Coordinaci¨®n judicial y coherencia pol¨ªtica

Considera el autor que la reforma penal que plantea el Gobierno central va contra la b¨²squeda de un espacio judicial europeo.

El Parlamento Europeo ha votado esta semana en Estrasburgo el Informe Roure relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ¨¢mbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera. Desde Eusko Alkartasuna, con independencia de las cr¨ªticas puntuales, nos hemos mostrado partidarios de la futura creaci¨®n de una convenci¨®n que facilite la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, as¨ª como las diferentes medidas que para alcanzar esos fines se proponen.En el marco de una Europa asentada en una Carta de Derechos Fundamentales y en una Constituci¨®n Europea, reto que aun tenemos pendiente en la UE, crear un espacio com¨²n de libertad, seguridad y justicia es, obviamente, una aspiraci¨®n que compartimos. Consideramos importante el que esta convenci¨®n mencione la limitaci¨®n estricta de los motivos de denegaci¨®n de la asistencia judicial por parte de los Estados ¨²nicamente a "intereses esenciales", superando as¨ª las nociones de soberan¨ªa, orden p¨²blico y seguridad nacional vigentes hasta el momento.

Pero, aun siendo este un paso adelante, sigue siendo insuficiente. Y ello, principalmente, porque nos parece todav¨ªa inadmisible que se permita que un Estado pueda apelar a un "inter¨¦s general" para poder negar la cooperaci¨®n judicial en materia penal. Ello demuestra, una vez m¨¢s, que a los Estados les queda mucho por aprender sobre el significado de la soberan¨ªa compartida. Adem¨¢s, debo recordar, como diputado vasco, que se sigue insistiendo en la cooperaci¨®n entre Estados, sin tener en cuenta que existen otros cuerpos de polic¨ªa operando en la UE que no son de ¨¢mbito estatal.

Este informe y, en general, el espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa se funda en la democracia y en el Estado de derecho que debe reinar en la UE. Es por ello que lo que m¨¢s me preocupa del futuro de la cooperaci¨®n judicial en la UE es que se pueda dar el supuesto de que alg¨²n Estado miembro est¨¦ proponiendo reformas penales que rozan la vulneraci¨®n de los derechos humanos. Como es sabido, el Gobierno espa?ol ha propuesto una reforma penal para endurecer las penas de ciertos tipos de delitos. En concreto, esta legislaci¨®n especial contempla penas de reclusi¨®n de hasta diez a?os de c¨¢rcel para menores de 14 a?os, por no citar otras medidas.

Estamos convencidos de que Europa debe construir ese espacio de libertad, seguridad y justicia que tantas veces citamos en nuestros programas y en nuestras intervenciones en los distintos foros parlamentarios. Seremos los primeros en apoyarlo, pero de verdad, combatiendo a la vez tanta hipocres¨ªa y tanto mirar para otro lado, como ha sucedido con el reciente auto del juez Garz¨®n contra la Fundaci¨®n Jose Miguel Zumalabe, por ejemplo. Pero debemos, precisamente por esa pol¨ªtica de coherencia, llamar la atenci¨®n sobre posibles reformas penales que pueden tener lugar en diferentes Estados. Reformas que se pudieran realizar -como es el caso del Estado espa?ol y del Partido Popular en el poder en este momento- aprovechando una coyuntura determinada, e incurriendo en comportamientos que no dejan de ser preocupantes para quienes creemos en un marco europeo de libertades y democracia. Porque cualquier reforma relativa a derechos fundamentales y a las libertades se debe realizar de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre los mismos. Por otro lado, Unicef, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado han coincidido en considerar dichas reformas vulneradoras, desproporcionadas y que sustraen a las administraciones competentes -en nuestro caso, a la vasca- la ejecuci¨®n de las medidas que se proponen.

?sa es nuestra idea, radical, de la justicia, su coordinaci¨®n y sus posibles alteraciones y adecuaciones a los cambios de la realidad social sobre la que tiene que actuar. Por el contrario, los comportamientos que denunciamos se sit¨²an muy lejos de nuestras hondas convicciones democr¨¢ticas. La legislaci¨®n penal es algo demasiado serio como para que pueda ser modificada por razones de coyuntura, pretendiendo tapar con ello la falta de eficacia en la gesti¨®n de otros recursos que la democracia y el Estado de derecho proporcionan para hacer frente a los problemas.

Gorka Kn?rr Borr¨¢s es secretario general de EA y europarlamentario.