"Un modelo basado en la libre asociaci¨®n con el Estado espa?ol"

El nuevo Estatuto Pol¨ªtico de la Comunidad de Euskadi, a cuya propuesta -que no proyecto de ley- dio ayer carta de naturaleza el Gobierno de Juan Jos¨¦ Ibarretxe, supone de hecho una articulaci¨®n completamente nueva de la actual comunidad aut¨®noma, que en diversos apartados choca con las previsiones constitucionales. El texto se esfuerza en plantear como principal fuente de legitimidad la propia voluntad de los vascos y su "derecho democr¨¢tico a decidir", invocando el principio internacional del derecho a la autodeterminaci¨®n y bajo el amparo de los derechos hist¨®ricos que reconocen expl¨ªcitamente tanto la Constituci¨®n como el Estatuto de Gernika.

Unilateralmente, se da valor jur¨ªdico a una serie de previsiones para que el Estado espa?ol se ci?a a dar por bueno lo que la Comunidad de Euskadi y el derecho democr¨¢tico de sus ciudadanos decidan.

El pueblo vasco tiene "identidad propia" en el conjunto de los pueblos de Europa

Las instituciones de la Comunidad de Euskadi regular¨¢n el ejercicio del refer¨¦ndum

El texto incorpora el derecho de autodeterminaci¨®n y la consulta popular

El nuevo Estatuto consta de un Pre¨¢mbulo, 69 cap¨ªtulos repartidos en un total de siete t¨ªtulos, una Disposici¨®n Transitoria y otra final que, en lugar de derogar formalmente el Estatuto de Gernika, como hac¨ªa el borrador filtrado el pasado mes de julio, establece que el presente texto "suceder¨¢ y sustituir¨¢" a su entrada en vigor al actual. Lo m¨¢s sustancial de su contenido se resume a continuaci¨®n.

En apenas 28 l¨ªneas, establece la argumentaci¨®n ideol¨®gica, que no jur¨ªdica, que pretende servir de soporte a todo el desarrollo subsiguiente, partiendo de la premisa que el nacionalismo quiere hacer irrefutable por su simple enunciaci¨®n: el Pueblo Vasco -la may¨²scula es del original- tiene "identidad propia" en el conjunto de los pueblos de Europa y derecho a decidir su futuro "de conformidad con el derecho de autodeterminaci¨®n de los pueblos, reconocido internacionalmente". El ejercicio de ese derecho a decidir su futuro se materializa en la posibilidad de consultar a la ciudadan¨ªa de los siete territorios, articulados en "tres ¨¢mbitos jur¨ªdico-pol¨ªticos" de dos estados que integran el Pueblo Vasco o Euskal Herria: las tres provincias de la comunidad aut¨®noma, Navarra y los tres territorios del Pa¨ªs Vasco franc¨¦s.

Sobre esos tres pilares y "como parte integrante del Pueblo Vasco", el nuevo "pacto pol¨ªtico por la convivencia" se presenta como la manifestaci¨®n de la "voluntad democr¨¢tica" de los ciudadanos de la actual comunidad aut¨®noma y la actualizaci¨®n de sus derechos hist¨®ricos que recogen tanto el Estatuto de Gernika (Disposici¨®n Adicional) como la Constituci¨®n (Disposici¨®n Adicional primera). El nuevo pacto se materializa en un nuevo modelo de relaci¨®n con el Estado "basado en la libre asociaci¨®n".

Es la parte doctrinal que quiere articular los principios ideol¨®gicos esbozados en el pre¨¢mbulo y los derechos y deberes ciudadanos. Los dos primeros art¨ªculos crean una "Comunidad vasca" libremente asociada a Espa?a formalmente denominada "Comunidad de Euskadi" con el territorio de las actuales provincias de Vizcaya, Guip¨²zcoa y ?lava.

El apartado simb¨®lico se limita en lo fundamental a declarar la ikurri?a como bandera de Euskadi y a reconocer las de los tres territorios. Se repite la regulaci¨®n del Estatuto de Gernika del euskera como la "lengua propia del Pueblo Vasco" que tendr¨¢, junto al castellano, el car¨¢cter de lengua oficial. Todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho de conocer y usar ambas.

Los residentes en el extranjero que hayan tenido su ¨²ltimo domicilio en Euskadi y sus descendientes podr¨¢n gozar, si lo piden, de la nacionalidad y los derechos pol¨ªticos que corresponden a los ciudadanos vascos.

Queda legalmente amparada la posibilidad futura de negociar "un nuevo marco de organizaci¨®n" entre ambas comunidades si sus ciudadanos decidieran "conformar una estructura pol¨ªtica conjunta", nuevo marco que los ciudadanos de ambas comunidades deber¨ªan ratificar en refer¨¦ndum.

Respecto al Pa¨ªs Vasco franc¨¦s (Iparralde en el texto), las previsiones son menos espec¨ªficas, limit¨¢ndose en un art¨ªculo a hablar de "propiciar la firma de acuerdos y tratados" en el marco de la Uni¨®n Europea para "estrechar los especiales lazos hist¨®ricos, sociales y culturales" mutuos, incluyendo la "capacidad de establecer instrumentos de cooperaci¨®n a nivel municipal y territorial".

Junto a las previsiones sobre los derechos hist¨®ricos y el "derecho a decidir" (ver despiece en la p¨¢gina siguiente), este t¨ªtulo establece (art¨ªculo 17) el procedimiento para la modificaci¨®n y actualizaci¨®n del Estatuto. Parte, en principio, de lo previsto en el art¨ªculo 46 del actual Estatuto de Gernika, pero incorpora el nuevo procedimiento, ajeno a ¨¦ste, que pretende aplicar el lehendakari para sacar adelante la propuesta que ayer hizo p¨²blica: negociaci¨®n con el Estado en un m¨¢ximo de seis meses, acuerdo aprobado por el Parlamento vasco y las Cortes y ratificaci¨®n en refer¨¦ndum por la sociedad vasca.

Si no se da ese acuerdo, el Parlamento vasco podr¨¢ pedir a su Gobierno que convoque un refer¨¦ndum sobre la propuesta inicial, y, si se ratifica en las urnas, se negociar¨¢ con el Estado para su aceptaci¨®n (textualmente "incorporar la voluntad democr¨¢tica de la sociedad vasca al ordenamiento jur¨ªdico").

Va a ser uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos del nuevo Estatuto, al establecer un Poder Judicial propio, junto al Legislativo y el Ejecutivo, los tres emanados de la ciudadan¨ªa de Euskadi.

Respecto al Parlamento y el Ejecutivo, no hay m¨¢s novedades sobre lo ya previsto en el Estatuto de Gernika, salvo que el lehendakari ostenta "la m¨¢s alta representaci¨®n de la Comunidad de Euskadi", pero ya no la "ordinaria del Estado en este territorio" del art¨ªculo 33.2 del actual Estatuto. A ello se a?ade la capacidad del Gobierno para promulgar decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". En este apartado (art¨ªculo 21.6) se reproduce casi textualmente, s¨®lo con las adaptaciones precisas, lo establecido en el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n para el Gobierno central.

La configuraci¨®n del Poder Judicial y el Consejo Judicial Vasco es muy detallada y ocupa cinco art¨ªculos. La nueva "organizaci¨®n judicial vasca" tiene como punto culminante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, "ante el que se agotar¨¢n las sucesivas instancias procesales, incluyendo los recursos de casaci¨®n o la ¨²ltima instancia" en todos los ¨®rdenes jurisdiccionales. Al Tribunal Supremo se le reconoce la "unificaci¨®n de doctrina" ante las sentencias contradictorias de diversos ¨®rganos judiciales o respecto a la jurisprudencia del propio Supremo. De ¨¦l depender¨ªa tambi¨¦n conocer "los conflictos de competencia y de jurisdicci¨®n entre los ¨®rganos judiciales de la Comunidad de Euskadi y los dem¨¢s del Estado".

El gobierno del Poder Judicial, que la Constituci¨®n encarga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), queda en la nueva Comunidad encomendado a una instituci¨®n de nueva creaci¨®n denominada Consejo Judicial Vasco, "que ejercer¨¢ sus competencias y funciones en estrecha colaboraci¨®n con el Consejo General del Poder Judicial en el Estado con el fin de preservar los principios de unidad e independencia jurisdiccional".

Este nuevo Consejo designar¨¢ al presidente del Superior de Justicia y al Fiscal Jefe del mismo y tendr¨¢ las competencias de inspecci¨®n de juzgados y tribunales, y las correspondientes en materia de "selecci¨®n, provisi¨®n, carrera, formaci¨®n, r¨¦gimen disciplinario y de retribuciones de secretarios, jueces, magistrados y fiscales en Euskadi", todas ellas ahora en manos del CGPJ. Se tendr¨¢ en cuenta "a dichos efectos el car¨¢cter preferente del conocimiento del derecho vasco y del euskera".

Establece en sus dos cap¨ªtulos la articulaci¨®n pol¨ªtica interna de la nueva comunidad, llevando a su articulado lo previsto en la Ley de Territorios Hist¨®ricos. Como instituciones comunes quedan el Parlamento, el Gobierno y el lehendakari, y las del Poder Judicial, y se consideran tambi¨¦n como vascas las instituciones forales de cada una de las tres provincias: las Juntas Generales (Parlamentos provinciales) y las Diputaciones. Los ayuntamientos completan el entramado institucional. Curiosamente, queda para una posterior ley la designaci¨®n de la capital de la Comunidad de Euskadi, as¨ª como la sede de sus instituciones comunes

Para una ley posterior se deja articular "el r¨¦gimen de relaci¨®n y el reparto de atribuciones y competencias" entre las instituciones vascas para el ejercicio de las facultades y competencias reconocidas en este Estatuto. El art¨ªculo 33.3 detalla las competencias privativas de cada territorio.

Tras detallar los principios que quieren regir el autogobierno vasco, garantizando incluso a todos los ciudadanos "el derecho al buen gobierno y la buena administraci¨®n", se establecen una serie de principios b¨¢sicos para la relaci¨®n administrativa con el Estado y se detallan las competencias que los promotores del texto consideran que debe tener cada parte. Entre los primeros se especifica "el respeto y la no injerencia en el ejercicio de potestades y ¨¢mbitos competenciales respectivos, de conformidad con la asignaci¨®n y el reparto que se recogen en el presente Estatuto".

A la nueva comunidad le corresponde "ejercer en su ¨¢mbito territorial" la potestad legislativa en todas aquellas pol¨ªticas y competencias "no atribuidos expresamente al Estado en el presente Estatuto". Respecto a los ¨¢mbitos competenciales exclusivos de la Comunidad de Euskadi, el Derecho emanado de las instituciones vascas ser¨¢ el ¨²nico aplicable "sin perjuicio, cuando proceda, de la aplicaci¨®n directa del Derecho europeo", cuya trasposici¨®n al ordenamiento har¨ªan las instituciones vascas. Respecto a la ejecuci¨®n de las pol¨ªticas, el texto obliga al Estado a garantizar el derecho de la Comunidad a nombrar representantes al m¨¢ximo nivel "en las autoridades administrativas independientes, instituciones financieras y empresas p¨²blicas espa?olas, cuya actuaci¨®n incida, directa o indirectamente, en las competencias o intereses de Euskadi".

Se incluyen, por ejemplo, adem¨¢s de competencias ya detalladas en el Estatuto de Gernika, todo el r¨¦gimen electoral, la representaci¨®n de Euskadi en ¨®rganos internacionales para la promoci¨®n cultural, el derecho a disponer de selecciones deportivas nacionales, las instituciones penitenciarias, la titularidad plena de todas las infraestructuras, todas las funciones gubernativas y de seguridad -a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se reservan "¨²nica y exclusivamente, los servicios policiales asociados al control de las pol¨ªticas" atribuidas al Estado en el Estatuto- o la regulaci¨®n de un "¨¢mbito sociolaboral propio", persistente demanda de los sindicatos nacionalistas.

El Estatuto resuelve la vieja pol¨¦mica sobre la Seguridad Social por la v¨ªa directa de plantear "la gesti¨®n del sistema p¨²blico de Seguridad Social en su ¨¢mbito territorial, que se ejercitar¨¢ con un presupuesto propio" e incluir¨¢ "la funci¨®n recaudadora de las cotizaciones sociales" devengadas en Euskadi.

Detalla una serie de principios de relaci¨®n econ¨®mica con el Estado, incluyendo tambi¨¦n aqu¨ª los mecanismos que permitan la participaci¨®n de las instituciones vascas en la UE. Las instituciones vascas tendr¨¢n adem¨¢s la potestad de regular y supervisar el sistema financiero.

El Estado no podr¨¢ en ning¨²n caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados en el territorio de la Comunidad.

Otro de los habituales puntos de litigio entre los dos gobiernos. En cuatro art¨ªculos se postula, entre otros apartados, que el Estado incorporar¨¢ los compromisos derivados del Estatuto a los Tratados de la UE "en los t¨¦rminos que corresponda, en orden a garantizar su reconocimiento y respeto" en Europa. La Comunidad de Euskadi dispondr¨¢ de representaci¨®n directa en los ¨®rganos de la UE, para lo que lo que el Gobierno espa?ol "habilitar¨¢ los cauces precisos para posibilitar la participaci¨®n activa del Gobierno vasco en los diferentes procedimientos de toma de decisiones de las instituciones comunitarias en aquellos asuntos que afecten a sus competencias". De igual forma, los representantes vascos "formar¨¢n parte de las delegaciones del Estado en el Consejo de Ministros" de la UE en los asuntos que afecten sus pol¨ªticas exclusivas.

El Estado "garantizar¨¢ el acceso de las instituciones vascas al Tribunal Europeo de Justicia" mientras no est¨¦ previsto su acceso directo en la normativa europea. "La Comunidad de Euskadi constituir¨¢ una circunscripci¨®n electoral ¨²nica" en las elecciones europeas.

En un m¨¢ximo de seis meses desde la entrada en vigor del Estatuto, "la Comunidad de Euskadi asumir¨¢ materialmente y comenzar¨¢ a ejercer en plenitud todas las potestades, funciones y servicios sin excepci¨®n que le corresponden conforme a su r¨¦gimen de autogobierno". En ese plazo, una comisi¨®n paritaria de ambos gobiernos "por una sola vez y de modo definitivo", resolver¨¢ la continuidad de los servicios p¨²blicos y el traspaso a Euskadi de los medios personales y materiales de titularidad del Estado.

Una falta de acuerdo en esta comisi¨®n "no impedir¨¢" a Euskadi" ejercer las competencias asumidas con sus propios recursos, "sin perjuicio de poder reclamar con posterioridad al Estado" da?os y perjuicios ante el Tribunal Superior vasco.