Un jurado popular decidir¨¢ si una edil del PP cometi¨® tr¨¢fico de influencias
La concejal de Servicios Sociales y quinta teniente de alcalde de Las Rozas, Isabel Montero, del PP, se vio ayer cara a cara con el jurado popular -cuatro hombres y cinco mujeres- que decidir¨¢ si cometi¨® tr¨¢fico de influencias. Es la primera vez que un cargo p¨²blico es sometido en la Comunidad de Madrid al veredicto de un jurado popular por ese delito desde que entr¨® en vigor esta instituci¨®n. El fiscal pide para Montero seis meses de c¨¢rcel, 24.040 euros de multa e inhabilitaci¨®n para ejercer empleo o cargo p¨²blico durante cuatro a?os. Hoy declarar¨¢n la acusada y el alcalde de Las Rozas, el popular Bonifacio de Santiago, ¨¦ste en calidad de testigo.
Los hechos se remontan a 1997, cuando el Ayuntamiento roce?o otorg¨® la gesti¨®n de la ludoteca municipal a la empresa Caracoles, de la que formaba parte la sobrina de Montero. El fiscal y la acusaci¨®n particular sostienen que Montero inform¨® favorablemente la oferta que present¨® la sociedad de su sobrina, ocultando a los responsables municipales su parentesco con ella. Para la defensa de Montero, sin embargo, la edil actu¨® sin intenci¨®n de delinquir y es la venganza personal la que se encuentra detr¨¢s de esta denuncia. La defensa ha llamado a 37 testigos, mientras que la acusaci¨®n tiene previsto interrogar a nueve, que eran miembros de la comisi¨®n de gobierno que decidi¨® sobre la adjudicaci¨®n de la ludoteca.
"Me est¨¢n haciendo pasar una tortura desde hace siete a?os", dec¨ªa ayer Montero a la puerta de la sala de la Audiencia Provincial en la que se desarrolla el juicio. El letrado de la concejal asegura que una de las dos denunciantes, Ana V¨¢zquez, mantiene una enemistad personal con Montero que ha dado lugar a la querella. Seg¨²n el argumento de la defensa, V¨¢zquez, militante del PP y conocida de la acusada, se hab¨ªa encargado de la ludoteca durante 1996 y "cre¨ªa que pod¨ªa estar al frente de ella de forma vitalicia". "Isabel se sienta aqu¨ª por no haber prorrogado a Ana V¨¢zquez el servicio de ludoteca", insiste el letrado Roberto Rodr¨ªguez.
Informe favorable
Al mismo tiempo, el defensor reconoce que Montero emiti¨® un informe favorable para adjudicar el contrato a la empresa Caracoles, pero asegura que ¨¦ste ten¨ªa como base los datos de los t¨¦cnicos que trabajan en la concejal¨ªa. "Sin que ella ejerciera influencia alguna", puntualiza Rodr¨ªguez.
El fiscal recuerda que de lo que se trata ahora es de juzgar si hubo tr¨¢fico de influencias, con independencia de otras cuestiones pol¨ªticas. "El resto no es objeto de este procedimiento", mantiene. En su exposici¨®n, el representante del ministerio p¨²blico afirm¨® que fue la acusada quien propuso en la comisi¨®n informativa, que presid¨ªa, a la empresa Caracoles como la m¨¢s adecuada para gestionar la ludoteca, ocultando que en ella trabajaba su sobrina. La comisi¨®n aprob¨® por unanimidad la propuesta, que luego obtuvo el visto bueno de la comisi¨®n de gobierno del Ayuntamiento.
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