El Ayuntamiento intenta de nuevo legalizar una iglesia sobre la que pesa una orden de derribo

El estudio de detalle, del cual ser¨¢ informada hoy la comisi¨®n municipal de Urbanismo, es un paso m¨¢s en el pulso que mantiene el Ayuntamiento con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a cuenta de la iglesia de Nuestra Se?ora de las Fuentes. La ¨²ltima vez que el Consistorio intent¨® legalizar el templo, los magistrados de dicha instancia judicial anularon el acuerdo plenario tomado al respecto y dedujeron testimonio (abrieron diligencias penales por supuesta prevaricaci¨®n) contra los 23 ediles del Ayuntamiento -incluido el alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano- que hab¨ªan votado a favor de legalizar la iglesia.

Tras ese acuerdo plenario,los cinco jueces del Tribunal Superior que llevaban el caso comunicaron al Consistorio, mediante un auto, que era ilegal usar la figura del estudio de detalle para adecuar la iglesia al plan general, y que s¨®lo cab¨ªa cumplir la orden judicial de derribo que pesaba sobre ella.

La orden de derribo del Tribunal Superior era la respuesta a los 10 a?os de pleitos que manten¨ªan dos vecinos de la zona con el Arzobispado de Madrid, propietario del templo, por la ubicaci¨®n de la iglesia. Parte del edificio religioso est¨¢ tan cerca de las casas de los demandantes que les tapa la luz natural. Adem¨¢s, vulnera la separaci¨®n m¨ªnima (siete metros) entre construcciones que establece el plan general de Madrid, seg¨²n la sentencia dictada al efecto.

Sin esperar al Supremo

El Ayuntamiento vuelve ahora a sacar a la luz la legalizaci¨®n de esta iglesia, sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo estudie el recurso que, hace seis meses, presentaron el Consistorio y el Arzobispado de Madrid contra la decisi¨®n del Tribunal Superior de anular el acuerdo plenario que dio luz verde al inicio de los tr¨¢mites para legalizar la ubicaci¨®n de la iglesia mediante un estudio de detalle.

El Supremo estim¨® el citado recurso, lo que implicaba bloquear el derribo, justo cuando el Ayuntamiento, apremiado por los jueces del Tribunal Superior, parec¨ªa haber arrojado la toalla y se dispon¨ªa a cumplir la orden de demolici¨®n. La decisis¨®n del Supremo, adoptada in extremis, dej¨® en suspenso, pues, la citada orden. Han pasado ya seis meses y nada se hab¨ªa movido hasta que ahora ha trascendido que el Consistorio ha terminado de redactar el estudio de detalle (sin esperar al dictamen del Supremo) y que hoy ser¨¢ estudiado por Urbanismo para elevarlo al pr¨®ximo pleno municipal.

El intento anterior del Ayuntamiento madrile?o de legalizar este templo deriv¨® en la apertura de diligencias penales por supuesta prevaricaci¨®n contra 23 concejales (21 del Partido Popular y dos de Izquierda Unida). La Secci¨®n Primera del Tribunal Superior dedujo testimonio contra estos ediles al tener conocimiento de que, lejos de acatar la orden de demolici¨®n dictada contra la iglesia, el Ayuntamiento hab¨ªa celebrado un pleno (el 23 de marzo de 2000) y acordado iniciar los tr¨¢mites para elaborar un estudio de detalle que permitiese adecuar al plan general la ubicaci¨®n de la iglesia.

La respuesta de los jueces fue anular ese acuerdo plenario y abrir diligencias contra los ediles que hab¨ªan votado a favor de legalizar la iglesia. Paralelamente, comunicaron al Ayuntamiento que era imposible legalizar la situaci¨®n del templo mediante el instrumento del estudio de detalle.

La reacci¨®n del Ayuntamiento frente a este auto del Tribunal Superior fue anunciar un recurso de casaci¨®n ante el Supremo. Sin embargo, los jueces del Tribunal Superior respondieron que no cab¨ªa recurrir ante el Supremo la nulidad del acuerdo plenario y que la iglesia deb¨ªa ser demolida. Disconforme con esta decisi¨®n, el Consistorio present¨® un recurso de queja ante el Supremo, que fue estimado y que es el que dio origen al bloqueo del derribo. En contra del criterio del Tribunal Superior, el Supremo afirm¨® que el Ayuntamiento s¨ª pod¨ªa recurrir en casaci¨®n el auto.

Acto administrativo

El abogado de los demandantes, Javier Dorca, asegura que apelar¨¢ de nuevo al Tribunal Superior si el Ayuntamiento aprueba en su pr¨®ximo pleno el citado estudio de detalle. 'En ese momento se producir¨ªa el acto administrativo que permite acudir de nuevo al Tribunal Superior', afirma. Desde las filas del PSOE se considera una 'barbaridad' que el Ayuntamiento incluya este punto en el orden del d¨ªa y que, antes de pronunciarse el Supremo, se eleve al pleno un asunto que ya ha tra¨ªdo consecuencias penales para 23 concejales.

En la actualidad hay dos jueces de instrucci¨®n de Madrid que tienen bloqueadas, a la espera de que el Supremo resuelva, las denuncias activadas por el Tribunal Superior. Una, contra los 23 ediles del Ayuntamiento que votaron a favor de iniciar los tr¨¢mites para elaborar el estudio de detalle, y la otra, contra el Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Luis Armada, por desobedecer las ¨®rdenes para que derribase la parte ilegal de la iglesia.

Sobre Armada han reca¨ªdo ya dos multas de 500.000 pesetas, impuestas por los jueces del Tribunal Superior, por incumplir dos de las ¨®rdenes de derribo que le hab¨ªan transmitido. Una de ellas la ha abonado ya el gerente de Urbanismo, y la otra deb¨ªa pagarla, tambi¨¦n de su bolsillo, justo cuando el Supremo par¨® cautelarmente la demolici¨®n.