?Corrupci¨®n estructural?

Los acontecimientos acaecidos en la Comunidad de Madrid y el goteo de noticias urban¨ªsticas consiguientes legitiman la pregunta de si en Espa?a la corrupci¨®n que parece vincular a la pol¨ªtica y al sector de la construcci¨®n es estructural, o se trata s¨®lo de casos contados. De la multitud de afluentes que ha tra¨ªdo la traici¨®n de dos diputados y la imposibilidad de investir a un presidente de la Comunidad de Madrid, fluye un cauce principal que no se debe olvidar: hay gente muy interesada en que Rafael Simancas, el candidato del PSOE, no pueda gobernar la Comunidad de Madrid; es la misma gente que se siente m¨¢s c¨®moda bajo el paraguas del PP que de la izquierda.

La corrupci¨®n estructural es un delito de lesa democracia, como hace ya bastantes a?os teoriz¨® Joaqu¨ªn Leguina en su ensayo Los r¨ªos desbordados. Por tres razones: porque aquellos que tienen la obligaci¨®n y el derecho de hacer las leyes (los partidos y su entorno) tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir; porque quien obtiene financiaci¨®n irregular arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades, utilizando adem¨¢s dinero p¨²blico; porque la financiaci¨®n ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido que la ejerce, no puede estar sujeta al control social ni al control interno de la formaci¨®n que supuestamente se beneficia de tan at¨ªpicos ingresos.

Repetimos la pregunta: ?es estructural la corrupci¨®n en el sector de la construcci¨®n en sus v¨ªnculos con los partidos pol¨ªticos y sus representantes? En este momento de crisis institucional conviene recordar algunas cosas que sucedieron en el pasado. El 17 de abril de 1991, el ministro de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell, convoc¨® a los presidentes de las grandes empresas constructoras para exhortarles -"en nombre del presidente del Gobierno [Felipe Gonz¨¢lez] y en el m¨ªo propio"- a no pagar comisiones a ning¨²n partido para obtener concesiones de obras. Asistieron a la reuni¨®n los presidentes de Ferrovial, Agrom¨¢n, Cubiertas y MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Tavora y Construcciones y Contratas (?c¨®mo ha cambiado en una d¨¦cada el sector de la construcci¨®n!). Tres a?os y medio despu¨¦s, Borrell reiter¨® la misma demanda, ya que las relaciones entre ese departamento ministerial con las empresas de la construcci¨®n "han conocido de cerca situaciones de corruptelas y corrupci¨®n en quienes se presentan como servidores p¨²blicos y no son sino servidores de su propia codicia. Tambi¨¦n el sector privado ha preferido ganancias especulativas y ocultaci¨®n fiscal a la honesta dedicaci¨®n a la mejoras de su empresa".

Antes de eso hab¨ªa ocurrido el caso Naseiro, en el que se formularon m¨²ltiples acusaciones cruzadas sobre la financiaci¨®n irregular de los partidos pol¨ªticos y en el que qued¨® al descubierto la proliferaci¨®n de pr¨¢cticas irregulares en la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas. M¨¢s adelante, se descubri¨® el fraude de las facturas falsas del impuesto sobre el valor a?adido (IVA) por una cuant¨ªa inicial que superaba los 5.000 millones de pesetas, y que volvi¨® a remover las sospechas sobre la pr¨¢ctica del pago de comisiones por las constructoras a los partidos pol¨ªticos a cambio de contratos: algunas empresas constructoras adquir¨ªan facturas falsas en las que se simulaban operaciones inexistentes para fabricar dinero negro destinado a ciertos pagos que no pod¨ªan figurar en la contabilidad, como las donaciones irregulares a los partidos, la compraventa de terrenos e inmuebles a precios muy superiores a los escriturados para eludir el pago de impuestos, y el abono de complementos a altos directivos de las empresas, que no se declaraban a Hacienda.

Coincidiendo con la crisis institucional de Madrid, un grupo de magistrados y personalidades internacionales acaba de lanzar en Par¨ªs un manifiesto contra la corrupci¨®n pol¨ªtico-financiera, bajo el eslogan de "No podemos dejar que la corrupci¨®n se extienda en el coraz¨®n del poder". Este manifiesto es la segunda parte del Llamamiento de Ginebra, que se firm¨® en 1996.