EE UU prepara una ley que impedir¨¢ a La Haya juzgar a sus tropas, incluso por la fuerza
Los republicanos amenazan con no pagar a la ONU si no entra en vigor esta norma
Bush se opone al TPI y est¨¢ buscando f¨®rmulas para desligarse del tratado, firmado por Bill Clinton en las ¨²ltimas semanas de su mandato. Pero no quiere que esa tormenta se desate justamente ahora, en v¨ªsperas de su primera intervenci¨®n ante la Asamblea General de la ONU, prevista para finales de septiembre.
La Casa Blanca preferir¨ªa dejar pasar alg¨²n tiempo y escudarse en la previsible negativa del Senado, de mayor¨ªa dem¨®crata, a ratificar el tratado, seg¨²n informaba ayer The Washington Post. El presidente ya ha irritado lo bastante a sus aliados con sus posiciones sobre medio ambiente, proliferaci¨®n nuclear y guerra biol¨®gica; lo que menos desea es comparecer ante la Asamblea General para anunciar que no paga la deuda (opci¨®n mala) o que considera al TPI como potencial objetivo militar (opci¨®n peor).
El texto de la ley, respaldada por una mayor¨ªa suficiente en la C¨¢mara, en la que se incluyen 76 dem¨®cratas, es tan duro que algunos expertos en derecho internacional la llaman 'ley de invasi¨®n de La Haya'. No s¨®lo rechaza que el TPI pueda encausar a estadounidenses. Adem¨¢s, impedir¨ªa que Estados Unidos prestara ayuda militar a todo pa¨ªs ajeno a la OTAN que ratificara el tratado fundacional del TPI, prohibir¨ªa que tropas estadounidenses participaran en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdicci¨®n del TPI, y autorizar¨ªa al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un pa¨ªs aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal.
El Gobierno de Estados Unidos accedi¨® en diciembre pasado a pagar los atrasos de sus contribuciones a la ONU, fijados en torno a los mil millones de d¨®lares (unos 380.000 millones de pesetas) tras una compleja negociaci¨®n dirigida por el entonces embajador ante la organizaci¨®n, Richard Holbrooke.
El pago debe hacerse en tres plazos, el mayor de los cuales, de 582 millones de d¨®lares, corresponde a este a?o. George W. Bush quiere que la suma est¨¦ liquidada antes de su viaje a Nueva York el 24 de septiembre. Pero la C¨¢mara de Representantes no termina las vacaciones hasta el 5 de ese mes, lo que deja s¨®lo tres semanas para resolver el conflicto.
Mientras tanto, delegados de la Casa Blanca negocian con el presidente del Comit¨¦ de Relaciones Internacionales, Henry Hyde, una f¨®rmula que permita pagar el plazo sin lanzar a¨²n la caballer¨ªa contra el TPI. 'Todos estamos de acuerdo en que las personas que sirven los intereses de EE UU necesitan alguna protecci¨®n (frente al TPI), por lo que el objetivo es pactar una simple modificaci¨®n del lenguaje y de los plazos', declar¨® bajo anonimato a The Washington Post un alto cargo de la Casa Blanca.
Negros presagios
Aun en el caso de que Bush tenga ¨¦xito y el asunto del tribunal quede postergado hasta despu¨¦s de septiembre, la mayor¨ªa de los expertos pronostican graves consecuencias si EE UU se desvincula del tratado fundacional del TPI. Es previsible un conflicto legal: hace falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse a la cl¨¢usula de retirada prevista en el mismo. La Convenci¨®n de Viena sobre Tratados Internacionales es muy clara sobre ese punto. Si el proceso de ratificaci¨®n no se completa, lo cual parece muy dif¨ªcil, es legalmente imposible la retirada. A¨²n m¨¢s graves pueden ser las consecuencias diplom¨¢ticas si EE UU sienta ese precedente. 'Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado y otros pa¨ªses firmantes todav¨ªa no. Si nosotros rehusamos asumir nuestros compromisos, otros pa¨ªses considerar¨¢n que eso es aceptable y har¨¢n lo mismo', declar¨® Michael Glennon, un especialista en derecho internacional de la Universidad de California que encabez¨® la delegaci¨®n estadounidense en las negociaciones sobre el TPI.
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