El Poder Judicial vuelve a dividirse por la Ley de Partidos que quiere el PP
Los vocales conservadores piden retoques t¨¦cnicos y los progresistas reformas de fondo
El debate sobre la futura Ley de Partidos Pol¨ªticos ha provocado una nueva divisi¨®n en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisi¨®n de Estudios e Informes de este organismo analizar¨¢ hoy dos dict¨¢menes que discrepan en aspectos b¨¢sicos de la ley preparados por el penalista Adolfo Prego, propuesto por el PP, y el constitucionalista Luis Aguiar, apoyado por el PSOE. El pleno del 15 de abril aprobar¨¢ un informe que no es vinculante. Si no se logra un texto de consenso, el sector mayoritario, propuesto por el PP, defender¨¢ retoques t¨¦cnicos, mientras que la minor¨ªa pedir¨¢ reformas de fondo.
Los intentos del ponente Aguiar, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, por pactar el informe 'en una conversaci¨®n larga y tendida' con el otro ponente, Adolfo Prego, que fue magistrado de la Sala Penal del Supremo, no dieron resultado. Prego y Aguiar preparaban ayer sus argumentos para defenderlos hoy ante la Comisi¨®n de Estudios e Informes, que integran, junto a ellos, los vocales Jos¨¦ Luis Requero y Faustino Guti¨¦rrez-?lviz -propuestos por el PP- y Montserrat Comas, avalada por el PSOE.
Aguiar cuestiona en su informe que la ley pueda conceder a 50 diputados, 50 senadores o el Gobierno de turno la potestad para promover ante el Tribunal Supremo la ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico y quiere que ese privilegio quede en manos de la fiscal¨ªa. Prego bendice el plan del PP para que los parlamentarios y el Ejecutivo puedan promover la disoluci¨®n de un partido. Esta radical discrepancia repite los motivos que impiden el acuerdo entre el PP y el PSOE.
Una prueba m¨¢s del desencuentro entre ambos ponentes la ofreci¨® Prego, quien en conversaci¨®n con este peri¨®dico afirm¨® ayer que Aguiar iba a proponer que fuera el Tribunal Constitucional, y no el Supremo como propone la ley del Gobierno, el que resolviera la disoluci¨®n de un partido. Aguiar anunci¨® ayer a EL PA?S que propondr¨ªa que la decisi¨®n sobre la disoluci¨®n de partidos se atribuya a la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, aunque consideraba que no es inconstitucional que se traslade a la Sala Especial.
'La c¨²pula de la c¨²pula'
La atribuci¨®n de la disoluci¨®n de partidos a la Sala Especial del Supremo prevista en el art¨ªculo 61 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial -formada por el presidente del Supremo, los presidentes de cada una de las cinco salas y el magistrado m¨¢s antiguo y m¨¢s moderno de cada una de ellas- es considerada como 'un disparate' por un constitucionalista como Francisco Rubio Llorente. Prego replica que 'es una opci¨®n buena, porque se trata de la c¨²pula de la c¨²pula judicial, adem¨¢s de ser una sala ya preexistente a la que se encomienda decidir un asunto que est¨¢ a caballo entre lo civil, lo penal y lo contencioso-administrativo', e insiste en esta idea: 'Es mejor una sala que agrupa a todas las salas, y teniendo en cuenta todas las soluciones posibles para un cometido tan extraordinario, ¨¦sta es la m¨¢s rica y variada'.
El vocal conservador neg¨® que su propuesta de informe diga 'am¨¦n' al anteproyecto gubernamental, ya que, por el contrario, contiene 'discrepancias t¨¦cnicas'.
Por su parte, Aguiar se opone a que se restrinja el derecho a formar partidos a quienes han sido condenados y tienen la condena cumplida; objeta la indeterminaci¨®n del art¨ªculo 8, cuando prev¨¦ que ser¨¢ declarado ilegal el partido que no respete 'los principios democr¨¢ticos y los valores constitucionales' o que 'persiga deteriorar o destruir el r¨¦gimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democr¨¢tico'.
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