La alarma sobre las antenas hace peligrar las inversiones de la nueva telefon¨ªa m¨®vil
Telef¨®nica, Vodafone y Amena presentar¨¢n esta semana un plan com¨²n a la Administraci¨®n
La alarma social que se ha creado en torno a las antenas de telefon¨ªa m¨®vil ha trascendido el aspecto social y comienza a afectar a los planes de negocio de las compa?¨ªas. Ayuntamientos y comunidades de vecinos han paralizado en pocos meses m¨¢s de 2.000 instalaciones al tiempo que les niegan los permisos para nuevos emplazamientos, necesarios para la ampliaci¨®n de la red que precisa la telefon¨ªa m¨®vil del futuro (UMTS), en el que est¨¢ comprometida una inversi¨®n de 16.000 millones de euros en 10 a?os. Telef¨®nica, Vodafone y Amena han hecho un frente com¨²n y presentar¨¢n al Gobierno esta misma semana un plan conjunto en el que certifican que sus instalaciones son seguras y piden que no se multiplique la legislaci¨®n por parte de autonom¨ªas y ayuntamientos.
La pol¨¦mica levantada en torno a los presuntos riesgos que para la salud de los ciudadanos puedan tener las radiaciones que emiten las antenas de telefon¨ªa m¨®vil ha trascendido el ¨¢mbito pol¨ªtico o social y amenaza con causar un grave problema financiero a las compa?¨ªas. En los ¨²ltimos meses, Telef¨®nica M¨®viles, Vodafone y Amena han visto c¨®mo los ayuntamientos y otras autoridades, e incluso comunidades de vecinos y particulares, les negaban los permisos para la instalaci¨®n de 500 nuevos emplazamientos pese a que cumpl¨ªan estrictamente los requisitos legales. A¨²n peor, m¨¢s de 2.000 contratos vigentes han sido rescindidos o se les ha negado la autorizaci¨®n para la ampliaci¨®n de capacidad o la simple revisi¨®n de las instalaciones.
La situaci¨®n es preocupante, puesto que se produce a tan s¨®lo unos meses del plazo fijado por el Gobierno (1 de junio de 2002) para que las operadoras tengan lista la red de la nueva telefon¨ªa m¨®vil multimedia (UMTS), que permite dar cobertura a ciudades con m¨¢s de 250.000 habitantes.
Los operadores que ganaron el concurso para dar telefon¨ªa de tercera generaci¨®n, que permitir¨¢ la transmisi¨®n de im¨¢genes y la navegaci¨®n r¨¢pida por Internet, han comprometido una inversi¨®n de m¨¢s de 16.296 millones de euros en los pr¨®ximos 10 a?os, garantizados por avales de 8.236 millones. La tecnolog¨ªa UMTS, al ofrecer mayores aplicaciones, debe duplicar o casi triplicar el n¨²mero de antenas necesarias para ofrecer cobertura respecto a las redes actuales de GSM-GPRS.
Adem¨¢s, del desarrollo de la tecnolog¨ªa UMTS, que ya acumula un retraso de m¨¢s un a?o, depende no s¨®lo la salud financiera de los operadores, sino tambi¨¦n la de los fabricantes de equipos y, por ende, de terminales (Nokia, Lucent, Nortel, Alcatel, Ericsson, Motorola, entre otros), que han sufrido su mayor crisis el pasado a?o, con p¨¦rdidas millonarias y anuncios de despidos masivos.
Pero es que, adem¨¢s, los operadores se quejan de que la 'falsa pol¨¦mica' de las antenas no s¨®lo afecta a las inversiones futuras para nuevas infraestructuras, sino a la calidad del servicio actual. 'Si contin¨²a el ritmo de desenganches actual, se pueden producir problemas en la calidad del servicio, porque ya estamos detectando zonas en sombra por la ausencia de estaciones base que presten una adecuada cobertura', se?ala el directivo de un operador.
La trascendencia p¨²blica que han tenido casos como el del colegio p¨²blico Garc¨ªa Quintana, en Valladolid, o los de Palencia, Soria, Le¨®n y Mijas (M¨¢laga), donde se relacionaban casos de c¨¢ncer con las emisiones de las antenas (no probados en ning¨²n caso cient¨ªficamente), han desatado una ola de quejas ciudadanas, ante la que las autoridades han reaccionado negando los permisos para instalaciones o incluso ordenando la desmantelaci¨®n de las ya existentes.
Pero las compa?¨ªas han hecho un frente com¨²n para demostrar primero que sus instalaciones no tienen riesgo alguno para la salud. Para ello, esta misma semana, los consejeros delegados de Telef¨®nica M¨®viles, Javier Aguilera; Vodafone, John de Wit, y Amena, Belarmino Garc¨ªa, van a presentar un informe, realizado por empresas externas autorizadas, en el que se certifica que las emisiones de las aproximadamente 30.000 antenas que hay en toda Espa?a cumplen estrictamente los niveles legalmente establecidos tanto por el real decreto de 28 de septiembre de 2001 como por la orden del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa que regulan los l¨ªmites de exposici¨®n a campos electromagn¨¦ticos.
Certificaci¨®n de equipos
Los operadores quieren adelantarse al plazo del 1 de junio de 2002 dado por la Administraci¨®n para que se certifique la ausencia de cualquier tipo de riesgo para la salud. Pero, adem¨¢s de volver a tranquilizar a los ciudadanos sobre la inocuidad de sus emisiones (los estudios manejados por los operadores y avalados por distintas instancias oficiales dicen que la potencia de una estaci¨®n base de telefon¨ªa m¨®vil es menor que la de un microondas e infinitamente inferior a la de una estaci¨®n de radio o televisi¨®n), las compa?¨ªas quieren que la Administraci¨®n central se comprometa de forma m¨¢s activa a concienciar a los ciudadanos y a frenar la iniciativa de comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos que quieren crear su propia legislaci¨®n en esta materia, lo que supondr¨ªa multiplicar los problemas actuales y pondr¨ªa a¨²n m¨¢s en peligro las inversiones.
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