Un plan para la justicia

Varias resoluciones judiciales recientes, no gratas al Gobierno o directamente contrarias a determinados actos de la Administraci¨®n, han provocado reacciones destempladas en toda la l¨ªnea de mando del Partido Popular. En medio de este clima de creciente tensi¨®n, el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, present¨® ayer en el Congreso el conjunto de medidas que deber¨ªan formar parte del pacto de Estado para la reforma de la justicia que Aznar propuso a las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas al inicio de la legislatura.

Si los problemas coyunturales del Ejecutivo con la justicia sirven para acelerar una reforma que los ciudadanos demandan por razones estructurales desde hace muchos a?os, bienvenidos sean. Pero hay que estar atentos para que la reforma no sea un simple ajuste de cuentas del Gobierno con la justicia en t¨¦rminos de poder, algo que ya est¨¢ definido en nuestro dise?o constitucional, que garantiza en todo caso la independencia de jueces y tribunales en su funci¨®n de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Acebes, adem¨¢s de especificar los objetivos de su propuesta, aventur¨® su coste: 250.000 millones de pesetas. Es un dato que acredita la necesidad de la reforma, aunque de momento se trate s¨®lo de una estimaci¨®n inversora que no compromete a nada. M¨¢s cre¨ªble ser¨ªa el compromiso del Gobierno si incrementara de inmediato el escu¨¢lido porcentaje del 0,8% de participaci¨®n de la justicia en los presupuestos del Estado. Las palabras de Acebes suponen el reconocimiento de que una justicia eficaz necesita m¨¢s dinero. Algo que podr¨¢ record¨¢rsele en el futuro si no lo cumple.

La reforma de la justicia tiene que abordar un sinf¨ªn de cuestiones: una planta y una demarcaci¨®n judiciales acordes con las necesidades de poblaci¨®n, procedimientos modernos, oficinas informatizadas, servicios de atenci¨®n al ciudadano, niveles retributivos acordes con la funci¨®n, formaci¨®n de los jueces y un largo etc¨¦tera. No es s¨®lo cuesti¨®n de dinero, pero debe haber un compromiso presupuestario de car¨¢cter permanente.

Ser¨ªa lamentable que el plan se identificara principalmente con medidas tan discutibles como el retorno a la elecci¨®n de 12 miembros del Poder Judicial por los propios jueces. Acebes ha emplazado a las fuerzas pol¨ªticas a que presenten otra f¨®rmula mejor si la tienen. M¨¢s bien corresponde al ministro demostrar que la elecci¨®n corporativa es mejor que la parlamentaria. A pesar del abuso que han hecho de ella los grupos pol¨ªticos, con el bochornoso sistema de cuotas, tiene al menos una virtud de la que carece la f¨®rmula corporativa: vincula el gobierno de un poder del Estado a la soberan¨ªa popular a trav¨¦s del Parlamento. El gobierno del Poder Judicial por el cuerpo de los jueces constituir¨ªa un an¨®malo y desestabilizador injerto corporativo en nuestro sistema representativo.