El presidente de la FARA obligaba a los empleados a darle parte de sus n¨®minas

El presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones Roman¨ªes de Andaluc¨ªa (FARA), Vicente Rodr¨ªguez, no s¨®lo usaba la organizaci¨®n supuestamente para blanquear dinero de la droga y desviar a sus cuentas particulares ayudas p¨²blicas concedidas a la FARA, sino que adem¨¢s se quedaba con parte de las n¨®minas de los trabajadores. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, Rodr¨ªguez, en prisi¨®n desde el viernes, chantajeaba a los empleados y les exig¨ªa 'un pellizco' de sus sueldos a cambio de mantener los contratos.

Fuentes judiciales, policiales y de la propia FARA han confirmado que esta pr¨¢ctica era habitual y que supon¨ªa que trabajadores que cobraban unas 100.000 pesetas mensuales tuvieran que entregar entre 5.000 y 25.000 pesetas de sus n¨®minas y de sus pagas extraordinarias. Algunas de esas fuentes apuntaron que tambi¨¦n detra¨ªan parte del salario de los monitores del programa de erradicaci¨®n del absentismo escolar entre los ni?os gitanos y de la beca de j¨®venes que acced¨ªan a las escuelas taller.

De estas irregularidades presuntamente se beneficiarion los directivos imputados, pero principalmente Rodr¨ªguez, alias El Querillo, jefe del clan de Los Charros. As¨ª se desprende de las escuchas telef¨®nicas practicadas en la investigaci¨®n.

Frente a esta informaci¨®n -constrastada con cuatro fuentes- Rodr¨ªguez declar¨® ante el juez que no se quedaba con el dinero, sino que eran 'aportaciones voluntarias' que hac¨ªan los trabajadores para ayudar a otros miembros del colectivo gitano o 'devoluciones de anticipos' que hab¨ªan percibido los empleados.

Por otra parte, fuentes de la investigaci¨®n rechazaron que las instituciones p¨²blicas denunciaran las amenazas hacia funcionarios por parte de directivos de la FARA: 'No nos consta denuncia alguna ni del Ministerio de Trabajo ni de la Junta ni de ninguna instituci¨®n ni por desv¨ªo de dinero, ni por coacciones, ni por intentos de soborno'. Incluso las fuentes manifestaron su 'perplejidad' por la informaci¨®n dada por la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales de que las amenazas se pusieron en conocimiento de la polic¨ªa. Seg¨²n los agentes, s¨®lo se tom¨® declaraci¨®n a un funcionario de la Consejer¨ªa 'como testigo'. En el caso hay 13 imputados, entre ellos el presidente de la FARA, el secretario y el asesor fiscal.