Huelguistas contra consumidores

Tuvieron que permanecer bajo la lluvia durante varias horas esperando un autob¨²s que jam¨¢s habr¨ªa de llegar; han intentado en vano desplazarse en coche a sus puntos de destino, pero nadie ha podido salir del embotellamiento de un tr¨¢fico enloquecido. Frente a la estaci¨®n de la Ferrov¨ªa Norte, un grupo de ciudadanos enfurecidos ha intentado pinchar las ruedas de cuatro veh¨ªculos que estaban tan tranquilos en la parada de taxis. A principios del pasado diciembre, la huelga de transportes, que se desencaden¨® de improviso en Mil¨¢n, puso a la ciudad de rodillas. Ese d¨ªa, en las marquesinas de las paradas de autob¨²s milanesas entraban en conflicto dos de los derechos fundamentales que han hecho la historia de Europa: el de los trabajadores, a cruzarse de brazos en defensa de sus salarios, y el de los ciudadanos, a circular sin impedimentos.

La paradoja, subraya Guglielmo Epifani, secretario de la CGIL, el mayor de los sindicatos italianos, es que "esto ocurre en el pa¨ªs europeo en el que las huelgas de los servicios p¨²blicos est¨¢n sujetas a mayor n¨²mero de reglamentaciones". La ley que regula las huelgas de los servicios p¨²blicos data de junio de 1990, ha sido actualizada hace cuatro a?os e impone a los sindicatos la obligatoriedad del preaviso y del mantenimiento de las actividades esenciales que le competen. Eso significa que en el transporte hay que garantizar el servicio en las horas de mayor afluencia, con lo que la ley es tan severa que m¨¢s bien parece se?alar la existencia del problema que aspirar a resolverlo. Philippe Malinge, sindicalista de la CFDT francesa, que tiene a su cargo los intereses del personal de los servicios p¨²blicos, frunce el ce?o ante la idea de que en Francia pudiera aprobarse una ley que regulara la huelga de semejantes sectores. "Es una promesa electoral de Chirac que el Gobierno quiere cumplir ahora", apunta Malinge, "pero no creemos que sea una buena idea. En un momento como ¨¦ste en el que el di¨¢logo entre los actores sociales en Francia est¨¢ bloqueado, regular la huelga de los servicios p¨²blicos ser¨ªa como buscar el enfrentamiento directo". La soluci¨®n, a su juicio, consistir¨ªa en "extender a todos los sectores de los servicios p¨²blicos el modelo que ha funcionado bien con la RATP, la sociedad gestora del metro de Par¨ªs".

Ese modelo no es del todo in¨¦dito en Europa. Se basa en el principio que los alemanes llaman del enfriamiento. Antes de llegar a la huelga, los sindicatos parisienses y la Administraci¨®n se comprometen a reunirse hasta encontrar una soluci¨®n o, como alternativa, a plasmar en un documento oficial las razones que asisten al conflicto. Y lo m¨¢s importante es que las obligaciones respectivas no est¨¢n contenidas en una ley, sino en un acuerdo sindical, como ocurre con gran parte de los servicios p¨²blicos en Alemania: "La normativa alemana", explica Harold Reutter, del sindicato Verde, que representa a los empleados de los servicios p¨²blicos, "contempla la huelga como ¨²ltima posibilidad, s¨®lo cuando todas las tentativas de soluci¨®n hayan fracasado". La ley prev¨¦ la posibilidad de que los poderes p¨²blicos act¨²en como ¨¢rbitros, pero sin que ello constituya una obligaci¨®n. "Para que ese recurso a la autoridad sea obligatorio ha de hacerse constar as¨ª en los contratos laborales de los empleados p¨²blicos", contin¨²a Reutter. ?ste es un sistema que parece haber dado buena prueba de su utilidad al evitar la prolongaci¨®n indefinida de huelgas, como en 1992, cuando pararon durante 11 d¨ªas gran parte de los servicios.

El camino de la reglamentaci¨®n por medio de ley se ha probado tambi¨¦n en Espa?a. La Constituci¨®n garantiza el funcionamiento de los servicios "esenciales para la comunidad" y el Tribunal Constitucional ha dado una interpretaci¨®n deliberadamente flexible de la norma estableciendo que "un servicio p¨²blico es esencial no tanto por su propia naturaleza como por las expectativas que cree en el p¨²blico". Hasta la fecha, sin embargo, no se ha aprobado una ley que verse directamente sobre el problema y corresponde a las autoridades locales establecer, caso por caso, cu¨¢les son las condiciones m¨ªnimas a cumplir. "En determinados momentos", explica Manuel Higueras, del sindicato de empleados p¨²blicos de CC OO, "no hemos estado de acuerdo con los l¨ªmites establecidos por el poder local. Impugnamos entonces la reglamentaci¨®n en los tribunales y en unas ocasiones perdemos y en otras ganamos". Las ¨²ltimas grandes huelgas de los servicios p¨²blicos espa?oles datan de 1997, cuando el Gobierno del Partido Popular congel¨® los salarios. "En realidad", a?ade Higueras, "m¨¢s que leyes o decretos, lo que funciona de verdad son las negociaciones entre las partes. Hace dos a?os que hemos firmado un nuevo contrato sectorial y hasta ahora no ha habido ninguna interrupci¨®n de los servicios".

La evidencia de que la negociaci¨®n y el consenso entre los partidos sea la mejor manera de evitar la par¨¢lisis de los servicios p¨²blicos la reconoce todo el mundo. "Cuando la exasperaci¨®n de los conflictos llega al nivel que en este momento ha alcanzado en Italia", dice Epifani, "no hay ley de hierro que valga". Lo cierto es que cuando un contrato ha expirado ya hace dos a?os y medio y los salarios no llegan a los 1.000 euros mensuales es dif¨ªcil garantizar la paz social. "En Alemania", agrega Reutter, "el salario medio de un ch¨®fer de servicios p¨²blicos es de 2.300 euros". En algunos casos, seg¨²n Epifani, "la Administraci¨®n se ha aprovechado de los l¨ªmites al derecho de huelga impuestos por la ley para dejar que se pudriera la situaci¨®n. Si se quiere m¨¢s severa la ley, hay que imponer obligaciones tanto a la Administraci¨®n como a los empleados".

La cuesti¨®n es muy delicada y est¨¢ en pleno debate en Europa. La UE, por su parte, ha preferido no entrar en una discusi¨®n de la que podr¨ªan derivarse limitaciones al derecho de huelga. La comisaria de Bruselas para Asuntos Laborales, Anna Diamant¨®poulos, afirma que "el problema no es de competencia comunitaria". Las leyes y la sensiblidad p¨²blica var¨ªan de pa¨ªs a pa¨ªs, sin olvidar que con el ingreso en la UE dentro de unos meses de varios pa¨ªses de la Europa del Este, las diferencias no har¨¢n sino aumentar. Walter Cerfeda, italiano, miembro de la secretar¨ªa del CES, confederaci¨®n de sindicatos europeos, dice: "La tentaci¨®n de reglamentar por ley el derecho a la huelga de los trabajadores de los servicios p¨²blicos es t¨ªpica de la cultura mediterr¨¢nea, mientras que en la Europa del Norte se prefieren mecanismos de control basados en el enfriamiento del conflicto, como en Alemania, o en puras relaciones de fuerza como en Inglaterra". La reciente protesta de los trabajadores del metro de Londres contra el plan de privatizaci¨®n del primer ministro Tony Blair ha concluido con la retirada del proyecto, ante la huelga masiva de los conductores del metro y la amenaza de las Trade Unions de dejar de financiar al Partido Laborista. "El caso ingl¨¦s", comenta Cerfeda, "es, pese a todo, particular. Las cosas funcionan generalmente mucho mejor cuando sindicatos y Administraci¨®n pueden garantizarse rec¨ªprocamente que hay l¨ªmites que ni unos ni otros exceder¨¢n. Por ello, cuando se llega a legislar sobre el asunto a menudo es porque esos l¨ªmites han sido vulnerados o est¨¢n a punto de serlo". Y el pulso que entonces se produce viene dado por el nivel de indignaci¨®n de los ciudadanos en espera de un refugio contra la lluvia, como las marquesinas de las paradas de autob¨²s.