El Supremo de Venezuela ahonda la divisi¨®n del Ej¨¦rcito al exculpar a los jefes golpistas

El fallo del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) que exculp¨® a cuatro jefes implicados en el golpe del 11 de abril fractur¨® de nuevo los cuartos de banderas y anim¨® el eventual enjuiciamiento del presidente, Hugo Ch¨¢vez. Observando la promisoria correlaci¨®n de fuerzas en el tribunal, la oposici¨®n lo exige culp¨¢ndole de la matanza que habr¨ªa de conducir aquel d¨ªa a su breve derrocamiento. Manifestantes gubernamentales chocaron la noche del mi¨¦rcoles con la Guardia Nacional y se registraron 15 heridos, dos de bala.

El Gobierno, que acat¨® el fallo, estudia la reforma del TSJ para evitar que la oposici¨®n lo convierta en ariete, y promover¨¢ una campa?a internacional de protesta. El Supremo, obediente con el oficialismo mientras su principal mu?idor, el ex ministro Luis Miquilena, permaneci¨® en la Administraci¨®n de Ch¨¢vez, eximi¨® del delito de rebeli¨®n a los cuatro encausados, argumentando que actuaron para salvaguardar el orden. Lo hicieron, agrega, despu¨¦s de que el alto mando, el general Lucas Rinc¨®n, anunciara la renuncia del presidente.

'Ninguno de los pronunciamientos de los imputados tuvo la intenci¨®n de impedir o dificultar el ejercicio de gobierno', establece el fallo. 'Cada uno de ellos tuvo como causa unos hechos de violencia que se estaban produciendo en el pa¨ªs, como consecuencia de la marcha del 11 de abril, y de la implementaci¨®n del Plan ?vila'.

El 11 de abril, una masiva marcha opositora se dirigi¨® hacia el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, exigiendo la destituci¨®n de Ch¨¢vez. Francotiradores y pistoleros, unos afectos al Gobierno y otros a la oposici¨®n, a juzgar por la direcci¨®n de los balazos, la filiaci¨®n de las v¨ªctimas y el curso de las investigaciones, mataron a 18 personas y m¨¢s de 100 sufrieron heridas. Ch¨¢vez hab¨ªa ordenado activar el Plan ?vila, el despliegue de tropas y blindados en los accesos al palacio, pero fue desobedecido. Ch¨¢vez fue conminado a abandonar el poder. Un Gobierno de facto, presidido por el empresario Pedro Carmona, le sustituy¨® durante casi 48 horas.

'Tenemos que respetar el juego democr¨¢tico. Llamo a la calma a todos los compatriotas', pidi¨® el vicepresidente del Gobierno, Jos¨¦ Vicente Rangel. 'No podemos reproducir en el campo del Gobierno las reacciones irracionales de la oposici¨®n, que respetan las decisiones de las instituciones s¨®lo cuando les conviene'. La sentencia del TSJ establece, asimismo, su repudio 'por el genocidio perpetrado por los c¨ªrculos oficialistas contra la sociedad civil indefensa'. Esa condena fue aprovechada por los abogados de la defensa de los cuatro mandos y por portavoces de la oposici¨®n para estimular el eventual enjuiciamiento de Ch¨¢vez por 'delitos de lesa humanidad'.

El fallo, que acent¨²a las divisiones existentes en Venezuela desde el comienzo de la revoluci¨®n bolivariana, no pas¨® inadvertido en los cuarteles, tan polarizados como la sociedad. Los militares sujetos a investigaci¨®n, unos 250 generales, coroneles y oficiales, aplaudieron unas conclusiones que les benefician.

General descontento

No ocult¨® su descontento el general de divisi¨®n Ra¨²l Isa¨ªas Baduell, cuyos paracaidistas fueron determinantes en la reacci¨®n c¨ªvico-castrense que devolvi¨® a Ch¨¢vez a la presidencia. Jefe de la Cuarta Divisi¨®n Blindada, con asiento en Maracay, capital militar de Venezuela, Baduell se dijo el martes 'soldado apegado a la Constituci¨®n y las leyes, pero tambi¨¦n tengo algunas inquietudes al respecto, porque me correspondi¨® ser actor en los hechos de abril'.

'Si estos oficiales no quebrantaron ninguna norma, entonces ?qui¨¦n las quebrant¨®?', se pregunt¨® el jefe paracaidista. Baduell pidi¨® revisar las actuaciones absueltas, en base a lo que establece el C¨®digo Org¨¢nico Penal Militar. El fiscal general, Isa¨ªas Rodr¨ªguez, que interpuso la querella desestimada por el TSJ, pidi¨® que se acate la sentencia, aunque se manifest¨® contra las consideraciones de la ponencia aprobada sobre la inexistencia de una rebeli¨®n armada. El presidente del Supremo, Iv¨¢n Rinc¨®n, lament¨® que los magistrados no hubieran analizado 'ninguna' de las pruebas presentadas.

Para cometer el delito de rebeli¨®n, dijo el fiscal, no es necesario desenfundar arma alguna, sino utilizar la intimidaci¨®n de quienes las disponen. No hubo vac¨ªo de poder, ni renuncia voluntaria, ni expl¨ªcita del presidente. 'De hecho, al presidente le amenazaron con bombardear Miraflores y enviarle los batallones Ayala y Bol¨ªvar. La presencia de las armas fue t¨¢cita'.

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