Los procesos de Santiago

Aunque no fue una creaci¨®n original, la desaparici¨®n de personas en masa result¨® una de las principales aportaciones del r¨¦gimen del general Augusto Pinochet a la historia reciente de los llamados cr¨ªmenes contra la humanidad en Am¨¦rica Latina. El m¨¦todo se inspir¨® en el decreto secreto nazi del 7 de diciembre de 1941 por el cual se ordenaba la desaparici¨®n de personas en la "niebla de la noche" con el prop¨®sito de aniquilar la resistencia en los pa¨ªses europeos ocupados por el Ej¨¦rcito alem¨¢n. Se trataba de no dejar rastros de las personas secuestradas y asesinadas clandestinamente. Sus autores intelectuales, entre ellos el coronel Manuel Contreras, director de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta de Pinochet, estimaban que as¨ª se garantizaba la eliminaci¨®n de los detenidos. Hac¨ªa, adem¨¢s, muy dif¨ªcil cualquier investigaci¨®n judicial de los hechos. Y, por ¨²ltimo, permit¨ªa confundir a los familiares y la opini¨®n p¨²blica sobre el paradero y las razones de las desapariciones.

El r¨¦gimen militar se inspir¨® en un decreto de Hitler para implantar las desapariciones

En 2001, el Gobierno design¨® cinco jueces especiales para acelerar los procesos

Era, pues, la versi¨®n militar del crimen perfecto. Pinochet, adem¨¢s, intent¨® dejar todo atado y bien atado. En abril de 1978, la junta militar aprob¨® el decreto ley de amnist¨ªa n¨²mero 2.191, elaborada por la ministra de Justicia, M¨®nica Madariaga, prima de Pinochet, por el cual el Gobierno conced¨ªa la "amnist¨ªa a todas las personas que, en calidad de autores, c¨®mplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situaci¨®n de estado de sitio entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978". El decreto hac¨ªa, por presi¨®n del presidente norteamericano Jimmy Carter, una sola excepci¨®n: no se pod¨ªa aplicar a los responsables del asesinato del ex ministro de Allende Orlando Letelier, en Washington el 21 de septiembre de 1976.

Durante la dictadura, la justicia rechaz¨® casi por definici¨®n los h¨¢beas corpus o recursos de amparo, una instituci¨®n jur¨ªdica fundamental para garantizar la integridad de las personas. Era el equivalente de una sentencia de muerte o una condena a la desaparici¨®n. La justicia no cre¨ªa a los familiares del secuestrado. Por tanto, la DINA pod¨ªa hacer lo que se le antojara con el prisionero.

El informe de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad y Reconciliaci¨®n, creada durante la presidencia de Patricio Aylwin, dio cuenta el 8 de febrero de 1991 de que los muertos durante la dictadura se elevaban a 1.068 personas y los desaparecidos a 957, cifras que m¨¢s tarde fueron incrementadas.

En 1995, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el general retirado Manuel Contreras y su segundo, el general Pedro Espinoza Bravo, fueron condenados a siete a?os y seis a?os de prisi¨®n, como autores intelectuales del asesinato de Letelier. Cuando recuperaron su libertad, en el a?o 2000, Chile hab¨ªa cambiado. Pinochet hab¨ªa permanecido bajo arresto domiciliario en el Reino Unido durante 17 meses y, aunque ya estaba de regreso, la justicia chilena ya no era la misma.

Los ministros de fuero (jueces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema) ya hab¨ªan dado con una f¨®rmula para eludir la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa a los casos de las personas desaparecidas. Al no aparecer nunca los cuerpos de las v¨ªctimas, estos casos, calificados como secuestros permanentes, no entraban dentro de los supuestos previstos. Hab¨ªa, ante todo, que investigar, establecer los hechos, y dictar, si cab¨ªan, las sentencias correspondientes. En el caso de las personas ejecutadas, cuyos cuerpos se hab¨ªan identificado, los jueces consideraron que la ley de amnist¨ªa s¨®lo podr¨ªa ser considerada una vez que las investigaciones establecieran los hechos.

El retorno de Pinochet a Chile en marzo de 2000, que fue seguido por su desafuero como senador vitalicio y el procesamiento por su participaci¨®n en los hechos de la caravana de la muerte -la desaparici¨®n y ejecuci¨®n, en octubre de 1973, de la mayor¨ªa de 75 detenidos en el norte de Chile-, fue un acicate para otras investigaciones. Y aunque Pinochet escap¨® a la justicia por presunta "demencia vascular", la investigaci¨®n judicial sigui¨® adelante en toda las causas.

Seg¨²n los abogados del Programa de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior, hoy suman unos 240 los llamados "agentes del Estado" procesados, mientras que los condenados ascienden a 21, estos ¨²ltimos por hechos posteriores a 1978. Entre los procesados, 26 son generales, de los que 19 pertenecen al ej¨¦rcito.

El juez l¨ªder en las investigaciones fue desde primeros de 1998 el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzm¨¢n. Sin embargo, al concentrar en su juzgado todas las causas contra Pinochet, los procedimientos avanzaban muy lentamente. A primeros de 2001, el Gobierno propuso la designaci¨®n de cinco jueces especiales para complementar la actividad de Guzm¨¢n.

"Soy optimista. Lo que ha pasado en Chile con la justicia no tiene precedentes en otras partes del mundo. El arresto de Pinochet abri¨® las compuertas de la acci¨®n. La composici¨®n de la Corte Suprema hab¨ªa preparado las condiciones. Y cuando se present¨® la oportunidad con la detenci¨®n de Pinochet, las cosas se aceleraron", dice Nelson Caucoto.

Entre las causas que lleva Caucoto est¨¢ la de los asesores y escoltas del presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. M¨¢s de veinte de ellos fueron confinados y torturados en el regimiento Tacna. Y desde all¨ª se los traslad¨® hasta el campo militar de Peldehue. El 13 de septiembre de 1973 fueron ejecutados y lanzados a una fosa com¨²n. Quince a?os m¨¢s tarde, sus cuerpos fueron exhumados y, en algunos casos, lanzados al mar, seg¨²n ha declarado recientemente el suboficial que condujo el helic¨®ptero.

"Las confesiones comienzan a generalizarse. El paso del tiempo, el cambio biol¨®gico de personas que han cargado con esta experiencia durante 30 a?os, la presi¨®n de sus propios familiares, todo ello contribuye a que muchos digan la verdad ante los jueces. Y ¨¦stos han perdido el miedo. Hoy no vacilan en tomar declaraci¨®n a generales o comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas", se?ala Caucoto.

Otro de los casos estrella, el del asesinato del ex comandante en jefe del Ej¨¦rcito chileno Carlos Prats, en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, tambi¨¦n ha conocido avances tan r¨¢pidos como significativos. Dicho caso, que permanece abierto en Argentina -donde ya hubo una sentencia condenatoria a cadena perpetua-, llev¨® a la justicia bonaerense a solicitar la extradici¨®n de Pinochet, Contreras, Espinoza y otros implicados en el atentado terrorista. La justicia chilena concedi¨® la extradici¨®n, pero conforme al convenio con Argentina se comprometi¨® a juzgar a los responsables en Chile. El 24 de febrero de 2003, el ministro de fuero Alejandro Sol¨ªs proces¨® y orden¨® el arresto de los generales Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Ra¨²l Iturriaga Neumann y otros miembros de la DINA por el asesinato de Prats.

Por el momento, los jueces han dictado en todo este marem¨¢gnum recientemente s¨®lo dos sentencias condenatorias .