El Tribunal de Cuentas abrir¨¢ juicio a los ministros que condonaron un cr¨¦dito a Ercros
El Tribunal de Cuentas dio ayer definitivamente v¨ªa libre a la apertura de un juicio sobre el posible da?o que caus¨® al erario p¨²blico la condonaci¨®n, en expresi¨®n del PSOE, de un cr¨¦dito de 8.500 millones de pesetas a Ercros por parte de la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos en 1998, entonces compuesta por miembros del primer Gobierno del PP. La Sala de Justicia decidi¨® por unanimidad rechazar el recurso de s¨²plica de la abogac¨ªa del Estado contra la admisi¨®n a tr¨¢mite de la acci¨®n popular del PSOE que solicitaba esa intervenci¨®n judicial.
La Sala de Justicia -que preside Paulino Mart¨ªn e integran tambi¨¦n los consejeros Antonio del Cacho y Miguel ?lvarez Bonald- firm¨® ayer un auto que abre el camino a un 'juicio de cuentas' para esclarecer si incurrieron en responsabilidades contables los miembros de la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos que en 1998 condonaron, en expresi¨®n de los socialistas, a Ercros un cr¨¦dito de 8.500 millones de pesetas. De esa comisi¨®n formaban parte los ministros Rodrigo Rato, Josep Piqu¨¦, ex directivo de Ercros; Javier Arenas, Loyola de Palacio, Jos¨¦ Manuel Romay Beccar¨ªa y Rafael Arias Salgado.
Varios diputados socialistas presentaron hace ahora dos a?os una acci¨®n popular para que el Tribunal de Cuentas enjuiciase esa condonaci¨®n de deuda por si hubiera entra?ado una lesi¨®n para el erario p¨²blico -el Instituto de Cr¨¦dito Oficial cobr¨® del Tesoro el dinero que se le perdon¨® a Ercros-. La negativa del consejero de Enjuiciamiento, Antonio de la Rosa, a admitir a tr¨¢mite esa acci¨®n popular el 22 de junio de 2000 llev¨® esa iniciativa a un largo proceso de recursos y apelaciones que no ha permitido abordar hasta ahora el fondo del asunto.
La decisi¨®n formalizada por la Sala de Justicia -el auto lleva fecha del pasado d¨ªa 18- abre ahora el camino para que los diputados socialistas promotores de la acci¨®n popular presenten ante el Tribunal una demanda de juicio de cuentas. Cuando eso se produzca, el Tribunal designar¨¢ un delegado instructor para investigar los hechos y abrir¨¢ un procedimiento para aportaci¨®n de pruebas. Esto permitir¨¢ presumiblemente obtener un documento fundamental hasta ahora no manejado -y no solicitado por el consejero de Enjuicimiento antes de inadmitir a tr¨¢mite la acci¨®n popular- que es el acta de la reuni¨®n de la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos en la que ¨¦sta condon¨® el cr¨¦dito a Ercros.
La decisi¨®n tomada por la Sala de Justicia ratifica su critierio del pasado d¨ªa 7 de mayo, cuando revoc¨® el auto en que el consejero de Enjuiciamiento rechazaba la admisi¨®n siquiera a tr¨¢mite de la acci¨®n popular. La Sala de Justicia fue muy contundente en su argumentaci¨®n: precis¨® que asegurar, como hab¨ªa hecho Antonio de la Rosa, que la Comisi¨®n Delegada no hab¨ªa incurrido en responsabilidad contable supon¨ªa prejuzgar el fondo del asunto, y que hacer eso, 'con la insuficiente instrucci¨®n llevada a cabo, convertir¨ªa el ejercicio de la acci¨®n p¨²blica en algo inasequible o puramente ut¨®pico'.
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