Construir ciudad

La resoluci¨®n judicial dictada por el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia por la que, tras a?os de resistencia social y batalla jur¨ªdica, se accede a la petici¨®n vecinal de suspensi¨®n de la demoliciones de edificios que preve¨ªa el Plan Especial de Protecci¨®n y Reforma Interior Cabanyal-Canyamelar (PEPRI) impulsado con sorda tozudez por la mayor¨ªa popular que controla el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia, trae a primera l¨ªnea de actualidad una pregunta muy oportuna: ?Qui¨¦n construye la ciudad? La respuesta requiere de una reflexi¨®n previa. ?Es la ciudad el simple resultado del establecimiento, m¨¢s o menos definitivo, de un grupo humano?, ?lo es el mero agregado de edificaciones con mayor o menor pretensi¨®n de permanencia?, ?surge con la creaci¨®n de la organizaci¨®n administrativa a la que se encomienda procurar la satisfacci¨®n de problemas pr¨¢cticos derivados de tal asentamiento? En suma: ?Ser¨¢ humanidad, espacio f¨ªsico o aparato burocr¨¢tico?, ?carne o emociones o piedra y poder? La ciudad es, obvio resulta ahora recordarlo, una obra humana, un producto de la necesidad pero tambi¨¦n de la imaginaci¨®n de esta contradictoria especie de la que nos decimos part¨ªcipes. M¨¢s a¨²n, tal vez de todos aquellos objetos que esta especie ha sido capaz de producir, sea el artefacto m¨¢s singular en cuanto que, desde su mismo origen, la ciudad adquiere una peculiar vida propia. Es esta cualidad de organismo din¨¢mico capaz de interactuar con el medio y con quienes la habitan, al tiempo escenario y hacedora de un modo de vida, producto y origen de una determinada cultura, espacio para la libertad y lugar de segregaci¨®n social, ¨¢mbito de lo diverso y referencia de identidad..., todo ello la otorga buena parte de su parad¨®jico perfil.

Permanentemente reedificada sobre s¨ª misma, la ciudad ser¨ªa pues un agregado hist¨®rico demasiado rico, complejo y contradictorio como para poder atribuir su paternidad exclusiva a acto alguno, sea ¨²nico o sucesivos, de planificaci¨®n creadora. Muy al contrario, es una obra colectiva. Por ello excede con mucho no s¨®lo el tiempo de mandato de cualquier gobierno, sino incluso la duraci¨®n de nuestras propias vidas, que algunas trascendentales decisiones no debieran adoptarse sino a trav¨¦s de un proceso ampliamente participativo y tras obtener el m¨¢s amplio consenso social.

Lo dec¨ªamos ya en estas mismas p¨¢ginas a prop¨®sito de la aprobaci¨®n inicial del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar por el pleno del Ayuntamiento de Valencia (EL PA?S, 11 de marzo de 1999). Aquellas decisiones que se caracterizan, como el caso de la proyectada prolongaci¨®n de la avenida de Blasco Ib¨¢?ez, por su trascendencia urban¨ªstica, social y cultural y muy especialmente por cuanto comportan transformaciones y efectos irreversibles para la ciudad no pueden, en una verdadera democracia, ser adoptadas invocando por toda legitimidad una simple mayor¨ªa electoral.

Por ello el actual gobierno municipal presidido por Rita Barber¨¢ se equivoca gravemente una vez m¨¢s cuando en su recurso invoca el respaldo en las urnas obtenido en su d¨ªa como si en lugar de simples votos disfrutase de un contrato unilateral de adhesi¨®n ciudadana a todos y cada uno de los contenidos de un, por definici¨®n, coyuntural programa electoral. Pero es m¨¢s, nuestro sistema democr¨¢tico-representativo proh¨ªbe expresamente que los representantes populares puedan estar ligados por el denominado mandato imperativo lo que, de manera muy sint¨¦tica, significar¨ªa la imposibilidad de exigir a aqu¨¦llos que act¨²en bajo directriz alguna procedente incluso de sus mismos electores, de tal suerte que ni tan siquiera el invocado programa tiene car¨¢cter obligatorio para los elegidos ?C¨®mo podr¨ªa pretenderse entonces que deba se obligatoriamente soportado por los ciudadanos?

Resulta cuanto menos propio del peor cinismo pol¨ªtico el defender que los elegidos puedan estar exentos de compromiso alguno por sus promesas electorales y, por el contrario, los electores queden uncidos para cuatro a?os a todos y cada uno de los ep¨ªgrafes de un programa en cuya redacci¨®n no han intervenido y que se han visto obligados a aceptar en su conjunto, tras el escaso debate de ideas que caracteriza en nuestras tierras a las campa?as electorales.

La actitud del Partido Popular en este conflicto contrasta clamorosamente con la mantenida por los vecinos y vecinas del barrio y cuantas entidades, partidos o meros ciudadanos y ciudadanas hemos celebrado la resoluci¨®n judicial que suspende cautelarmente las demoliciones y la expulsi¨®n y correlativo desarraigo de los casi 2.000 afectados por la actuaci¨®n municipal. De una parte silencio y cerraz¨®n municipal como respuesta a los llamamientos al di¨¢logo y a la reflexi¨®n por parte de la Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyameral, cuyo ¨²ltimo exponente es la carta abierta dirigida a la alcaldesa y, de otra, descalificaciones y bravuconerias tales como calificar de trogloditas y cavern¨ªcolas a la oposici¨®n o alentar el fantasma de la degradaci¨®n tras declarar que se intensificar¨¢n las actuaciones en el resto del ¨¢mbito afectado por el PEPRI, abandonando toda actuaci¨®n rehabilitadora en la zona objeto de suspensi¨®n judicial. Zona que precisamente ostenta una merecida declaraci¨®n de Bien de Inter¨¦s Cultural por un acuerdo del Gobierno Valenciano que se remonta a 1993.

El empecinamiento y la prepotencia de la se?ora Barber¨¢ no es un hecho aislado, su actitud est¨¢ a la altura de la de otros insignes representantes de su partido que, el pasado noviembre, rechazaron, sin siquiera entrar a debatir el contenido, la primera Iniciativa Legislativa Popular en la historia de nuestra democracia con la que se pretend¨ªa la ordenaci¨®n y protecci¨®n de l'Horta y que fue avalada con su firma por casi 118.000 valencianos y valencianas.

D¨ªa a d¨ªa, la nefasta alianza entre pol¨ªticos y mercaderes inmobiliarios, proyecta y acomete actuaciones como la prevista reclasificaci¨®n de suelo no urbanizable dentro de los ya estrechos l¨ªmites del parque natural de L'Albufera en la pedan¨ªa de Pinedo con el fin de albergar viviendas unifamiliares o la inminente ocupaci¨®n de los terrenos de La Punta afectados por la innecesaria y desmesurada operaci¨®n de ampliaci¨®n del puerto (ZAL); operaciones ambas sospechosamente conectadas en el espacio y en el tiempo y que hacen pensar en una operaci¨®n especulativa de gran calado en el borde sureste de la ciudad, cuyos l¨ªmites vendr¨ªan definidos por el litoral, el Saler y el barranco de Xiva, cuyas obras de hormigonado se encuentran, curiosamente, en tr¨¢mite de licitaci¨®n contra el parecer de numerosos expertos y bajo amenaza de sanci¨®n por la mism¨ªsima Comisi¨®n Europea. Arist¨®teles en su Pol¨ªtica defend¨ªa que no eran las piedras sino la ciudadan¨ªa quienes hac¨ªan la ciudad. Si quienes enarbolaron en los a?os de la transici¨®n las banderas de la defensa del cauce del Turia o el Saler (el llit del Turia es nostre i el volem verd; el Saler per al poble...) hubieran renunciado a su derecho a hacer ciudad, las generaciones actuales no disfrutar¨ªan hoy de tan valioso patrimonio que, de otro modo, se hubiera perdido para siempre por la ceguera o mala fe de los pol¨ªticos. Por la misma raz¨®n, las ciudadanas y ciudadanos de hoy tenemos una responsabilidad actual y para con las generaciones futuras de la que no podemos hacer dejaci¨®n: combatir las agresiones contra el patrimonio, defender nuestro entorno, construir ciudad.

Antonio Montiel es abogado.