El Tribunal de Cuentas no halla delito en la gesti¨®n de Pell¨®n y Baviano en la Expo

El Tribunal de Cuentas ha sentenciado que los consejeros delegados de la Exposici¨®n Universal de Sevilla (1992) Jacinto Pell¨®n y Javier Baviano no cometieron ilegalidad alguna en los pagos que efectuaron a personal de la Expo por importe de casi cuatro millones de euros (652 millones de pesetas) en concepto de gratificaciones, compensaciones por vacaciones no disfrutadas e indemnizaciones por la extinci¨®n del contrato de trabajo.

La decisi¨®n del Tribunal de Cuentas esclarece acusaciones hechas en su momento por dirigentes del Partido Popular, que calificaron de irregularidades e incluso de corruptelas las acusaciones sobre mala gesti¨®n en los pagos a personal contratado para la Expo de Sevilla. En octubre de 1992, el presidente del PP, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, manifest¨® ante la Junta Directiva de su partido, que iba a ser "implacable" de la exigencia de an¨¢lisis de las cuentas de la Expo, y Francisco ?lvarez-Cascos, entonces secretario general del PP, a?adi¨® que los populares exig¨ªan transparencia en el balance econ¨®mico del certamen, "aunque ya hay demasiadas sombras de duda". En noviembre de 1997, el entonces portavoz adjunto del Grupo Popular Ram¨®n Aguirre manifest¨® que a los socialistas "ya no les va a bastar con pedir perd¨®n; s¨®lo les queda devolver todo el dinero p¨²blico que se han llevado. Los beneficiarios tendr¨¢n que pensar en devolverlo. Y nada de perdones". Aguirre adelant¨®: "Estamos a las puertas de pedir responsabilidades".

Esas declaraciones fueron realizadas el mismo d¨ªa que varios medios de comunicaci¨®n, entre ellos este diario, public¨® un resumen del informe de la fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas sobre la Expo. En dicho informe se indicaba que las p¨¦rdidas de la muestra ascend¨ªan a 35.000 millones de pesetas.

El consejero del Tribunal de Cuentas Javier Medina Guijarro, en calidad de magistrado de la Secci¨®n de Enjuiciamiento de ese organismo, afirma en una sentencia dictada el pasado 26 de mayo que "no procede sino desestimar la pretensi¨®n de responsabilidad contable, ejercitada por el Abogado del Estado, en su escrito de demanda de fecha 22 de mayo de 2000, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal, contra don Jacinto Pell¨®n D¨ªaz y don Javier Baviano Hern¨¢ndez (...) por no apreciarse supuesto de responsabilidad contable alguno respecto de los tres extremos que constitut¨ªan dicha pretensi¨®n".

El magistrado del Tribunal de Cuentas se refiere a las acusaciones sobre el pago de gratificaciones en marzo y mayo de 1992, "sin estar previstas en convenio", por un importe de 221 millones de pesetas (1.330.457 de euros), y "los posibles pagos indebidos y excesivos" efectuados a los trabajadores en 1992 y 1993 en concepto de indemnizaci¨®n por extinci¨®n de los contratos de trabajo, por un importe global de 227 millones de pesetas (1.367.520 euros). Asimismo, no ve responsabilidad contable en el pago de compensaciones econ¨®micas, por importe de 203 millones de pesetas (1.220.054 euros) por el no disfrute de vacaciones anuales.

El magistrado incluye entre sus razonamientos que "las indemnizaciones para los trabajadores que cesaron en 1993, independientemente de que fueran despu¨¦s contratados por AGESA, estaban en consonancia con el r¨¦gimen legal que les amparaba (convenio colectivo o contrato laboral)".

El proceso de enjuiciamiento al que pone fin esta sentencia comenz¨® el 17 de diciembre de 1999, cuando "como consecuencia de irregularidades en la gesti¨®n" de la sociedad estatal Expo 92, detectadas en la fiscalizaci¨®n que realiz¨® el Tribunal de Cuentas, ¨¦ste estim¨® que pod¨ªa haber hechos constitutivos de delito.