Recurrir para dilatar el proceso

Cuando las instituciones vascas y las empresas afectadas recurrieron al Tribunal de Justicia de la UE las resoluciones de la Comisi¨®n Europea sobre los casos Daewoo y Ramondin y, m¨¢s tarde, sobre el propio r¨¦gimen de incentivos fiscales a la inversi¨®n, eran conscientes de que las posibilidades de evitar un fallo adverso eran m¨ªnimos. La motivaci¨®n esencial de aquellos recursos, como de los que se puedan presentar ahora en casaci¨®n, es, seg¨²n han admitido fuentes de las diputaciones forales, dilatar al m¨¢ximo la ejecuci¨®n de las resoluciones en lo que se refiere a la obligaci¨®n de recuperar las ayudas calificadas de ilegales.

Aunque las normas que las regulaban fueron derogadas a lo largo de 2000, los efectos del cr¨¦dito del 45% de la inversi¨®n y de las vacaciones fiscales siguen vigentes para muchas de las empresas beneficiadas, ya que su aplicaci¨®n no ten¨ªa un marco temporal preciso. De ah¨ª que el decaimiento de las normas no apaciguara a la Direcci¨®n General de la Competencia de la UE, que adem¨¢s de declararlos 'incompatibles' con el mercado ¨²nico el pasado mes de julio, exigi¨® la recuperaci¨®n 'por todos los medios necesarios' de las ayudas concedidas. Sin embargo, al no tratarse de subvenciones directas, sino de ayudas diferidas en el tiempo y condicionadas -por ejemplo, en el caso de las vacaciones fiscales- a la obtenci¨®n de beneficios, el cumplimiento de la exigencia de Bruselas de hace problem¨¢tico. Tambi¨¦n es cierto que las diputaciones no van a esforzarse precisamente en reclamar la devoluci¨®n de los incentivos ya activados. De hecho, tampoco han mostrado excesiva diligencia en atender el requerimiento de la Comisi¨®n Europea para que le entreguen la relaci¨®n de los beneficiarios. Los datos gen¨¦ricos y poco precisos son que, entre 1966 y 2000, unas 75 sociedades se acogieron a las vacaciones fiscales, mientras que otras 73 se beneficiaron del cr¨¦dito fiscal del 45% para inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas. Cuando la paz fiscal con Madrid ya era un hecho, la Diputaci¨®n de Vizcaya lo concedi¨® de una tacada a 19 empresas, la mayor¨ªa de las cuales renunciaron para frenar la pol¨¦mica desatada.