La banca extreme?a 'pasa por caja'

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, se ha salido con la suya de hacer que las cajas y bancos que operan en la comunidad aut¨®noma "coadyuven al desarrollo econ¨®mico" de ¨¦sta.

El impuesto grava entre el 0,3% y el 0,5% de los dep¨®sitos, en funci¨®n del volumen de recursos ajenos que maneje cada entidad

La reci¨¦n creada Consejer¨ªa de Hacienda y Presupuesto de la Junta de Extremadura cerr¨® el pasado 31 de julio el plazo para que las 35 instituciones de cr¨¦dito con negocio en la regi¨®n presentaran sus autoliquidaciones del impuesto sobre dep¨®sitos de las entidades financieras, m¨¢s conocido como impuesto a la banca. Cajas, bancos y cooperativas de cr¨¦dito acaban de pasar por primera vez por caja, pues el primer ejercicio de aplicaci¨®n del controvertido tributo -recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional- ha sido el de 2002.

En el primer a?o de vigencia, la cuota total a pagar por las cajas, bancos y cooperativas de cr¨¦dito sujetas al impuesto ascendi¨® a 42,4 millones de euros, si bien el importe l¨ªquido -restadas las deducciones por inversiones "de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social para la regi¨®n"- se ha quedado finalmente en 13,4 millones de euros. La Consejer¨ªa de Hacienda y Presupuesto realiza en la actualidad las comprobaciones oportunas para determinar la exactitud de las autoliquidaciones presentadas por las entidades financieras afectadas.

Sin precedentes

La decisi¨®n de una comunidad aut¨®noma de gravar los dep¨®sitos que la banca capta en su territorio no tiene precedentes en Espa?a y origin¨® una gran pol¨¦mica a finales del a?o 2001, cuando la Junta anunci¨® dicha iniciativa fiscal. El tributo est¨¢ recurrido ante el Tribunal Constitucional, que en octubre del 2002 decidi¨® levantar la suspensi¨®n cautelar que pesaba sobre el texto y autorizar su aplicaci¨®n hasta que haya una sentencia firme, algo que se puede demorar varios a?os. Los detractores del impuesto, encabezados por el Gobierno central, sostienen que no encaja ni en la Constituci¨®n ni en el derecho tributario, fundamentalmente porque consideran que el Ejecutivo aut¨®nomo carece de atribuciones para legislar en este terreno y porque grava actividades ya sometidas a tributaci¨®n.

El impuesto retiene una parte de los ahorros captados. Concretamente, grava entre el 0,3% y el 0,5% de los dep¨®sitos, en funci¨®n del volumen de recursos ajenos que maneje cada entidad. Funciona como la escala del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF): a m¨¢s dep¨®sitos, m¨¢s se paga.

Con ello se persigue "atajar el end¨¦mico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante d¨¦cadas un proceso de descapitalizaci¨®n y exportaci¨®n del ahorro", seg¨²n se recoge en la exposici¨®n de motivos de la ley que da forma al canon bancario. Ibarra ha reprochado siempre a la banca, sobre todo la nacional, que no se implicara lo suficiente en el desarrollo extreme?o mediante inversiones productivas, como s¨ª hacen las cajas de ahorro mediante la obra social. De hecho, la obra social de las cajas es deducible a la hora de liquidar el impuesto. Las entidades tienen ante s¨ª la disyuntiva de pagar a tocateja la parte proporcional que le corresponda en funci¨®n del volumen de dep¨®sitos o invertir dinero en las ¨¢reas de "inter¨¦s social" que marque cada a?o el Gobierno extreme?o.

Adem¨¢s, la ley contempla una deducci¨®n de 5.000 euros por oficina (7.500 euros si est¨¢ ubicada en poblaciones menores de 2.000 habitantes), con lo que se pretende ser m¨¢s sensible a las entidades que prestan servicios financieros en el medio rural. Asimismo, las cinco instituciones con sede en Extremadura se deducen otros 200.000 euros adicionales. Est¨¢n excluidos del tributo las secciones de cr¨¦dito de las cooperativas.