"La ley de juicios r¨¢pidos es inquisitorial, y adem¨¢s no reducir¨¢ la delincuencia"

El Gobierno del Partido Popular conf¨ªa en los juicios r¨¢pidos, que entrar¨¢n en funcionamiento el 28 de abril, para frenar la delincuencia, cuyo aumento en Madrid fue espectacular en 2002. Pedro Mart¨ªnez, segundo jefe de la fiscal¨ªa de Madrid, que integra a 175 fiscales, sostiene que la nueva ley que regula los juicios r¨¢pidos no ser¨¢ la panacea: "Es una ley innecesaria (desde hace a?os se celebran juicios r¨¢pidos); y en algunos aspectos, regresiva e inquisitorial; y adem¨¢s no reducir¨¢ la delincuencia". Es "regresiva" porque, entre otras cosas, quiebra el principio de que el juez que instruye no debe juzgar, y otorga al juez la facultad "de negociar" la conformidad del detenido con los hechos que se le imputen y le permite "decidir por s¨ª solo y sin ulterior recurso". Adem¨¢s, "aparta al fiscal de la instrucci¨®n" y deja en manos de la polic¨ªa la citaci¨®n de los detenidos para el juicio y que califique jur¨ªdicamente si un hecho es delito o falta.

"Es precisa la inmediata creaci¨®n de 25 juzgados de instrucci¨®n"

"La Comunidad deber¨ªa implantar un fondo para las mujeres separadas"

El teniente fiscal de Madrid asegura "que la nueva ley ser¨¢ in¨²til para disminuir la tasa delictiva". Y lo razona: "En su af¨¢n por conseguir sentencias r¨¢pidas, establece para el delincuente que se conforme con la pena solicitada por el fiscal, que obligatoriamente el juez tenga que reducir en una tercera parte la condena siempre que ¨¦sta sea inferior a tres a?os; y, adem¨¢s, obliga al juez a suspender la condena si el reo promete indemnizar a la v¨ªctima y, en caso necesario, se somete a un tratamiento de desintoxicaci¨®n". Estas medidas "provocar¨¢n un profundo desasosiego a la v¨ªctima, que ver¨¢ c¨®mo su agresor sale en libertad con la sentencia bajo el brazo. Adem¨¢s, es una medida que se contradice con la reforma de la prisi¨®n preventiva, pues los delincuentes optar¨¢n por conformarse con la pena para evitar as¨ª el juicio y la prisi¨®n preventiva, seg¨²n Mart¨ªnez.

Mart¨ªnez asegura que los juicios r¨¢pidos son "innecesarios" porque ¨¦stos ya estaba regulados. De hecho, Madrid y Barcelona celebraron el a?o pasado, entre ambas, "cerca de 2.000 vistas r¨¢pidas". Sostiene que Barcelona dispone de mejores medios judiciales que Madrid, y lamenta que, con vistas al incremento de medios para los juicios r¨¢pidos, la idea del Ministerio de Justicia sea equiparar a ambas capitales. "Madrid tiene una poblaci¨®n de 3.000.000 de habitantes y casi el doble de volumen de trabajo que la capital catalana, que tiene 1.500.000 habitantes".

-?Por qu¨¦ Madrid tiene ahora 46 juzgados de instrucci¨®n, m¨¢s otros cuatro que se van a crear (en total 50), y Barcelona, con la mitad de asuntos y poblaci¨®n que Madrid, posee 33?

-Madrid deber¨ªa contar con el doble de juzgados de instrucci¨®n que Barcelona. En Barcelona existe un juzgado de instrucci¨®n por cada 45.000 habitantes; y en Madrid, uno por cada 64.000. La capitalidad, el volumen de trabajo y la poblaci¨®n hacen que Madrid sea un hecho ¨²nico sin parang¨®n y sin referente, que necesita un tratamiento individualizado y de choque, por lo que es preciso la inmediata creaci¨®n de al menos 25 juzgados de instrucci¨®n. Eso s¨ª, con el correspondiente incremento de fiscales para reestablecer el equilibrio.

Desde 1992, Barcelona dispone de cuatro juzgados de guardia, uno m¨¢s que Madrid. Cuando entren en vigor los juicios r¨¢pidos, ambas ciudades dispondr¨¢n de cinco juzgados de guardia. Mart¨ªnez subraya que, dado su volumen de trabajo y poblaci¨®n, Madrid deber¨ªa tener al menos siete juzgados de guardia.

Los juicios r¨¢pidos no ser¨¢n posibles "con los cuatro nuevos juzgados de instrucci¨®n que se ofrecen y un quinto a medias. Esto degenerar¨¢", subraya el teniente fiscal de Madrid, "en una justicia inc¨®moda para el ciudadano y basura desde la perspectiva de las garant¨ªas procesales, que generara innumerables recursos".

Seg¨²n Mart¨ªnez, el incremento delictivo no se debe a que un "virus ha infectado la poblaci¨®n", sino a la "quiebra del Estado del bienestar y al creciente malestar social, a lo que hay que a?adir la falta de jueces y fiscales y la progresiva reducci¨®n de las fuerzas de seguridad del Estado". "Se ha publicado que Madrid necesita 10 nuevas comisarias; pero es que tambi¨¦n los puestos de la Guardia Civil han sido reducidos a la mitad".

Mart¨ªnez apuesta por potenciar el papel del fiscal y asimilarlo al que rige en Europa: "La investigaci¨®n debe ser impulsada y llevada a cabo por el fiscal, junto a un juez de garant¨ªas que, desde su independencia, vele porque se respeten los derechos fundamentales y el proceso". Tambi¨¦n se queja de la end¨¦mica falta de fiscales en Madrid, lo que les impide acudir a todos los actos judiciales a los que les obliga la ley. "Mientras los jueces tienen un cometido espec¨ªfico, unifuncional, el papel del fiscal es plurifuncional, pues interviene a la vez en la investigaci¨®n y en el enjuiciamiento". Mart¨ªnez pide medios para acercar a¨²n m¨¢s la fiscal¨ªa a los ciudadanos. "De los 19 partidos judiciales, s¨®lo tenemos sedes en Getafe, Legan¨¦s y M¨®stoles, y no existe paridad entre fiscales y juzgados, por lo que es imposible cubrir con dignidad y calidad todas nuestra obligaciones, salvo que se incremente la plantilla de la fiscal¨ªa".

Experto en Derecho de Extranjer¨ªa, Mart¨ªnez discrepa de quienes confunden "inmigraci¨®n con delincuencia". "No es la nacionalidad, sino el hambre, lo que fuerza a los hombres a realizar aquello que no quieren, y es en el contexto de la inmigraci¨®n donde se producen las mayores carencias sociales y, en consecuencia, el incremento de la delincuencia, de la que ellos son las primeras v¨ªctimas".

Opina Mart¨ªnez que dentro de los inmigrantes sin documentaci¨®n, "es preciso diferenciar entre el que trabaja y vive honradamente, cubriendo con su trabajo las carencias sociales, y aquellos otros, indeseables, que sencillamente son profesionales del delito. A los primeros", postula, "debe facilit¨¢rseles la residencia provisional, aunque hayan entrado ilegalmente, y para los segundos la respuesta penal debe ser contundente, y la expulsi¨®n si se trata de peque?a delincuencia".

Otro problema que preocupa a Mart¨ªnez es la violencia dom¨¦stica. Para atajarla, explica, "no basta con los juicios r¨¢pidos, es preciso incidir en las causas sociales que la provocan". Cree que no ayuda nada a solucionar este problema el hecho de que los juzgados de familia de Madrid, atestados de trabajo, "tarden siete meses en dictar las medidas provisionales" a las parejas que deciden separarse. Mart¨ªnez postula que, para los casos de c¨®nyuges que se nieguen a pagar la pensi¨®n, la Comunidad de Madrid "cree un fondo de pensiones" y sea ella misma la que, a trav¨¦s de sus servicios jur¨ªdicos o los de la fiscal¨ªa, se encargue de actuar luego contra el c¨®nyuge moroso. A su juicio, aumentar las penas contra los c¨®nyuges deudores "no soluciona el problema y no es m¨¢s que una prisi¨®n por deudas", lo que suele generar "multiples conflictos, humillaciones y situaciones de violencia a las que se ve sometida la mujer".

-?Qu¨¦ opina de la limitaci¨®n temporal del cargo de fiscal jefe?

-El car¨¢cter vitalicio de los cargos es una r¨¦mora sin sentido. Ahora existe un temor a que se utilice la posibilidad de destituci¨®n para alejar a determinados fiscales jefes de material sensible para el Gobierno o para el partido que lo sostiene. Esto se debe a dos cosas: primero, al peculiar momento pol¨ªtico que atravesamos, con un fiscal general [Jes¨²s Cardenal] que ha demostrado una profunda simbiosis con el Gobierno; y, por otra parte, a que el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal no establece garant¨ªas para que un futuro fiscal general pueda ser imparcial: habr¨ªa que fijar un plazo dentro del cual no pueda ser cesado por el Gobierno, sino por causas tasadas".