Corresponsabilidad social

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al suplemento establecido en diciembre de 1998 de las pensiones no contributivas en Andaluc¨ªa para 1999 respalda el derecho de la Junta a instrumentar ayudas sociales en el marco de sus competencias. El conflicto se plante¨® en marzo de 1999, cuando el Estado central vio en el establecimiento de la ayuda complementaria una vulneraci¨®n de sus competencias exclusivas en materia de r¨¦gimen econ¨®mico y legislaci¨®n b¨¢sica de la Seguridad Social. El alto tribunal viene a se?alar que la concesi¨®n de ayudas espec¨ªficas se encuadra en la competencia de Asuntos Sociales, que ostenta la Junta y que por tanto no vulnera la que el Estado tiene en materia de Seguridad Social.

El tema, que en t¨¦rminos pol¨ªticos tiene enjundia suficiente, es lamentablemente poco significativo en t¨¦rminos econ¨®micos. La modesta cuant¨ªa de la ayuda complementaria, 56,47 euros para todo el a?o, beneficiaba a unos 107.500 andaluces perceptores de pensiones no contributivas, lo que supon¨ªa un gasto de unos seis millones de euros. Sin embargo, viene a llamar la atenci¨®n sobre una cuesti¨®n mucho m¨¢s relevante: lo que reciben los pensionistas y c¨®mo las distintas administraciones inciden sobre ello. Todos debemos asumir que las comunidades aut¨®nomas tienen mayor¨ªa de edad desde hace tiempo y que pueden hacer pol¨ªtica econ¨®mica y social en el marco de la Constituci¨®n. Las llamadas a la corresponsabilidad en la pol¨ªtica impositiva que tan a menudo se hacen desde el Estado tambi¨¦n deben asumirse en la vertiente del gasto, reconociendo el papel de las distintas administraciones.

Alguien dijo que el grado de civilizaci¨®n de una sociedad se mide por c¨®mo trata a sus mayores. La falta de complicidad entre administraciones no deber¨ªa poner en entredicho objetivos b¨¢sicos como la asistencia a ciertos colectivos. Tampoco resulta ¨®ptimo que estas medidas sigan calendarios electorales o tengan car¨¢cter extraordinario, como el ya famoso decreto de la Junta. La situaci¨®n del sistema de protecci¨®n social en Espa?a reclama a gritos un nuevo consenso que, bas¨¢ndose en un n¨²cleo com¨²n, permita la mejora de la atenci¨®n a tramos de poblaci¨®n cada vez m¨¢s numerosos sin necesidad de innecesarios conflictos de competencias.

Rodrigo Buenaventura es consejero delegado de Consultores de Administraciones P¨²blicas (Grupo Analistas) www.grupoanalistas.com