenieros de caminos y el marido de la ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino- que, seg¨²n los denunciantes, compraron terrenos en una zona que el Ayuntamiento recalific¨® despu¨¦s para el cierre norte de la M-40. Seg¨²n los denunciantes, los compradores dispusieron de informaci¨®n previlegiada. La denuncia fue ampliada luego al alcalde de Madrid y varios concejales. El Ayuntamiento de Madrid pag¨® los terrenos para hacer la M-40 con recalificaciones de suelo en parajes adyacentes.

Operaci¨®n legal

El juez explica: "Al margen del inter¨¦s especulativo en las compras [de terrenos], reconocido por alguno de los denunciados y que en s¨ª mismo no es il¨ªcito, no se ha acreditado que alguno de los denunciados hubiese obtenido una informaci¨®n susceptible de ser calificada como privilegiada sobre el trazado definitivo de la M-40, ni tampoco sobre la decisi¨®n municipal de reordenar la zona en un determinado sentido". Y a?ade: "La modificaci¨®n mediante la modificaci¨®n puntual (...) se realiz¨® en funci¨®n de unos criterios pol¨ªticos que se concretaron en 1993 en atenci¨®n a los estudios realizados por la oficina municipal del plan y que se publicaron en el avance de revisi¨®n del PGOU, criterios que no respond¨ªan al inter¨¦s de favorecer a los denunciados (...), sino a la pol¨ªtica urban¨ªstica desarrollada por el Ayuntamiento en uso de su potestad discrecional".