Los archiveros exigen m¨¢s garant¨ªas de acceso a la documentaci¨®n en la nueva Ley de Archivos

La Asociaci¨®n de Archiveros de Catalu?a (AAC) entregar¨¢ a todos los partidos pol¨ªticos con representaci¨®n en el Parlament y al Departamento de Cultura un extenso informe en el que propone un gran n¨²mero de enmiendas al proyecto de ley de Archivos y Documentos de Catalu?a aprobado esta semana por el Gobierno de la Generaliltat. Las objeciones que pone la asociaci¨®n al texto elaborado por el equipo del consejero Jordi Vilajoana afectan singularmente a los art¨ªculos que regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentaci¨®n. Y abogan tambi¨¦n por que sea el Departamento de Presidencia y no el de Cultura el que se sit¨²e en la c¨²pula del Sistema de Archivos de Catalu?a.

Largamente reivindicada, la elaboraci¨®n de una nueva Ley de Archivos fue abordada finalmente por el Departamento de Cultura, dirigido entonces por Joan Maria Pujals, en 1997. Una comisi¨®n integrada por representantes de la direcci¨®n general de Patrimonio Cultural y de la Asociaci¨®n de Archiveros de Catalu?a culmin¨® en noviembre del a?o siguiente -1998- un anteproyecto de ley que parec¨ªa del gusto de todos: un texto avalado por la Generalitat y por los profesionales del sector no deb¨ªa encontrar en los bancos de la oposici¨®n, durante su tramitaci¨®n parlamentaria, graves objeciones. Participaron en la redacci¨®n por parte de la Generalitat, el jefe del servicio de Archivos, Francesc Oliv¨¦, y el director del Archivo Nacional de Catalu?a, Josep Maria Sans Trav¨¦, ambos archiveros. Representaron a la asociaci¨®n -que agrupa a la pr¨¢ctica totalidad de los profesionales que trabajan en Catalu?a- su presidenta, Mariona Corominas, Ramon Alberch y Josep Matas.Una vez en manos de los responsables pol¨ªticos, el texto comenz¨® a sufrir modificaciones. La convocatoria de las elecciones auton¨®micas en octubre de 1999 dej¨® el proyecto en suspenso hasta que el nuevo titular del departamento, Jordi Vilajoana, se comprometi¨® el pasado mes de marzo, al explicar sus proyectos en el Parlament, a impulsarlo de nuevo. Y, al parecer, lo hizo de espaldas o al menos sin el concurso de la asociaci¨®n de archiveros, que en una asamblea extraordinaria celebrada el 30 de junio ¨²ltimo defendi¨® el texto elaborado a finales de 1998 y denunci¨® la actitud de la Generalitat de impulsar una nueva versi¨®n sin ning¨²n tipo de di¨¢logo con el colectivo profesional.

El texto al que finalmente esta semana ha dado luz verde el Gobierno de la Generalitat no es el que provoc¨® las iras de los archiveros, pero tampoco es el que hab¨ªan pactado con Oliv¨¦ y con Sans Trav¨¦. Existe entre ambos textos una diferencia b¨¢sica, de concepto, que se expresa al enumerar los ¨®rganos que forman parte del llamado Sistema de Archivos de Catalu?a. El proyecto aprobado por el Consell Executiu sit¨²a en la c¨²pula del mencionado sistema a un "¨®rgano del Departamento de Cultura", mientras que el texto pactado con los archiveros otorgaba este papel a "un ¨®rgano de la Generalitat".

Modelo archiv¨ªstico

La diferencia no es balad¨ª, ya que expresa una distinta concepci¨®n del modelo archiv¨ªstico a aplicar. Los profesionales abogan por un sistema de gesti¨®n documental que regule la vida del documento desde el momento mismo de su creaci¨®n hasta su ingreso -una vez perdida su vigencia jur¨ªdica, econ¨®mica o administrativa- en un archivo hist¨®rico. Por este motivo y, dada la diversidad de los archivos que formar¨¢n parte del sistema -estar¨¢ el Archivo Nacional de Catalu?a, naturalmente, pero tambi¨¦n el del S¨ªndic de Greuges, el del Departamento de Sanidad o el de la loto catalana, por poner algunos ejemplos-, los profesionales creen que el "¨®rgano de la Generalitat" que debe estar al frente del sistema de archivos es el Departamento de Presidencia y no el de Cultura. Para los representantes de la asociaci¨®n, la propuesta de que sea el departamento que dirige Vilajoana el que dirija el sistema revela que la Generalitat considera la archiv¨ªstica como un sector m¨¢s vinculado a preservar la memoria hist¨®rica que a defender los derechos de las personas y de las instituciones, p¨²blicas y privadas.

Tambi¨¦n cuestionan los archiveros, del proyecto de ley elaborado por el Departamento de Cultura, los art¨ªculos que regulan el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentaci¨®n. No tanto por lo que dicen como por lo que omiten en relaci¨®n al texto consensuado de 1998. Exist¨ªa en este texto la previsi¨®n de constituir una Comisi¨®n Nacional de Acceso y Evaluaci¨®n de Documentos con la misi¨®n expresa de promover y garantizar el ejercicio del mencionado derecho. En el proyecto aprobado ahora, la comisi¨®n ha perdido, junto al t¨¦rmino acceso que figuraba en su denominaci¨®n, casi todas las competencias en la materia. Y entre ellas, una de especial importancia: "La elaboraci¨®n de las tablas de acceso a los documentos p¨²blicos, que precisar¨¢n los grados y plazos de accesibilidad". Ahora todo ello se conf¨ªa a un reglamento que, se supone, elaborar¨¢ la Administraci¨®n.