El Inem detect¨® que 36.000 empresas que pidieron subvenci¨®n para formar a parados no exist¨ªan

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios tiene indicios de que al menos 36.000 empresas de las 228.000 que en 2001 solicitaron subvenciones de la Uni¨®n Europea para realizar cursos de la Fundaci¨®n para la Formaci¨®n en el Empleo (Forcem) ni siquiera existen, seg¨²n se desprende de las investigaciones de la Brigada de Polic¨ªa Judicial de Delitos Econ¨®micos. Fuentes jur¨ªdicas que informaron ayer sobre estos hechos calificaron el fraude de 'incalculable', porque s¨®lo en 2001 se subvencionaron por la Uni¨®n Europea en Espa?a 159.000 cursos, en los que se matricularon dos millones de alumnos. Estas subvenciones se conceden directamente y despu¨¦s se justifican, por lo que el fraude que se investiga podr¨ªa variar en cada empresa implicada. As¨ª, en unos casos puede haber aumentado artificialmente el n¨²mero de sus alumnos para percibir la ayuda, no haber impartido el curso o que la propia entidad ni siquiera exista y se creara para cobrar la subvenci¨®n.

El sistema de control de estas ayudas es similar al utilizado con las subvenciones europeas al cultivo del lino, fraude que tambi¨¦n se investiga en la Audiencia Nacional. Se realizan controles del 5% del total de los cursos impartidos. La Brigada de Investigaci¨®n de la Seguridad Social, de la Polic¨ªa Nacional, detect¨® un fraude en el 95% del porcentaje investigado, por lo que la denuncia de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional presentada en julio a partir del informe policial estim¨® la cuant¨ªa del fraude en un 15% del total de los 630 millones de euros recibidos de la Uni¨®n Europea en 2001, lo que asciende a 95,4 millones de euros.

Por este motivo, el grupo policial adscrito a la causa considera que ser¨ªan necesarios tres a?os de trabajo para delimitar el fraude en su conjunto, periodo de tiempo en el que el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, en el que recay¨® la denuncia fiscal, necesitar¨ªa ser reforzado para poder seguir atendiendo la dem¨¢s causas que instruye, entre las que se encuentra Gescartera.

Declaraci¨®n de imputados

De momento, la polic¨ªa entregar¨¢ un listado de personas con responsabilidad en la causa, a las que la juez tomar¨¢ declaraci¨®n como imputadas. En la denuncia presentada en julio por la fiscal¨ªa por los delitos de fraude a los intereses de la Uni¨®n Europea, apropiaci¨®n indebida y falsificaci¨®n documental, se ped¨ªa que declararan unas 50 personas, la mayor¨ªa sindicalistas o empresarios, en principio en calidad de testigos.

Adem¨¢s, al igual que en el caso que instruye el juez Baltasar Garz¨®n por un supuesto fraude en las subvenciones europeas al cultivo del lino, probablemente se ofrecer¨¢n acciones a la Abogac¨ªa del Estado y a la Comisi¨®n Europea para que ejerzan la acusaci¨®n en la causa, la primera en representaci¨®n del Estado y la segunda de la Uni¨®n Europea, que ser¨ªa la principal perjudicada en el fraude.

En cualquier caso, hasta el a?o 2000 el ¨®rgano encargado de fiscalizar las subvenciones para la formaci¨®n era el Tribunal de Cuentas, y ese a?o pas¨® a depender del Inem. El Tribunal de Cuentas ha denunciado numerosas irregularidades en la gesti¨®n de 1.800 millones de euros entre 1996 y 1998 por parte del Forcem.

La denuncia de la fiscal¨ªa cuenta con alrededor de cincuenta expedientes extendidos por el Inem con unos 10 cursos en los que se han detectado irregularidades, lo que supone una cifra aproximada de 500 cursos. Un portavoz del Inem evit¨® ayer confirmar las irregularidades al tratarse de un asunto con una investigaci¨®n judicial abierta.La acci¨®n penal se dirige contra las entidades sindicales y empresariales (la Forcem la componen los sindicatos y la CEOE), que organizan este tipo de cursos directamente o bien a trav¨¦s de la subcontrataci¨®n de otras empresas.

La competencia de la Audiencia Nacional viene determinada por la cuant¨ªa que alcanzar¨ªa el fraude y la grave repercusi¨®n que puede tener para la econom¨ªa nacional, as¨ª como porque los cursos con irregularidades se han detectado en pr¨¢cticamente todas las provincias espa?olas, entre las que se cuentan C¨¢diz, Valencia, Ciudad Real y A Coru?a.