Pol¨ªtica presupuestaria desde 1995 a 2002

Las finanzas p¨²blicas han constituido el escollo fundamental en el camino del proceso espa?ol de convergencia. A finales de 1995 el d¨¦ficit del conjunto de las administraciones p¨²blicas alcanz¨® el 6,5% del PIB y la deuda p¨²blica el 64%. A 31 de diciembre de 1997, dichos indicadores no deb¨ªan rebasar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

El Gobierno surgido de las elecciones de 1996 implant¨® una nueva estrategia de estabilidad y convergencia, rompiendo con el modelo presupuestario que domin¨® desde 1985. El nuevo Gobierno se encontr¨® con un Presupuesto en marcha, que era el de 1995 prorrogado y adaptado a 1996. Para retomar la senda de la convergencia, adopt¨® en mayo un acuerdo de no disponibilidad de cr¨¦dito por un importe de 200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de gasto.

Para el a?o 1997, a?o definitivo para conseguir la entrada en la Uni¨®n Monetaria, el Gobierno elabor¨® un Presupuesto enormemente restrictivo. S¨®lo aument¨® el 1,7% en t¨¦rminos monetarios, lo que supuso una reducci¨®n en pesetas constantes. Por primera vez desde hac¨ªa much¨ªsimos a?os los gastos de funcionamiento de los servicios del Estado experimentaron una reducci¨®n con respecto a 1996, tanto en t¨¦rminos monetarios como reales.

La reducci¨®n del d¨¦ficit y de la deuda p¨²blica y la credibilidad que los mercados otorgaron al Presupuesto para 1997 dieron lugar a una reducci¨®n del tipo de inter¨¦s a largo plazo que, junto a la rebaja de la inflaci¨®n que se dio de manera sostenida, en parte debido a la pol¨ªtica monetaria del Banco de Espa?a, hizo posible que Espa?a se encontrase entre los pa¨ªses que accedieron a la tercera fase de la Uni¨®n Monetaria. El d¨¦ficit presupuestario se reducjo en 3,5 puntos en el bienio 1996-97, situ¨¢ndose en el 2,6%, de los que 3,1 puntos correspondieron a una reducci¨®n del d¨¦ficit estructural (Informe OCDE 2000 sobre Espa?a).

Despu¨¦s del ingreso en la UEM, la pol¨ªtica macroecon¨®mica ha ido dirigida a apoyar el crecimiento de la demanda interna, en tanto que la del bienio anterior estuvo marcada por la estabilidad y el crecimiento de la demanda exterior. El desbordamiento de la demanda interna se ha debido a la rebaja del impuesto sobre la renta de las familias, la reducci¨®n del tipo de inter¨¦s y el aumento del empleo, que ha impulsado al alza la renta disponible de las familias y, por tanto, el consumo; la ca¨ªda de los tipos de inter¨¦s y el crecimiento de la demanda de los hogares ha incentivado la inversi¨®n empresarial.

Debido a la imposibilidad de utilizar los tipos de inter¨¦s para cortar la demanda interna, el ¨²nico instrumento que queda en poder del Gobierno (aparte de las reforma de los mercados de bienes y servicios para introducir mayor competencia y la reforma del mercado de trabajo) es la utilizaci¨®n de la pol¨ªtica presupuestaria tal y como ha sido dise?ada en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el Gobierno se ha limitado a cumplir el Pacto de Estabilidad en cuanto a la reducci¨®n del d¨¦ficit, inclusive estableciendo contabilidad creativa en determinados supuestos. La consecuencia ha sido la persistencia del diferencial de inflaci¨®n con respecto a la media de los pa¨ªses de la UEM.

Desde la entrada de Espa?a en la Uni¨®n Monetaria, parece que el Gobierno se ha desentendido del control de la inflaci¨®n, ya que en junio de 1998 era s¨®lo dos d¨¦cimas superior a la media de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea; un a?o despu¨¦s -mayo de 1999- el diferencial era de un punto; a finales de mayo de 2001 segu¨ªa pr¨¢cticamente con el mismo diferencial (1,1 puntos); en diciembre de 2001 fue de 0,9 puntos, y la publicaci¨®n reciente del ¨ªndice de precios al consumo armonizado del mes de octubre del corriente sit¨²a la inflaci¨®n espa?ola en el 4%, el doble del objetivo del BCE como media del la zona euro y de la previsi¨®n del Gobierno en el Presupuesto 2002, con un diferencial de 1,8 puntos con respecto a la media de la UE, que supone un diferencial de inflaci¨®n acumulada en el periodo de cinco puntos. Todos los techos se han desbordado y la situaci¨®n ha devenido preocupante; al final, como era de esperar y tantas veces hemos anunciado, la econom¨ªa espa?ola ha entrado en un panorama sombr¨ªo: la inflaci¨®n ha empezado a golpear sobre el paro y sobre la balanza de pagos por cuenta corriente y los desequilibrios econ¨®micos comienzan a aflorar.

Como hemos dicho en varias ocasiones, la base para la credibilidad presupuestaria se encuentra en su transparencia, principio que, por otra parte, se recoge en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Podemos decir que la informaci¨®n que acompa?a a los Presupuestos Generales del Estado es superabundant¨ªsima, pero inconexa, no poniendo de manifiesto la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas p¨²blicas.

Las finanzas p¨²blicas han constituido el escollo fundamental en el camino del proceso espa?ol de convergencia. A finales de 1995 el d¨¦ficit del conjunto de las administraciones p¨²blicas alcanz¨® el 6,5% del PIB y la deuda p¨²blica el 64%. A 31 de diciembre de 1997, dichos indicadores no deb¨ªan rebasar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

El Gobierno surgido de las elecciones de 1996 implant¨® una nueva estrategia de estabilidad y convergencia, rompiendo con el modelo presupuestario que domin¨® desde 1985. El nuevo Gobierno se encontr¨® con un Presupuesto en marcha, que era el de 1995 prorrogado y adaptado a 1996. Para retomar la senda de la convergencia, adopt¨® en mayo un acuerdo de no disponibilidad de cr¨¦dito por un importe de 200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de gasto.

Para el a?o 1997, a?o definitivo para conseguir la entrada en la Uni¨®n Monetaria, el Gobierno elabor¨® un Presupuesto enormemente restrictivo. S¨®lo aument¨® el 1,7% en t¨¦rminos monetarios, lo que supuso una reducci¨®n en pesetas constantes. Por primera vez desde hac¨ªa much¨ªsimos a?os los gastos de funcionamiento de los servicios del Estado experimentaron una reducci¨®n con respecto a 1996, tanto en t¨¦rminos monetarios como reales.

La reducci¨®n del d¨¦ficit y de la deuda p¨²blica y la credibilidad que los mercados otorgaron al Presupuesto para 1997 dieron lugar a una reducci¨®n del tipo de inter¨¦s a largo plazo que, junto a la rebaja de la inflaci¨®n que se dio de manera sostenida, en parte debido a la pol¨ªtica monetaria del Banco de Espa?a, hizo posible que Espa?a se encontrase entre los pa¨ªses que accedieron a la tercera fase de la Uni¨®n Monetaria. El d¨¦ficit presupuestario se reducjo en 3,5 puntos en el bienio 1996-97, situ¨¢ndose en el 2,6%, de los que 3,1 puntos correspondieron a una reducci¨®n del d¨¦ficit estructural (Informe OCDE 2000 sobre Espa?a).

Despu¨¦s del ingreso en la UEM, la pol¨ªtica macroecon¨®mica ha ido dirigida a apoyar el crecimiento de la demanda interna, en tanto que la del bienio anterior estuvo marcada por la estabilidad y el crecimiento de la demanda exterior. El desbordamiento de la demanda interna se ha debido a la rebaja del impuesto sobre la renta de las familias, la reducci¨®n del tipo de inter¨¦s y el aumento del empleo, que ha impulsado al alza la renta disponible de las familias y, por tanto, el consumo; la ca¨ªda de los tipos de inter¨¦s y el crecimiento de la demanda de los hogares ha incentivado la inversi¨®n empresarial.

Debido a la imposibilidad de utilizar los tipos de inter¨¦s para cortar la demanda interna, el ¨²nico instrumento que queda en poder del Gobierno (aparte de las reforma de los mercados de bienes y servicios para introducir mayor competencia y la reforma del mercado de trabajo) es la utilizaci¨®n de la pol¨ªtica presupuestaria tal y como ha sido dise?ada en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el Gobierno se ha limitado a cumplir el Pacto de Estabilidad en cuanto a la reducci¨®n del d¨¦ficit, inclusive estableciendo contabilidad creativa en determinados supuestos. La consecuencia ha sido la persistencia del diferencial de inflaci¨®n con respecto a la media de los pa¨ªses de la UEM.

Desde la entrada de Espa?a en la Uni¨®n Monetaria, parece que el Gobierno se ha desentendido del control de la inflaci¨®n, ya que en junio de 1998 era s¨®lo dos d¨¦cimas superior a la media de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea; un a?o despu¨¦s -mayo de 1999- el diferencial era de un punto; a finales de mayo de 2001 segu¨ªa pr¨¢cticamente con el mismo diferencial (1,1 puntos); en diciembre de 2001 fue de 0,9 puntos, y la publicaci¨®n reciente del ¨ªndice de precios al consumo armonizado del mes de octubre del corriente sit¨²a la inflaci¨®n espa?ola en el 4%, el doble del objetivo del BCE como media del la zona euro y de la previsi¨®n del Gobierno en el Presupuesto 2002, con un diferencial de 1,8 puntos con respecto a la media de la UE, que supone un diferencial de inflaci¨®n acumulada en el periodo de cinco puntos. Todos los techos se han desbordado y la situaci¨®n ha devenido preocupante; al final, como era de esperar y tantas veces hemos anunciado, la econom¨ªa espa?ola ha entrado en un panorama sombr¨ªo: la inflaci¨®n ha empezado a golpear sobre el paro y sobre la balanza de pagos por cuenta corriente y los desequilibrios econ¨®micos comienzan a aflorar.

Como hemos dicho en varias ocasiones, la base para la credibilidad presupuestaria se encuentra en su transparencia, principio que, por otra parte, se recoge en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Podemos decir que la informaci¨®n que acompa?a a los Presupuestos Generales del Estado es superabundant¨ªsima, pero inconexa, no poniendo de manifiesto la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas p¨²blicas.