?Es correcta la pol¨ªtica de telecomunicaciones?

Los autores analizan el m¨¦todo de concurso seguido por el Gobierno espa?ol en la concesi¨®n de licencias de telefon¨ªa m¨®vil multimedia (UMTS).

La concesi¨®n de licencias para la explotaci¨®n del negocio de telefon¨ªa ha levantado cr¨ªticas al m¨¦todo utilizado por el Gobierno espa?ol. Espa?a fue uno de los primeros pa¨ªses en iniciar la adjudicaci¨®n de cuatro licencias para el desarrollo de la telefon¨ªa de tercera generaci¨®n, optando para su asignaci¨®n por un concurso frente al mecanismo de subasta que, posteriorinente, han utilizado el Reino Unido y Alemania.El resultado ha sido que estos pa¨ªses han obtenido unos recursos de una magnitud espectacular en comparaci¨®n con lo recaudado en nuestro pa¨ªs. Es precisamente estos cuantiosos recursos y el hecho de que son las mismas empresas las que participan o desean participar en cada uno de los pa¨ªses europeos lo que ha motivado duros ataques a la pol¨ªtica gubernamental, que se va extendiendo por la falta de una respuesta coherente de las autoridades espa?olas y los titubeos y contradicciones en las que parecen incurrir cuando manifiestan su preocupaci¨®n por el tema. Esta par¨¢lisis gubernamental transmite la impresi¨®n de que el Gobierno no sabe lo que ha hecho ni lo que debe hacer.

En nuestra opini¨®n el m¨¦todo utilizado por el Gobierno espa?ol es el correcto, mientras que el seguido por los gobiernos brit¨¢nico y alem¨¢n no nos parece aconsejable e incluso puede ser perjudicial para el progreso econ¨®mico y social. Otra cosa diferente es si la actuaci¨®n del Gobierno espa?ol es suficiente para un desarrollo adecuado de las telecomunicaciones. Y no creemos que sea as¨ª, sino que es necesario perfeccionar su pol¨ªtica en varias direcciones aunque preservando el mecanismo de concurso.

Para comprender las razones que abogan por un concurso frente a una subasta billonaria, conviene recordar que en materia de telecomunicaciones los pa¨ªses europeos est¨¢n comprometidos con el desarrollo de unos mercados competitivos que se enmarcan en el conjunto de las pol¨ªticas comunitarias dirigidas a introducir competencia en todas las actividades de red y en las que ya se han dado pasos significativos. La raz¨®n de estas pol¨ªticas es que la tradicional ausencia de competencia se ha destacado como responsable de unos servicios caros, y a menudo deficientes, que no han contribuido adecuadamente al progreso econ¨®mico, por lo que un cambio en su marco regulador, especialmente en unos momentos en los que se est¨¢n produciendo innovaciones tecnol¨®gicas cuyo alcance ignoramos, podr¨ªa estimular un gran desarrollo de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n, con un impacto sustancial en la productividad del conjunto de la econom¨ªa y, por consiguiente, en la prosperidad de los pa¨ªses europeos.

Por tanto, si la pol¨ªtica de las telecomunicaciones persigue la consecuci¨®n de un marco competitivo que facilite la difusi¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas, no parece acertado que para iniciar una actividad que abre enormes posibilidades de progreso al conjunto de la sociedad, se cobre un precio billonario que si se garantizan las condiciones competitivas jam¨¢s podr¨¢n recuperar. ?Por qu¨¦ han pagado las empresas estas cifras astron¨®micas? Primero, porque se ha extendido la idea de que en el futuro las empresas de telecomunicaciones han de ser globales, es decir, operar en todos los mercados importantes, o no ser¨¢n nada. Segundo, porque conf¨ªan -debido a la experiencia de los altos precios de la telefon¨ªa m¨®vil- en que los gobiernos no s¨®lo no les obligar¨¢n a competir intensamente en precios, sino que ser¨¢n los principales garantes de preservar sus actuales poderes de mercado, ya que en caso contrario la quiebra puede ser inminente. ?Permitir¨¢ el Gobierno alem¨¢n que la fuerte competencia en precios con seis operadoras independientes lleve a la quiebra a Deutsche Telekom?

En el caso espa?ol, las empresas no tendr¨¢n que hacer frente a los costes financieros derivados de los altos precios de entrada, por lo que el Gobierno ha de mostrar un compromiso m¨¢s firme con el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y, para ello, el elemento esencial es que exista rivalidad empresarial, de forma que se deber¨ªa permitir el mayor n¨²mero posible de empresas independientes de telefon¨ªa UMTS. Es dif¨ªcil indicar cu¨¢l es el n¨²mero m¨ªnimo de empresas que garantizar¨ªa la creaci¨®n de un marco competitivo, pero sabemos que con tres empresas (situaci¨®n actual en la telefon¨ªa m¨®vil en Espa?a) la competencia es muy d¨¦bil.

No creemos que con una empresa m¨¢s, como ha previsto el Gobierno para la nueva generaci¨®n, las cosas cambien radicalmente, pero si se conceden al menos seis, como se ha hecho en Alemania, las posibilidades de llegar a acuerdos colusivos se reducen significativamente. La experiencia de la telefon¨ªa fija en Espa?a para comunicaciones interprovinciales e internacionales as¨ª lo demuestra: cuando exist¨ªa una ¨²nica empresa el precio de dichas comunicaciones era muy elevado. Al aparecer un segundo operador los precios se redujeron tan solo un poco, pero conforme el n¨²mero de operadores fue aumentado se ha llegado a una situaci¨®n de precios muy bajos. Por ello es urgente, en primer lugar, ampliar el n¨²mero de licencias, aunque con unas formas m¨¢s limpias y transparentes que las adoptadas en el concurso previo.

Un mayor n¨²mero de empresas puede no ser una garant¨ªa para la consecuci¨®n de un comportamiento empresarial competitivo. Las empresas que competir¨¢n en Espa?a participar¨¢n en otros mercados europeos en los que han pagado precios de entrada que no podr¨¢n recuperar, por lo que se producir¨¢n movimientos estrat¨¦gicos con la finalidad de reducir el n¨²mero de operadores y ejercer un poder de mercado. El Gobierno espa?ol no podr¨¢ evitar algunas de esas alianzas o fusiones, aunque s¨ª puede evitar que cada grupo empresarial posea m¨¢s de una licencia. Es decir, se ha de garantizar que en el mercado espa?ol operen al menos seis empresas independientes.

Incluso son seis empresas independientes la competencia va a ser dif¨ªcil, ya que algunas de las empresas que compiten en Espa?a son aliados en otros mercados europeos y ello facilitar¨¢ los acuerdos colusivos. Por ello, resulta imprescindible que la Comisi¨®n de las Telecomunicaciones tenga amplias facultades para combatir los esfuerzos de las empresas por violar las reglas de la competencia. Hay que se?alar que la Comisi¨®n Europea ha perdido una gran oportunidad de crear un mercado ¨²nico de telecomunicaciones, complicando enormemente la tarea de los reguladores nacionales.

Una estrategia como la se?alada dar¨¢ los frutos deseados, pero el Gobierno espa?ol se enfrenta actualmente a un problema de credibilidad, pues es muy dif¨ªcil explicar que en un futuro los precios de los servicios de la telefon¨ªa m¨®vil en Espa?a ser¨¢n mucho m¨¢s bajos que, por ejemplo, en Alemania. Si el Gobierno quiere recuperar y mantener la credibilidad de su pol¨ªtica de telecomunicaciones tiene dos instrumentos a su disposici¨®n que puede y debe utilizar.

Para recuperar su credibilidad debe forzar a una reducci¨®n sustancial de los precios de la telefon¨ªa m¨®vil vigentes actualmente, ya que no hay razones t¨¦cnicas que justifiquen las diferencias tan elevadas de tarifas de la telefon¨ªa fija y m¨®vil, sino que se deben al poder de mercado que ejercen las empresas y a la debilidad de los organismos encargados de vigilar la competencia. Con esta medida muchos ciudadanos comenzaremos a creer que el Gobierno gobierna en beneficio de la sociedad y no de unas pocas empresas. Si adem¨¢s quiere mantener su reputaci¨®n debe proceder a la urgente creaci¨®n de un Tribunal de Defensa de la Competencia independiente, con amplios poderes y con el ¨²nico mandato de conseguir y preservar la competencia en el conjunto de la econom¨ªa espa?ola.

Si las autoridades son capaces de crear ese marco competitivo en el mercado de las nuevas operadoras de tercera generaci¨®n habr¨¢n conseguido no s¨®lo suministrar un servicio de telecomunicaciones de calidad a precio bajo, sino, y esto es m¨¢s importante, abrir¨¢n las puertas para la denominada Nueva Econom¨ªa, que tan espectaculares resultados ofrece a la sociedad americana, se transmita al conjunto de las actividades productivas con un impacto sustancial sobre la productividad del trabajo y, por consiguiente, sobre el bienestar de la sociedad.

J. A. Mart¨ªnez Serrano y Joaquina Paricio son profesores de Econom¨ªa de la Universidad de Valencia.