La Cartuja, hecha a?icos

La loza de La Cartuja est¨¢ al borde de convertirse en a?icos. El futuro de la compa?¨ªa sevillana, una de las f¨¢bricas de cer¨¢mica m¨¢s famosas de Europa, y de sus trabajadores pende de un hilo debido a problemas de gesti¨®n y a su elevada deuda, que han puesto a la empresa al borde de la quiebra. Su propietario, ?lvaro Ruiz de Alda, ha anunciado a sus 132 empleados que s¨®lo tiene liquidez para pagar sus n¨®minas hasta finales de mes, y los empleados han denunciado en los juzgados la gesti¨®n del empresario. La ¨²nica salida parece la venta de la compa?¨ªa. Sindicatos y administraciones mantienen contactos con empresas del sector para vender, y salvar, La Cartuja.

Durante cuatro meses, los trabajadores aguantaron sin salario y sin cobrar el paro, para no ser considerados despedidos

Si Charles Pickman levantara la cabeza ver¨ªa roto el proyecto empresarial que sustenta desde hace m¨¢s de siglo y medio una de las f¨¢bricas de loza m¨¢s conocidas de Europa. Pickman, de una familia de comerciantes de Liverpool, aprovech¨® la desamortizaci¨®n de los bienes de la Iglesia dictada en Espa?a a principios del siglo XIX para adquirir en 1839 el monasterio de la Cartuja de Sevilla. All¨ª instal¨® una f¨¢brica en la que la maestr¨ªa y las materias primas ven¨ªan del imperio brit¨¢nico y el trabajo (a bajo coste) lo pon¨ªan los aprendices andaluces. En poco tiempo, las colecciones de cer¨¢mica hechas en Sevilla con dise?os brit¨¢nicos ganaron fama y fueron habituales como objeto de regalo entre las familias m¨¢s distinguidas, am¨¦n de ocupar un espacio en el menaje de las principales casas reales. Pickman-La Cartuja, ya en manos de empresarios espa?oles, aguant¨® con dignidad hasta la segunda mitad del siglo XX, pero desde hace dos d¨¦cadas bordea la desaparici¨®n, una amenaza que nunca ha estado m¨¢s cerca que ahora.

El principio de la pesadilla para los 132 trabajadores empez¨® con una carta que les envi¨® el propietario de la firma, ?lvaro Ruiz de Alda (due?o de la firma ceramista asturiana San Claudio), el pasado 5 de febrero. En ella les informaba de que no hab¨ªa podido afrontar un pr¨¦stamo hipotecario de 1,5 millones de euros con Patrimonio de Rumasa (empresa estatal), por lo que los terrenos de la f¨¢brica y las instalaciones (en el municipio sevillano de Salteras desde 1970) hab¨ªan pasado a titularidad de la empresa p¨²blica. Ruiz de Alda aseguraba tambi¨¦n que Patrimonio de Rumasa deb¨ªa hacerse cargo de "los contratos de trabajo de todo el personal". Pero los empleados, cuando se dirigieron a la Seguridad Social, comprobaron que les hab¨ªan dado de baja.

La Delegaci¨®n del Gobierno central en Andaluc¨ªa sostuvo ante los trabajadores que la cesi¨®n de esos bienes por la ejecuci¨®n de la garant¨ªa hipotecaria no supon¨ªa la transmisi¨®n de la empresa. Y les dej¨® claro que la patata caliente segu¨ªa siendo de Ruiz de Alda. Durante cuatro meses, los trabajadores aguantaron sin salario y sin cobrar el paro para no ser considerados despedidos. Sus protestas ante las administraciones central y auton¨®mica dieron frutos y ambas se comprometieron a reponer los salarios perdidos. Y en junio, una sentencia del Juzgado de lo Social n¨²mero 11 de Sevilla oblig¨® a Ruiz de Alda a readmitir a los trabajadores por considerar su baja un despido nulo.

A pesar del respaldo judicial y de las administraciones, presionadas por el valor hist¨®rico de La Cartuja en Sevilla (su colecci¨®n de archivos y cer¨¢mica fue catalogada en 1998 bien de inter¨¦s cultural), la situaci¨®n de la empresa se ha deteriorado. Los representantes de Ruiz de Alda anunciaron hace dos semanas que s¨®lo tienen liquidez para pagar n¨®minas hasta finales de mes y agitaron el fantasma de una quiebra. En los ¨²ltimos d¨ªas, los sindicatos y las administraciones han redoblado los contactos con empresas del sector para realizar una operaci¨®n de venta, a la que ahora Ruiz de Alda no pone pega alguna.

Operaci¨®n compleja

Pero la operaci¨®n es muy compleja. La empresa no ha sido capaz de reducir la deuda que hered¨® en 1985 (2,5 millones de euros) cuando el Gobierno regal¨® al grupo Invert¨¦cnica la firma tras la expropiaci¨®n de Rumasa. Ni tampoco de hacer frente al pr¨¦stamo hipotecario de 1,5 millones que ahora ha sido ejecutado. La Seguridad Social ha embargado una de las marcas por otra deuda y ha impugnado la otra. Es decir, Ruiz de Alda es el titular de la empresa, pero casi todo lo dem¨¢s est¨¢ ahora en manos del Gobierno central, que est¨¢ dispuesto a facilitar la venta. Los representantes del Ejecutivo no han concretado si est¨¢n dispuestos a volver a regalar La Cartuja con la esperanza de que un nuevo propietario acabe con la sucesi¨®n de p¨¦simos proyectos empresariales (Invert¨¦cnica suspendi¨® pagos, el empresario Enrique Tatay tuvo que afrontar acusaciones de tr¨¢fico de drogas) que, seg¨²n los sindicatos, rayan lo negligente: un juez acaba de admitir una denuncia de los trabajadores para investigar si Ruiz de Alda intent¨® provocar el cierre de la empresa para anular las marcas y beneficiar as¨ª a otras firmas de su grupo, que hacen piezas muy similares a las de La Cartuja.