El derribo de una iglesia del barrio del Pilar, en suspenso desde hace seis meses

Uno de los procesos va dirigido contra el gerente de Urbanismo, Luis Armada, y el otro, contra los 23 concejales del Ayuntamiento (21 del PP y dos de IU) que votaron a favor de legalizar la situaci¨®n urban¨ªstica de la iglesia, despu¨¦s de que el Tribunal Superior dictase la orden de derribo. Tanto la orden parcial de demolici¨®n de la iglesia, dictada por el Tribunal Superior y que dispon¨ªa del respaldo de otra sentencia del Tribunal Supremo, como las citadas investigaciones penales est¨¢n en suspenso desde el pasado 14 de agosto. Ese d¨ªa, la Secci¨®n Primera de lo Contencioso del Tribunal Supremo bloque¨® in extremis la orden al estimar un recurso de casaci¨®n interpuesto por el Ayuntamiento y el arzobispado, propietario del templo.

Los jueces del Tribunal Superior ordenaron la demolici¨®n parcial del templo tras dar la raz¨®n a dos vecinos de un bloque colindante a la iglesia que llevaban a?os quej¨¢ndose de que las paredes del templo taponaban la luz natural a sus viviendas y, adem¨¢s, incumpl¨ªan la separaci¨®n m¨ªnima de sus casas -siete metros- que imponen las normas urban¨ªsticas de Madrid.

S¨®lo unos d¨ªas antes de que el Ayuntamiento mostrase por fin su disposici¨®n a acatar la orden tras un fuerte y prolongado rifirrafe con los jueces del Tribunal Superior, el Supremo bloque¨® el derribo. La Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo consider¨®, en contra del criterio del Tribunal Superior, que el Ayuntamiento s¨ª ten¨ªa derecho a recurrir en casaci¨®n el auto del Tribunal Superior que consideraba nulo el acuerdo del pleno en el que 23 concejales hab¨ªan votado a favor de legalizar la iglesia para no tener que derribarla.

El recurso del Consistorio, al que se adhiri¨® el arzobispado de Madrid, se fundament¨® en que la decisi¨®n de legalizar la iglesia es una potestad del municipio. Los jueces del Tribunal Superior vetaron el recurso alegando que no se ajustaba a derecho cualquier medida que emprendiese el Ayuntamiento -por ejemplo, el citado recurso- para evitar la ejecuci¨®n del derribo.

Sentencia y ejecuci¨®n

Los cinco jueces de la Secci¨®n Primera del Tribunal Superior se?alaron que, si bien cabe recurso contra una sentencia, no ocurre igual contra su ejecuci¨®n. El Supremo ya se pronunci¨® en su d¨ªa sobre la infracci¨®n urban¨ªstica de la iglesia al confirmar -por dos veces en un recurso de casaci¨®n y despu¨¦s en otro de revisi¨®n- la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior. Lo que ahora tiene que resolver el Supremo es si el Ayuntamiento puede recurrir ante ¨¦l la decisi¨®n del Tribunal Superior de impedir al Consistorio la legalizaci¨®n de la iglesia y anular el acuerdo plenario fechado en marzo del a?o 2000.

El bloqueo del Supremo al derribo lleg¨® justo el mismo d¨ªa en que el Tribunal Superior de Justicia comunicaba a las partes un nuevo auto en el que rechazaba la petici¨®n del alcalde de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, de aplazar la demolici¨®n del templo para no entorpecer las bodas y los bautizos previstos en ¨¦l. La tenaz negativa del Ayuntamiento a cumplir la orden de derribo llev¨® al Tribunal Superior a dictar cinco autos en los que incluso lleg¨® a aludir a una supuesta 'connivencia' entre el Consistorio y el arzobispado para eludir la demolici¨®n. El mismo d¨ªa en que el Supremo bloque¨® el derribo, tambi¨¦n hab¨ªa expirado el plazo de 20 d¨ªas dado por el Tribunal Superior al regidor madrile?o para que ejecutase de una vez por todas la sentencia de derribo. Este plazo era la continuaci¨®n de una serie de diligencias abiertas por el Tribunal Superior y remitidas a los juzgados de la plaza de Castilla contra los 21 ediles del PP del Ayuntamiento y otros dos de IU que hab¨ªan acordado legalizar la situaci¨®n urban¨ªstica de la iglesia.

Los ediles pensaron que, si la iglesia no se ajusta al plan de urbanismo, la soluci¨®n era cambiar el plan para adecuarlo a ella. Los jueces entendieron este acuerdo como una desobediencia y dedujeron testimonio contra los concejales. El Juzgado de Instrucci¨®n 39 de Madrid abri¨® diligencias contra ellos, pero las suspendi¨® tras el bloqueo in extremis del Supremo. Tambi¨¦n abri¨® el Tribunal Superior diligencias contra el gerente de Urbanismo, Luis Armada, por no ejecutar la orden de derribo. Estas diligencias se hallan en poder del Juzgado de Instrucci¨®n 33 de la plaza de Castilla, que tambi¨¦n las tiene paralizadas a la espera del dictamen del Supremo. Adem¨¢s, sobre Armada han reca¨ªdo ya dos multas de 500.000 pesetas, impuestas por los jueces del Tribunal Superior, por incumplir dos de las ¨®rdenes de derribo que le hab¨ªan transmitido. Una de ellas la ha pagado ya Armada y la otra deb¨ªa pagarla de su bolsillo justo cuando el Supremo par¨® la orden de demolici¨®n.

El alcalde de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, calific¨® como 'una buena noticia' la decisi¨®n del Supremo de bloquear el derribo, aunque eludi¨® hacer m¨¢s comentarios. El concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, apunt¨®, por su lado, que la decisi¨®n del Supremo abr¨ªa la puerta 'a la legalizaci¨®n de la iglesia'. Los jueces del Tribunal Superior llevan, pues, seis meses aguardando el dictamen del Supremo para decidir el futuro de una parte de la iglesia de Nuestra Se?ora de las Fuentes.