Las alegaciones al Mapa E¨®lico piden que no haya molinos en zonas naturales
Las plataformas de defensa del territorio de Tarragona no han sido las ¨²nicas que han presentado alegaciones. Los grupos de la oposici¨®n, 22 ayuntamientos, 13 promotores e¨®licos, 9 entidades ecologistas, 15 entidades y 3 particulares, acaban de conformar el total de alegaciones al proyecto del Gobierno de Jordi Pujol.
El mapa establece zonas compatibles, zonas condicionadas (espacios PEIN) y zonas incompatibles. ERC, la formaci¨®n pol¨ªtica que ha presentado unas alegaciones m¨¢s detalladas, ve contradicci¨®n entre un plan que pretende la preservaci¨®n del territorio frente al impacto de los molinos, pero a la vez permite la construcci¨®n de los mismos en un 43% de los espacios PEIN y reclama por ello que el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronuncie al respecto. En caso contrario, el decreto de implantaci¨®n de la energ¨ªa e¨®lica 'tendr¨¢ dudas permanentes de su legalidad'.
Entre otras, los republicanos constatan la incompatibilidad del decreto con otras legislaciones vigentes, como la del suelo, de Pol¨ªtica Territorial o de Espacios Naturales, que impide la inclusi¨®n en ¨¦stos de 'elementos artificiales, carteles de propaganda o similares que limiten el campo visual'. ERC considera el decreto un 'mal ejemplo legislativo, realizado con premura', que obvia elementos ecol¨®gicos clave, como el hecho de que no se demande declaraci¨®n de impacto en las pistas de acceso a los parques o no se valore el impacto ac¨²stico.
Socialistas e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) coinciden tambi¨¦n en demandar la exclusi¨®n de la zona condicionada de los futuros parques naturales y los espacios PEIN y mayores medidas de control en las declaraciones de impacto ambiental. IC-V pretende que los parques instalados en zonas compatibles (el 66% del territorio catal¨¢n) superen tambi¨¦n la declaraci¨®n ambiental. Los grupos de la oposici¨®n demandan, asimismo, medidas que permitan a los municipios dotarse de alguna capacidad decisoria para la inclusi¨®n en su t¨¦rmino de un parque.
Las 4.653 alegaciones de las plataformas y entidades (entre ellas, las de las amas de casa del Priorat) de Tarragona recuerdan que ning¨²n espacio natural de la provincia ha quedado excluido de la posibilidad de acoger una central e¨®lica, as¨ª como que zonas de alto valor ecol¨®gico situado entre sierras declaradas incompatibles podr¨¢n acoger molinos sin ning¨²n problema.
Las alegaciones de las plataformas recuerdan que todos los estudios realizados sobre el futuro econ¨®mico de las comarcas meridionales resaltan la importancia de su patrimonio natural. Solicitan por ello la retirada del decreto y que el departamento busque 'un consenso real'.
Las entidades ecologistas se centran m¨¢s en los aspectos de agresi¨®n al territorio que supone la implantaci¨®n de aerogeneradores. As¨ª, el Grupo de Estudios y Protecci¨®n de los Ecosistemas del Campo (Gepec), que reclama que el decreto se transforme en ley para posibilitar un 'amplio debate parlamentario', alega que las tres zonas definidas por el mapa se conviertan en dos, compatibles e incompatibles, y que en todas ellas sea preceptiva la declaraci¨®n de impacto. La ponencia ambiental que debe aprobarlas tendr¨ªa que ampliarse, a su juicio, a representantes de universidades y centros de estudio para garantizar su imparcialidad. El Gepec denuncia que el decreto no sea retroactivo, lo cual supone dar carta blanca a los proyectos ya presentados, 'algunos de los cuales se hallan en zonas incompatibles'.
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