El CGPJ avala la Ley de Partidos del PP con la oposici¨®n de los progresistas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy, por once votos a favor, ocho en contra, una abstenci¨®n y uno en blanco, el informe que remitir¨¢ al Gobierno sobre el anteproyecto de ley de Partidos Pol¨ªticos, que ir¨¢ acompa?ado de dos votos particulares.

El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha dado el visto bueno al texto del Gobierno que establece, entre otras cosas, que "ser¨¢ declarado ilegal el partido que vulnere los derechos fundamentales o propicie el odio y la violencia", y propone algunas mejoras t¨¦cnicas.

El portavoz del Consejo, Enrique L¨®pez, ha declarado en rueda de prensa que el informe, que ser¨¢ remitido al Gobierno en los pr¨®ximos d¨ªas, no refleja ninguna duda sobre la constitucionalidad de que 50 diputados, 50 senadores o el Gobierno puedan instar la ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico, ni tampoco de que la medida sea acordada por la Sala especial del Tribunal Supremo formada por su presidente y otros 15 magistrados del alto tribunal.

Votos particulares

Uno de los votos particulares ha sido el del grupo progresista, minoritario en el Poder Judicial, que mantiene que s¨®lo puede ser el fiscal el legitimado para instar a la disoluci¨®n de un partido y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la competente para resolverlo.

La minor¨ªa progresista del Consejo considera que permitir a 50 diputados o 50 senadores instar la ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico pone en riesgo los principios de pluralismo pol¨ªtico y de la divisi¨®n de poderes, por lo que defiende que s¨®lo tenga esa competencia el Ministerio Fiscal, y que sea la Sala Civil del Supremo la que resuelva sobre la medida, seg¨²n se recoge en la propuesta que elevar¨¢ el vocal Luis Aguiar. El otro voto particular ha sido formulado por el vocal designado a propuesta de CiU.

Car¨¢cter retroactivo

El ponente del dictamen y vocal del sector mayoritario, Adolfo Prego, ha manifestado en rueda de prensa que, en el Pleno de hoy, la minor¨ªa ha introducido adem¨¢s un nuevo punto de discrepancia, no defendido en la Comisi¨®n de Estudios, al pretender que el Proyecto proclame expresamente que no puede aplicarse con car¨¢cter retroactivo, es decir, por hechos anteriores a su entrada en vigor, ya que de lo contrario pecar¨ªa de inconstitucionalidad. Este sector se?ala que, del texto del Gobierno, se desprende que podr¨ªa ser aplicado de forma retroactiva, lo que chocar¨ªa con el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n, que proclama la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Ante esta pretensi¨®n, el sector mayoritario ha rescatado una parte de su informe que hab¨ªa quedado aparcada en la Comisi¨®n de Estudios, donde se?alan que el texto del Gobierno no tiene efectos retroactivos, por lo que sobra la referencia que propone la minor¨ªa.

"Dudas de constitucionalidad"

La minor¨ªa plasmar¨¢ sus tesis en un voto particular, que firmar¨¢n los ocho vocales propuestos por el PSOE e IU. Seg¨²n ha dicho en rueda de prensa el vocal de este grupo Luis Aguiar, el art¨ªculo 8 del Proyecto, que recoge el cat¨¢logo de conductas que pueden conducir a ilegalizar un partido, plantea "serias dudas de constitucionalidad", ya que es "ambiguo e impreciso".

Sin embargo, ha reconocido que la mayor¨ªa, en el informe definitivo, ha admitido alguna de sus propuestas al respecto como la referencia a que un partido pueda beneficiarse de una red terrorista, que admiten que es un concepto ambiguo.

En palabras de Adolfo Prego, esta sugerencia de cambio de la Ley, as¨ª como la propuesta de que la lista de conductas no se presente como un cat¨¢logo de ejemplos sino como las actividades prohibidas a los partidos, refuerza el principio de seguridad jur¨ªdica recogido en la Constituci¨®n.

En cualquier caso, tanto los vocales de la mayor¨ªa, por boca de Enrique L¨®pez, como los de la minor¨ªa, en palabras de la vocal Montserrat Comas, han indicado que el debate del Pleno ha sido jur¨ªdico y no pol¨ªtico, y desarrollado entre juristas para mejorar una Ley que ambos sectores consideran ¨²til y necesaria para proteger la democracia.