A medio gas

La importancia del gas como combustible para consumidores, f¨¢bricas y compa?¨ªas el¨¦ctricas obligaba a no dilatar m¨¢s la liberalizaci¨®n del mercado gas¨ªstico espa?ol, controlado por Enag¨¢s, empresa que gestiona los restos del monopolio de la red de distribuci¨®n, y por Gas Natural, una sociedad dependiente de Repsol cuyo activo principal son los contratos con Argelia. Tal como la concibi¨® el Gobierno, la liberalizaci¨®n consiste b¨¢sicamente en disponer que para enero de 2003 los consumidores puedan elegir suministrador, en limitar la participaci¨®n de Gas Natural en Enag¨¢s a no m¨¢s del 35% del capital y en obligar a Gas Natural a la subasta del 25% del contrato de gas con Argelia, pero s¨®lo hasta el a?o 2003.

El problema es que este esquema liberalizador es insuficiente y se est¨¢ aplicando con un retraso que raya en la negligencia. La presencia de otros accionistas en Enag¨¢s cuando Gas Natural venda en Bolsa el 65% del capital no garantiza la disposici¨®n libre de la red a otras comercializadoras potenciales, puesto que Gas Natural mantiene una c¨®moda posici¨®n dominante. Adem¨¢s, el objetivo principal de la liberalizaci¨®n parece ser el de repartir la t¨²nica del contrato con Argelia, una vieja aspiraci¨®n de las compa?¨ªas el¨¦ctricas que ahora se va a ver satisfecha gracias a la complacencia del legislador. Tal objetivo no transmite una imagen de confianza en el futuro del mercado.

Si, como se supone, el consumo de gas en Espa?a se va a multiplicar por 2,5 hasta el a?o 2010 por el aumento de la demanda dom¨¦stica y las inversiones en plantas el¨¦ctricas de ciclo combinado, subastar la cuarta parte de un contrato ya existente no resuelve el problema de fondo. El Gobierno pod¨ªa haber apostado por otras pol¨ªticas m¨¢s activas como, por ejemplo, estimular a las empresas a que negocien m¨¢s y nuevos contratos con otros pa¨ªses suministradores.

As¨ª, el eventual efecto ben¨¦fico del plan de liberalizaci¨®n queda muy reducido por el incomprensible retraso de la Administraci¨®n en articular las condiciones de la subasta. La puja ten¨ªa que haberse realizado en enero de 2001, pero el Gobierno no la ha resuelto hasta octubre. Como las condiciones de la subasta limitan el reparto hasta 2003, resulta que las empresas ganadoras han perdido en teor¨ªa casi un tercio del periodo de uso y rentabilizaci¨®n del gas. El Ministerio de Econom¨ªa tampoco ha elaborado un cuadro completo de tarifas y peajes por el uso de la red de distribuci¨®n, con lo que las empresas no pueden calcular cu¨¢les ser¨¢n los m¨¢rgenes de rentabilidad del gas.

Las liberalizaciones de los mercados energ¨¦ticos son siempre complejas, porque requieren desmontar con prudencia y rapidez los monopolios de distribuci¨®n (gasoductos, almacenaje y transporte) y porque la fijaci¨®n de los precios suele estar condicionada por decenios de pr¨¢cticas monopol¨ªsticas. Pero los Gobiernos de Aznar han pretendido resolverlas de un plumazo, con leyes y decretos sin la profundidad necesaria para crear aut¨¦nticos mercados libres. La del gas confirma esta tendencia a liberalizar en falso y siempre a favor de las empresas dominantes.