Los jueces deber¨¢n garantizar el anonimato a los agentes secretos

Los tribunales estar¨¢n obligados a proteger el anonimato de los agentes del futuro Centro Nacional de Inteligencia (CNI), nuevo nombre del servicio secreto Cesid, seg¨²n el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno. Las identidades de los agentes, as¨ª como las operaciones, medios y procedimientos del centro estar¨¢n clasificados por ley como secretos, por lo que ni sus miembros ni los diputados con acceso a esta informaci¨®n podr¨¢n revelarlos, ni siquiera ante un juez, salvo que el Gobierno lo autorice expresamente.

El goteo de agentes del Cesid compareciendo por los juzgados o el trasiego de papeles clasificados en sumarios como los de las escuchas, los cr¨ªmenes del GAL o el espionaje a la sede de HB en Vitoria ser¨¢ dr¨¢sticamente restringido cuando entre en vigor la nueva ley del Centro Nacional de Inteligencia. El proyecto elaborado por el Gobierno clasifica como secretos todos los asuntos relacionados con dicho centro.

Tambi¨¦n los medios, procedimientos o identidad de los agentes del Cesid eran secretos, pero la diferencia estriba en que esta clasificaci¨®n se la daba un mero acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, mientras que ahora se la otorgar¨¢ una ley org¨¢nica.

Se trata de un arma de doble filo, ya que los agentes no podr¨¢n revelar nada de lo que sepan, ni siquiera a requerimiento de un juez y para defenderse, salvo que el Gobierno desclasifique la informaci¨®n requerida.

La prohibici¨®n de declarar ante el juez se extiende a los diputados que, como miembros de la comisi¨®n de control, tendr¨¢n acceso a documentos clasificados. La composici¨®n de esta comisi¨®n es uno de los temas potencialmente conflictivos. La idea es dar m¨¢s competencias a la actual Comisi¨®n de Secretos Oficiales, que preside la presidenta del Congreso y en la que no hay representantes del Grupo Mixto.

Pol¨¦mica medida

Pero la pol¨¦mica la desat¨® ayer la facultad que el texto otorga a los agentes del futuro CNI para que, en casos de especial gravedad y urgencia, puedan entrar en domicilios o intervenir comunicaciones y solicitar posteriormente la autorizaci¨®n judicial.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, no quiso comentar el contenido del proyecto por cortes¨ªa, seg¨²n dijo, hacia los grupos parlamentarios con los que a¨²n no se ha reunido. Asegur¨®, no obstante, que la futura ley ser¨¢ 'garantista' y combinar¨¢ la 'eficacia' de los servicios secretos con su 'control'.

Sin embargo, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, acus¨® al presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar de pretender 'legalizar un estado de excepci¨®n por la v¨ªa de los hechos' y recuperar la llamada patada en la puerta de la Ley Corcuera que anul¨® el Constitucional. '?sta no es la mejor forma de impulsar y defender el Estado de Derecho', agreg¨®.

Jordi Marsal, portavoz de Defensa del PSOE, adelant¨® que su partido no apoyar¨¢ un proyecto 'que no sea plenamente constitucional', insisti¨® en la necesidad de conjugar la eficacia con el 'respeto escrupuloso a los derechos de los ciudadanos' y concluy¨® que 'ser¨ªa un error' aprovechar el clima creado por los atentados del pasado 11 de septiembre para 'recortar las libertades'. Diego L¨®pez Garrido, portavoz del PSOE en la Comisi¨®n Constitucional, calific¨® la medida de 'innecesaria, inaceptable e inconstitucional' y advirti¨® del riesgo de abusos que existir¨ªa si se legaliza la posibilidad de invadir la intimidad de los ciudadanos sin autorizaci¨®n judicial.

El portavoz del PNV en el Congreso, I?aki Anasagasti, consider¨® 'muy peligrosa' esta medida y advirti¨®: 'Parece que el fin justifica cualquier medio y eso es inadmisible desde el punto de vista democr¨¢tico'. La diputada de EA Bego?a Lasagabaster y el diputado de IC-V Joan Saura mostraron su 'preocupaci¨®n y rechazo' ante esta medida.

Por el contrario, el portavoz de CiU en la Comisi¨®n de Defensa, Josep Maldonado, admiti¨® que la autorizaci¨®n judicial pueda obtenerse a posteriori 'si son temas de extrema gravedad'.

El ministro Federico Trillo-Figueroa ha consultado ya las l¨ªneas maestras de la ley con el PSOE, CiU y Coalici¨®n Canaria.