Cajas de ciudadan¨ªa

Que la mitad del sistema financiero sea de todos plantea problemas a quienes hacen de la propiedad privada el centro de su modelo de sociedad. Que adem¨¢s sea eficiente y rentable despierta voracidad en quienes han hecho de la apropiaci¨®n de lo p¨²blico, mediante la privatizaci¨®n, el eje de su pol¨ªtica.

El control sobre las cajas es clave para mucha gente. Para la banca, porque le quita un inc¨®modo competidor. Para empresarios, porque les da acceso a un negocio provechoso. Para gobiernos auton¨®micos, porque les permite impulsar pol¨ªticas territoriales necesarias, pero dif¨ªciles de encajar con financiaci¨®n puramente privada. Para la sociedad, porque tiene a alguien que se toma en serio la bondad social y no s¨®lo econ¨®mica de ciertos proyectos.

Las cuotas participativas abren las puertas a un proceso de privatizaci¨®n a plazo de las cajas de ahorros, como parece proponer el PP

Sobre esa compleja realidad se est¨¢ planteando la necesidad de cambiar algunas normas que rigen a las cajas. B¨¢sicamente dos: mejorar el funcionamiento de sus ¨®rganos gestores y permitirles aumentar sus recursos propios para que puedan mejorar sus servicios y seguir compitiendo con una banca en proceso de concentraci¨®n. Ambas cosas se pueden hacer manteniendo su car¨¢cter jur¨ªdico o introduciendo elementos que lo cuestionen y caminen hacia una futura privatizaci¨®n.

El primer debate se ha simplificado en torno a la supuesta politizaci¨®n de las cajas como algo negativo. Dicha politizaci¨®n se define como presencia superior al 50% de representantes elegidos democr¨¢ticamente por los ciudadanos en sus consejos de administraci¨®n, circunstancia que, donde se da, la han propiciado tanto gobiernos auton¨®micos del PSOE como del PP.

Dejo al margen el tono antidemocr¨¢tico frecuente en estos ataques contra la politizaci¨®n, olvidando que es m¨¢s criticable el que a la hora de elegir a los representantes de un parlamento auton¨®mico en sus consejos de administraci¨®n, el partido mayoritario haga valer su rodillo qued¨¢ndose la parte con el todo como ha hecho el se?or Zaplana en la Comunidad Valenciana.

Dejo tambi¨¦n al margen el que hay aspectos m¨¢s importantes en la mejora de la gobernabilidad de las cajas que la llamada politizaci¨®n, como los c¨®digos de conducta, los mecanismos de elecci¨®n de representantes, las garant¨ªas de informaci¨®n, etc¨¦tera.

Lo que no se puede es apoyar desde el Gobierno de la naci¨®n una reforma que limita la presencia p¨²blica al 50%, y cuando la propone el PSOE, utilizarla en beneficio partidista para desgastar a gobiernos territoriales del PSOE. Esa deslealtad imposibilita cualquier acuerdo y pone a cada uno ante sus verdaderas intenciones: mejorar la gobernabilidad de las cajas, en un caso, aun a costa de aceptar cosas discutibles, y lanzar dudas sobre dicha gobernabilidad como parte del cuestionamiento global de las cajas, en otro.

Y algo parecido ocurre con los mecanismos para reforzar los recursos propios de las cajas. Su necesidad parece evidente en el contexto de los cambios internacionales y para recuperar el equilibrio competitivo con los bancos. Esto se puede hacer sin cuestionar su naturaleza jur¨ªdica, para lo cual bastar¨ªa con reformar algunos instrumentos que hoy existen, como las participaciones preferentes, o creando uno nuevo que siendo atractivo para los inversores no altere las normas que rigen la composici¨®n de sus asambleas y consejos, como propone el PSOE; o se puede hacer mediante unas cuotas participativas que abren las puertas a un proceso de privatizaci¨®n a plazo de las cajas, como parece proponer el PP.

Quienes denigran la politizaci¨®n de las cajas, ocultando sus propios abusos, y quieren introducir cambios hacia lo privado, representan intereses distintos de quienes queremos mejorar sus mecanismos de gesti¨®n y recursos, pero sin alterar su car¨¢cter jur¨ªdico de cajas de la ciudadan¨ªa. Es decir, de todos. ?se, y no otro, es el debate.

Jordi Sevilla es responsable econ¨®mico del PSOE.