El vaiv¨¦n ling¨¹¨ªstico
La pol¨ªtica de la Generalitat para impulsar el catal¨¢n ha oscilado entre el fomento y la coerci¨®n
Lo primero que hizo el reci¨¦n llegado Gobierno de Jordi Pujol (1980) fue crear la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. En mayo, Aina Moll asum¨ªa esta delicada tarea. "Lo primero que me encarg¨® Max Cahner fue visitar todos los departamentos de la Generalitat para empezar a actuar dentro de la instituci¨®n. No ten¨ªamos ni tan siquiera funcionarios traspasados, como otros departamentos. Pero tampoco ten¨ªamos un aparato funcionarial que ven¨ªa de otros tiempos y nunca hab¨ªa so?ado que tendr¨ªa que trabajar en catal¨¢n". Moll estuvo dos legislaturas. "Lo m¨¢s gratificante fue la cohesi¨®n de todos los partidos. Hubo una respuesta magn¨ªfica de todos los sectores sociales, obviamente de los partidos nacionalistas y, muy en especial, de la izquierda, en cuyas filas hab¨ªa muchos castellanohablantes".
Una queja constante de la Generalitat es que el Gobierno central no ha considerado las lenguas cooficiales como patrimonio de todos
Moll recuerda que cuando se plante¨® la primera ley de normalizaci¨®n, Pujol le pidi¨® que se hiciera todo lo que se pudiese para avanzar, pero en plena concordia, sin conflicto social. Pocas semanas despu¨¦s del 23-F (1981), se publicaba el Manifiesto de los 2.300, que denunciaba los intentos de la Generalitat de convertir el catal¨¢n en la ¨²nica lengua oficial. "El manifiesto provoc¨® una reacci¨®n de apoyo a la Generalitat. Recuerdo un pliego de firmas de badaloneses con miles de firmas, de representantes de entidades y de ciudadanos de todas la clases, incluso algunos que firmaban con el dedo".
Muchas normas llegaban a los tribunales. La prolongada disputa forense sobre esta ley termin¨® en 1994 cuando el Constitucional ratific¨® la legalidad de aquella ley. Las claves de aquella primera etapa fueron el consenso y las pol¨ªticas de fomento. "Mi situaci¨®n era at¨ªpica. Era una independiente, a muchos pol¨ªticos los conoc¨ªa de haber estado juntos en la resistencia cultural al franquismo, etc¨¦tera. En mi etapa no hubo grandes escaramuzas pol¨ªticas. Pero ocho a?os despu¨¦s todo ten¨ªa que ser distinto. La normalidad democr¨¢tica hace m¨¢s l¨®gico que el Gobierno ponga personas de su partido y que se entre en una situaci¨®n de debate donde cada uno defiende sus posturas".
Cuando la Generalitat lanz¨® la segunda ley del catal¨¢n, en 1996, el consenso estaba roto. Moll ya coment¨® entonces que la nueva ley no hac¨ªa falta, que hab¨ªa mucho recorrido todav¨ªa con la primera. "Con todo, creo que globalmente lo han hecho bien y no comparto el des¨¢nimo de algunos sobre la situaci¨®n del catal¨¢n. Las ¨²ltimas estad¨ªsticas no dan pie al pesimismo, casi toda la poblaci¨®n entiende el catal¨¢n y los peque?os retrocesos no son comparables a los aumentos demogr¨¢ficos empujados por la inmigraci¨®n. En cualquier caso, el uso del catal¨¢n no es una responsabilidad ¨²nica de los pol¨ªticos. Debe impulsarlo la sociedad".
El a?o 1996 consagrar¨¢ un cambio de talante, ya anunciado en circulares y normas anteriores. Aunque la Generalitat siempre ha hecho un complicado juego entre enunciados osados, leyes que lo son menos y que, finalmente, se ejecutan a medio gas, aquel a?o el consejero Pujals decidi¨® dar un paso conflictivo: exigir por ley atenci¨®n en catal¨¢n en el comercio. Nunca se hab¨ªa pretendido entrar a regular el uso interpersonal de la lengua. La propia Uni¨® hizo pasillos para rebajar el proyecto, que finalmente lleg¨® al Parlament recortado y se aprob¨® sin consenso a finales de 1997. A principios de 2003, el conseller en cap, Artur Mas, anunciaba que iban a apretar las tuercas en la aplicaci¨®n de esta ley, pero el decreto que deb¨ªa hacerlo se centraba en exigir a los ayuntamientos que aplicaran la ley en lo que respecta a la apertura de comercios y rotulaci¨®n en catal¨¢n. El n¨²cleo del debate estuvo, y est¨¢, en los derechos individuales. Quienes defienden su total respeto consideran que las leyes tienen que contemplar el biling¨¹ismo real de la sociedad catalana. Critican que de un art¨ªculo estatutario declarativo -"el catal¨¢n es la lengua propia"- se quiera derivar una prescripci¨®n que da al castellano una oficialidad de segundo rango. Quienes defienden que la supervivencia del catal¨¢n es un valor superior y un derecho colectivo replican que la Constituci¨®n consagra la "obligaci¨®n" de todos los espa?oles de conocer el castellano. ?Por qu¨¦?, argumentan, ?el castellano puede ser obligatorio y el catal¨¢n s¨®lo un derecho? En cualquier caso, la sociedad catalana ha mantenido la convivencia a pesar de episodios desgraciados y vaivenes pol¨ªticos.
Una queja constante de la Generalitat es que el Gobierno central nunca ha considerado las lenguas cooficiales en Espa?a como patrimonio de todos e incumple la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. En la UE ampliada, el catal¨¢n es la novena lengua con m¨¢s hablantes, por encima, en este palmar¨¦s demogr¨¢fico, de otras admitidas como oficiales.
Jordi Roig¨¦ es el actual responsable de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. Durante su mandato no se ha aplicado ninguna sanci¨®n. "S¨®lo ha habido apertura de expedientes que se han solucionado sin llegar a la sanci¨®n". Roig¨¦ est¨¢ convencido de que, en este terreno, las leyes tienen que crecer al mismo ritmo que la voluntad de la poblaci¨®n y que "no tiene sentido hacer una nueva ley sin un nuevo estatuto que la ampare". Roig¨¦ defiende que la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica ha sido "suave, pero ¨²til". "Hace 20 a?os est¨¢bamos preocupados por el porcentaje de ciudadanos que conoc¨ªan el catal¨¢n, ahora se ha desplazado hacia el uso, estamos en otro estadio de preocupaciones". Ahora, la m¨¢xima actividad del departamento est¨¢ en las campa?as de sensibilizaci¨®n como la de En catal¨¤ tu hi guanyes, dirigida al comercio. "No se trata de apelar a argumentos patri¨®ticos, sino a los de utilidad". El ¨²ltimo es el movimiento de Voluntaris per la Llengua. Sus voluntarios dedican unas horas a charlar con personas, generalmente inmigrantes, que quieren aprender catal¨¢n. Algunas personas y no precisamente an¨®nimas, como Marta Ferrusola, han llegado a anunciar que la inmigraci¨®n conseguir¨¢ que las mezquitas desplacen al rom¨¢nico. Para otros, que la nueva inmigraci¨®n tambi¨¦n hable catal¨¢n no depende de su buena fe ni s¨®lo de una pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. Se trata de que puedan vivir, no s¨®lo estar o sobrevivir, en Catalu?a.
Algunos episodios
1981. La socialista Marta Mata presenta una proposici¨®n no de ley para evitar la doble l¨ªnea escolar. CDC se opone, pero el argumento de que puede consagrar dos comunidades convence a CDC. En marzo se publica el Manifiesto de los 2.300. El 24 de junio, el reci¨¦n creado movimiento Crida a la Solidaritat llena el Camp Nou. El apoyo del PSC se romper¨¢ con sus cr¨ªticas a la LOAPA y CiU se distanciar¨¢ al no controlarlo totalmente.
1983. Se aprueba por consenso la Ley del Catal¨¢n.
1990. August Rafanell y Albert Rossich profetizan la desaparici¨®n del catal¨¢n en 50 a?os para llamar la atenci¨®n sobre su supervivencia.
1992. Carta de la Real Academia al presidente del Gobierno manifestando su preocupaci¨®n por la supervivencia del castellano en algunas comunidades. Acad¨¦micos como Pere Gimferrer se desmarcan. La Generalitat impone el catal¨¢n como lengua vehicular de la ense?anza. Un grupo de padres de Salou y Tarragona lleva la medida en los tribunales.
1993. La Crida se disuelve.
1994. Manifiesto por la tolerancia. Lo suscriben 14.000 personas. El documento denuncia la inmersi¨®n escolar, que la Generalitat atropella los derechos individuales y critica a la izquierda. El 23 de diembre, el Constitucional ratifica la ley del catal¨¢n de 1983.
1997. Inicia sus actividades el Foro Babel. El PP y ERC votan, por distintas razones, contra la segunda ley del catal¨¢n.
1998. La Generalitat prepara cinco decretos. Uno obliga a las distribuidoras a doblar al catal¨¢n un porcentaje de los filmes m¨¢s taquilleros. Las majors amenazan que dejar¨¢n de estrenar en Catalu?a. Una setencia en 1999, que anula dos art¨ªculos, permite a la Generalitat desistir del intento.
Una sociedad pluriling¨¹e
El profesor Albert Branchadell ve terrorismo sem¨¢ntico en quienes dan por enterrado el catal¨¢n. "En el peor de los casos podr¨ªamos hablar de estancamiento. El problema es que hay expectativas no cumplidas. Se pens¨® que catalanizando la Administraci¨®n y la ense?anza se desplazar¨ªa el uso del castellano en las relaciones interpersonales, y ello no ha sucedido. Las leyes catalanas no han entrado en este terreno, que vulnerar¨ªa los l¨ªmites de lo permisible". Quiz¨¢, comenta Branchadell, se ha cre¨ªdo demasiado en que todas las posibilidades de desarrollo est¨¢n en la "estatalidad" y ha habido un exceso de expectativas sobre lo que puede hacer el poder pol¨ªtico. Branchadell no cree en un biling¨¹ismo perfecto porque el catal¨¢n est¨¢ en una posici¨®n m¨¢s d¨¦bil. "Ello justifica una pol¨ªtica que haga obligatoria una lengua de manera no exclusiva. No puedes prohibir el uso de una lengua, pero puedes exigir el uso de una lengua como hacen en muchas democracias". El problema, a?ade Branchadell, es que en el debate ling¨¹¨ªstico se piensa en t¨¦rminos de objetivos nacionalistas y no en t¨¦rminos de derechos. "Catalu?a ya no llega a tiempo a ser un Estado monoling¨¹e, el proyecto m¨¢ximo es el predominio del catal¨¢n en una sociedad pluriling¨¹e. Ahora, un catal¨¢n no puede vivir en catal¨¢n en su propia comunidad". Branchadell lamenta que la Generalitat y la sociedad no hayan sido capaces de adquirir compromisos ling¨¹¨ªsticos, desde el cine hasta las empresas.
El catedr¨¢tico Francesc de Carreras, firmante del Foro Babel, afirma que el balance de estos a?os es de degradaci¨®n en el respeto de los derechos ling¨¹¨ªsticos. "Hasta la ley de 1983 se hace una interpretaci¨®n correcta del Estatut. La ley de 1983 es excelente: establece el catal¨¢n como lengua preferente en la Administraci¨®n y la educaci¨®n, pero prev¨¦ una equiparaci¨®n de la oficialidad de las dos lenguas y respeta la opci¨®n ling¨¹¨ªstica del ciudadano". El conflicto se presenta ya en la aplicaci¨®n de esta ley. "Hasta 1992, el uso del catal¨¢n como lengua vehicular de la ense?anza se hace por decisi¨®n, m¨¢s o menos inducida, de los consejos escolares. Pero este a?o, a trav¨¦s de una circular, se impone a todas las escuelas, vulnerando el esp¨ªritu de 1983. Cuando se cita la sentencia del Constitucional que respalda la ley se ha de precisar que no sanciona su aplicaci¨®n. Si no se hace esta precisi¨®n, hay ignorancia o mala fe". La ley en vigor desde 1998, explica Carreras, empeorar¨¢ las cosas. "Lo que ocurre es que se aplica a medias para evitar conflictos".
Carreras considera imposible hablar de derechos colectivos fundamentales. "Los derechos tienen un titular individual aunque haya algunos, como el de asociaci¨®n, que no pueden ejercerse m¨¢s que colectivamente. Cuando se habla de que la Constituci¨®n fija la obligaci¨®n del castellano, establece una presunci¨®n: nadie podr¨¢ alegar que no conoce el castellano, de la misma manera que el ciudadano de Catalu?a no puede alegar que no conoce el catal¨¢n para incumplir sus obligaciones, aunque puede solicitar a la Administraci¨®n que se le dirija en castellano". El problema, para Carreras, no es entablar una disputa de derechos, sino respetar las distintas sensibilidades que hay en Catalu?a desde la perspectiva de que el biling¨¹ismo abre las mentalidades y es una riqueza.
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