Los peritos cifran en 21 millones la deuda tributaria de Ibusa

El informe pericial entregado a la juez que investiga la supuesta trama de corrupci¨®n en la c¨²pula de la Inspecci¨®n de Hacienda en Catalu?a descubre una deuda tributaria en la inmobiliaria Inversiones Barcelonesas Urbanas SA (Ibusa) entre 1986 y 1992 de 3.500 millones de pesetas (21,04 millones de euros) por el impuesto de sociedades. La empresa s¨®lo pag¨® en ese tiempo y por ese concepto siete millones de pesetas (42.000 euros).

Ibusa es propiedad de Bueno, ex candidato a la Generalitat por Alianza Popular en 1984

El informe fue remitido a la juez Elisabet Castell¨®, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 33 de Barcelona, el pasado d¨ªa 20 y ha sido redactado por los peritos Pedro Castro Merlos y Diego Artacho Mart¨ªn-Lagos. En las 258 p¨¢ginas que ocupa el documento los peritos revelan "irregularidades" en las inspecciones realizadas al grupo inmobiliario Ibusa por los inspectores Manuel Abella y Roger Bergua. Ambos est¨¢n imputados por los supuestos delitos de cohecho prevaricaci¨®n y falsedad en una causa que se investiga desde hace tres a?os.

Los peritos son muy contundentes cuando afirman que Bergua y Abella tardaron uno y dos meses, respectivamente, en realizar sus inspecciones. "En tan breve espacio temporal, y dada la complejidad de los expedientes, no han podido realizarse las actuaciones de comprobaci¨®n e investigaci¨®n necesarias para una correcta verificaci¨®n de la situaci¨®n fiscal de las empresas investigadas", aseguran. M¨¢s adelante a?aden: "No es que no se hayan descubierto en las inspecciones hecho imponibles no declarados, sino que no hay documentaci¨®n que tales actuaciones se han llevado a cabo".

Ibusa es uno de los grupos inmobiliarios m¨¢s importantes de Barcelona y tiene m¨¢s de una treintena de sociedades filiales. Su propietario es Eduard Bueno, que fue candidato a la presidencia de la Generalitat en 1984 por Alianza Popular. La principal empresa del grupo es Inversiones Barcelonesas Urbanas SA (Ibusa). Esta sociedad fue inspeccionada por Manuel Abella y la teor¨ªa que sostiene la fiscal¨ªa es que Eduard Bueno pag¨® a Abella para que las inspecciones resultasen favorables a la empresa. Bueno est¨¢ imputado en el caso desde mayo de 2001 por un presunto delito de cohecho.

Las inspecciones realizadas por Abella entre 1986 y 1992 concluyeron con el pago de 7.054.960 pesetas (42.401 euros) en concepto de impuesto de sociedades. Ahora, los peritos han revisado los documentos y concluyen que aquellas inspecciones deber¨ªan haber concluido con el pago de 3.501 millones de pesetas (21,04 millones de euros). Los peritos aseguran que esta cuantificaci¨®n la realizan a partir de los documentos que pudo manejar Abella y que la cuesti¨®n es que no lo hizo.

"?reas de riesgo"

El informe relata que las irregularidades fiscales detectadas se concretaron, entre otros factores, en la concesi¨®n de pr¨¦stamos entre sociedades vinculadas del mismo grupo inmobiliario, en la anotaci¨®n de activos ficticios, en la no tributaci¨®n de las comisiones procedentes de la compraventa de inmuebles propiedad de terceros y en la falta de an¨¢lisis de las llamadas ¨¢reas de riesgo.

En cuanto a las inspecciones realizadas por Abella a la sociedad Promociones Bilmo SA, otra de las empresas del grupo, los peritos judiciales aprecian una deuda tributaria de 172 millones de pesetas (m¨¢s de un millones de pesetas) entre los a?os 1988 y 1992, tambi¨¦n en concepto de impuesto de sociedades. En ese periodo y por ese concepto, la empresa pag¨® a Hacienda poco m¨¢s de 16,2 millones de pesetas (97.400 euros). Finalmente, en relaci¨®n a las inspecciones realizas por Roger Bergua a Ibusa y Promociones Bilmo entre 1984 y 1988, los peritos consideran que les deber¨ªa haber aplicado una sanci¨®n m¨ªnima de 126,4 millones de pesetas (760.000 euros), cuando en realidad fue de 13,1 millones de pesetas (78.940 euros).

Manuel Troyano, abogado defensor de Bueno, asegur¨® este martes al conocer el contenido del informe que "las cuentas est¨¢n mal hechas y contiene una sarta de inexactitudes". En su opini¨®n, los peritos llegan a esa conclusi¨®n a partir del an¨¢lisis de documentos obtenidos tras un registro judicial y que Abella desconoc¨ªa. El letrado considera que, aunque fuesen ciertas las cifras del informe, se trata de periodos de tiempo que est¨¢n prescritos fiscalmente. Con todo, reconoci¨® que penalmente los hechos est¨¢n vigentes, pero a?adi¨® que ese informe no afecta para nada a la situaci¨®n de su cliente. "Seguimos sin saber nada del cohecho que le imputan a Bueno y eso es lo que se deber¨ªa investigar", a?adi¨®.