La insistencia del PP en que los diputados pidan la ilegalizaci¨®n de Batasuna complica el pacto

Socialistas y populares intentaban en la noche de ayer cerrar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Partidos cuyo principal objetivo es la ilegalizaci¨®n de Batasuna, la formaci¨®n que apoya a ETA. Ambos partidos confirmaron grandes avances para retocar las causas de disoluci¨®n de manera que se eviten referencias gen¨¦ricas, y con la retroactividad, para aclarar que la Ley se aplicar¨ªa por hechos ocurridos despu¨¦s de su entrada en vigor. El procedimiento previsto por el PP, que permite a 50 diputados promover la ilegalizaci¨®n de un partido, era el ¨²nico obst¨¢culo para el acuerdo.

El PSOE rechaza que un partido pol¨ªtico pueda promover la ilegalizaci¨®n de otra formaci¨®n y defiende que ese aspecto quede en manos del ministerio fiscal y del Gobierno. El PP defiende mantener la potestad parlamentaria de instar la declaraci¨®n de ilegalidad de un partido y tan s¨®lo acepta elevar el n¨²mero de quienes pueden hacerlo de 50 diputados o 50 senadores, como ha quedado fijado en el texto legal, a la mayor¨ªa de las c¨¢maras (176 diputados y 129 senadores).

Esta discrepancia de fondo supon¨ªa en la noche de ayer el principal obst¨¢culo para alcanzar el acuerdo.

Los socialistas mantuvieron una reuni¨®n interna para redactar sus propuestas de enmiendas al texto legislativo y se las remitieron a las seis de la tarde al Gobierno y al PP para que las estudiasen. 'Si aceptan, el acuerdo ser¨¢ un hecho', se?al¨® un dirigente socialista.

Las enmiendas socialistas pretenden 'podar la fronda de expresiones indeterminadas' que la Ley recoge en el art¨ªculo 9, relativo a causas de disoluci¨®n. El PSOE mantiene que con la redacci¨®n aprobada por el Consejo de ministros es posible pedir la ilegalizaci¨®n de un partido republicano o de un partido antisistema. CiU tambi¨¦n ha reclamado la modificaci¨®n de ese texto por id¨¦nticos motivos. Las enmiendas socialistas plantean tres causas generales de disoluci¨®n:

- La justificaci¨®n o exculpaci¨®n de atentados, o de persecuci¨®n por motivos de ideolog¨ªa o raza.

- Fomentar, propiciar o legitimar la violencia.

- Apoyar a organizaciones terroristas.

Un miembro del Gobierno asegur¨® ayer que 'las enmiendas socialistas al art¨ªculo 9 no plantean cuestiones de fondo para el Gobierno y se pueden aceptar'.

Respecto a la disposici¨®n transitoria segunda, que hace referencia a la posible aplicaci¨®n de la Ley con caracter retroactivo, los socialistas proponen una redacci¨®n m¨¢s precisa que introduzca que la ilegalizaci¨®n se podr¨¢ solicitar por conductas registradas 'con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley'. Con ese peque?o matiz, todos los reparos sobre la legalidad de la norma estar¨ªan superados, seg¨²n los socialistas. El Gobierno se manifest¨® ayer 'receptivo' a la oferta.

Los dirigentes populares consultados por este peri¨®dico indicaron ayer que no est¨¢n dispuesto a renunciar a la posibilidad de que diputados y senadores puedan promover la ilegalizaci¨®n de una formaci¨®n pol¨ªtica. 'Nuestra posici¨®n en ese sentido es inamovible. Pretendemos mantener la potestad parlamentaria que recoge el texto. Aunque esperamos a que el PSOE nos proponga f¨®rmulas intermedias que todav¨ªa ignoramos', se?al¨® un representante del Gobierno.

A la vez que los socialistas intentaban convencer a los populares, ¨¦stos negociaban modificaciones en el texto legal con CiU para conseguir su apoyo, en una reuni¨®n con el secretario de Estado de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, de seis horas de duraci¨®n. El Gobierno dijo que hab¨ªa habido 'avances importantes' en la redacci¨®n de las causas de disoluci¨®n. La representaci¨®n de CiU, m¨¢s prudente, dijo que encontr¨® una 'receptividad seria' en el Gobierno a sus enmiendas.