El Poder Judicial avala la Ley de Partidos del PP con 11 votos a favor y ocho en contra
El vocal propuesto por CiU vot¨® en blanco y el consensuado por populares y socialistas se abstuvo
Los votos de los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el PP, m¨¢s el del presidente, tambi¨¦n promovido por el Gobierno, aprobaron un informe favorable al anteproyecto de Ley de Partidos Pol¨ªticos elaborado por el Ejecutivo. El texto niega que las disposiciones que prev¨¦n la aplicaci¨®n retroactiva de la ley vulneren el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n y avala que el Ejecutivo o 50 parlamentarios denuncien a un partido para que sea disuelto por una Sala Especial del Supremo. Los ocho vocales propuestos por el PSOE e IU votaron en contra y razonaron su discrepancia en esos puntos b¨¢sicos. El vocal elegido por consenso entre PP y PSOE se abstuvo, y el propuesto por CiU vot¨® en blanco.
El pleno extraordinario del CGPJ, dedicado a informar sobre el anteproyecto de ley, aval¨® con los ¨²nicos votos de los vocales propuestos por el PP (diez de los 20) y con los argumentos del ponente conservador Adolfo Prego la constitucionalidad de la ley que quiere el Gobierno.
Los progresistas -ocho vocales- consideraban de dudosa constitucionalidad los art¨ªculos sobre la apreciaci¨®n y valoraci¨®n de las actividades que desencadenan la disoluci¨®n de un partido vinculadas a las resoluciones, documentos y comunicados del mismo. Tambien cuestionaban la disposici¨®n que dice que la constituci¨®n de un partido en fecha 'anterior o posterior a la entrada en vigor' de la ley 'no impedir¨¢' que se le aplique la nueva norma, si la Sala Especial aprecia 'intenci¨®n de defraudar'. Los vocales progresistas defendieron ayer que este art¨ªculo choca con el precepto constitucional que garantiza 'la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos'.
La mayor¨ªa conservadora ofreci¨®, por toda explicaci¨®n, y as¨ª figura en el informe aprobado, que 'un adecuado entendimiento' de los preceptos mencionados 'permite sostener que la trayectoria pret¨¦rita de un partido pol¨ªtico habr¨¢ de tenerse en cuenta si, en el momento de proceder a su ilegalizaci¨®n, puede constatarse que permanece al margen del sistema democr¨¢tico'. Los vocales propuestos por el PP apoyaron con nuevos argumentos la legitimaci¨®n del Gobierno o 50 parlamentarios para promover ante el Supremo la disoluci¨®n de un partido. El informe justifica esa capacidad de denuncia en 'el reconocimiento legal del inter¨¦s leg¨ªtimo y, por ende, susceptible de protecci¨®n que, indudablemente, tienen los representantes populares en la defensa del sistema democr¨¢tico frente a aquellos que pretenden su aniquilamiento'. Los progresistas tambi¨¦n rechazan este punto y apoyan que sea el Ministerio Fiscal el ¨²nico organismo que pueda solicitar la ilegalizaci¨®n.
En cuanto a la atribuci¨®n de competencia sobre la disoluci¨®n de un partido a la Sala Especial del Supremo, el informe aprobado defiende esta soluci¨®n propuesta por el Gobierno mientras que la minor¨ªa progresista propone que sea la Sala de lo Civil quien resuelva estas cuestiones.
Agust¨ªn Azparren, vocal consensuado por el PP y el PSOE, explic¨® su abstenci¨®n en que 'se ha traspasado el debate de los partidos al pleno del CGPJ'. Josep Alfons L¨®pez Tena, propuesto por CiU, vot¨® en blanco y anunci¨® un voto particular que discrepa en unos aspectos de la mayor¨ªa y en otros de la minor¨ªa. L¨®pez Tena, que apenas intervino en el debate, cree que la ley vulnera la Constituci¨®n por ser retroactiva, pero no ve m¨¢s problemas de constitucionalidad.
La minor¨ªa pide una ley democr¨¢tica
Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el PSOE y el propuesto por IU justificaron ayer su voto en contra del informe de la mayor¨ªa en que la Ley de Partidos, 'una de las m¨¢s esenciales de la democracia, tiene que ser una ley encaminada a la defensa de los valores constitucionales y del sistema democr¨¢tico'.
Para 'ayudar a que la ley sea la mejor de las posibles', estos ocho vocales proponen que s¨®lo el Ministerio Fiscal debe demandar la ilegalizaci¨®n de un partido y no 50 diputados o 50 senadores, ya que 'sus funciones constitucionales espec¨ªficas son las de elaborar las leyes y controlar al Ejecutivo, no la de impetrar justicia ante los tribunales ordinarios'.
En cuanto al ¨®rgano que decidir¨¢ la disoluci¨®n de un partido, la atribuci¨®n de esa competencia a una Sala Especial del Supremo 'compuesta de un modo heterog¨¦neo y pensada para supuestos muy distintos' es considerada inadecuada, mientras que 'la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene una especialidad, homogeneidad y coherencia l¨®gico-jur¨ªdica ¨®ptima para el enjuiciamiento de una eventual ilegalizaci¨®n'.
Los ocho vocales minoritarios entienden que la ley debe contener 'una norma destinada a evitar el fraude a la ley derivado del simple cambio de denominaci¨®n de un partido previamente disuelto', pero estiman que el anteproyecto 'permite claramente una lectura retroactiva de la ley, es decir, una aplicaci¨®n de la misma a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor (...), rotunda y obviamente inconstitucional'.
Respecto al cat¨¢logo de conductas que pueden conducir a la ilegalizaci¨®n de un partido, el sector progresista reconoce el acercamiento de posiciones con el conservador, pero pide m¨¢s 'claridad, precisi¨®n y taxatividad de las conductas que la ley declara ilegales'.
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