Cambio de v¨ªas en la apertura del tren
El PSOE quiere rescatar tiempo e inversiones para llevar adelante un nuevo modelo ferroviario
El nuevo Gobierno socialista no quiere descarrilar en los grandilocuentes proyectos y las onerosas inversiones ferroviaras heredadas del anterior titular de Fomento. La nueva ministra, Magdalena ?lvarez, va a suspender la entrada en vigor de la liberalizaci¨®n del sector, que formalmente deber¨ªa iniciarse -as¨ª consta en la ley- el 18 de mayo; va a reconsiderar la pol¨ªtica del PP de llevar, sin m¨¢s, la alta velocidad a toda Espa?a; y va a fiscalizar y reconducir, en la medida de lo posible, las multimillonarias adquisiciones de trenes comprometidas en v¨ªsperas de las elecciones por el equipo de Francisco ?lvarez-Cascos.
Los mensajes est¨¢n llegando n¨ªtidos a Renfe, a los fabricantes de trenes y a los Gobiernos aut¨®nomos con ferrocarriles de v¨ªa estrecha. En Renfe, seg¨²n informaciones recogidas el jueves por el diario Cinco D¨ªas, altos directivos se han negado ya a firmar los contratos de compra (2.301 millones de euros) de 115 trenes de altas prestaciones, destinados a las futuras l¨ªneas del AVE, pese a las presiones del equipo saliente de Fomento. Estos pedidos fueron aprobados por el consejo de administraci¨®n de la ferroviaria estatal los d¨ªas 24 de febrero y 3 de marzo. Son trenes para futuras l¨ªneas que a¨²n tardar¨¢n mucho tiempo en entrar en servicio.
El aplazamiento en la liberalizaci¨®n va a permitir al Gobierno corregir una norma impuesta hace unos meses por la mayor¨ªa absoluta del PP
La confirmaci¨®n de que el nuevo Gobierno platear¨¢ reformas legales para impedir la cesi¨®n de la titularidad p¨²blica a sectores privados en las infraestructuras ferroviarias pone en un brete al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, que el 3 de marzo anunci¨® su intenci¨®n de ceder a la iniciativa privada la construcci¨®n y explotaci¨®n de las nuevas l¨ªneas proyectadas para la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
La suspensi¨®n temporal de la entrada en vigor de liberalizaci¨®n ferroviaria, que probablemente se abordar¨¢ mediante decreto ley, no sorprende ni alarma a nadie. Y m¨¢s bien tranquiliza a muchos. Aunque hubiera ganado las elecciones el PP, dif¨ªcilmente se podr¨ªa haber abierto este mercado en la fecha prevista por la ley, ya que las Cortes se disolvieron sin la aprobaci¨®n del Reglamento de la citada ley, y tampoco estaban aprobados los estatutos de Renfe Operadora (empresa transportista) y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -ADIF- (titular de las v¨ªas y estaciones), los dos ejes sobre los que iba a pilotar el modelo de liberalizaci¨®n del PP. Tampoco estaba resuelto qui¨¦n iba a hacerse cargo de la deuda hist¨®rica de Renfe (unos 7.000 millones), la valoraci¨®n de activos a segregar para el reparto del patrimonio y funciones ferroviarias entre las nuevas sociedades, o los can¨®-nes a cobrar a los operadores privados de trenes.
El aplazamiento, en suma, va a permitir al nuevo Gobierno corregir una regulaci¨®n ideada e impuesta por la mayor¨ªa absoluta del PP, que a juicio de los socialistas plantea serias dudas sobre la viabilidad econ¨®mica del modelo y sobre la seguridad en el tr¨¢fico de trenes. La ley, por otra parte, se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional por los Gobiernos de Arag¨®n, Asturias, Castilla-La Mancha y Catalu?a, por estimar que varios de sus preceptos vulneran sus competencias exclusivas.
La duda que se plantean ahora los socialistas es el alcance de los cambios a introducir en la liberalizaci¨®n del tren. Algunos creen que es demasiado tarde, dado los calendarios de apertura fijados por la UE, para sustituir la ley del PP e introducir un holding del que dependan Renfe Operadora y el ADIF como garant¨ªa de coordinaci¨®n y seguridad en el transporte ferroviario. Estiman que las mayores lacras y lagunas de la ley Cascos pueden paliarse y corregirse a traves del desarrollo reglamentario de la citada norma, de los estatutos de Renfe Operadora y del ADIF, y a trav¨¦s de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos del Estado para 2005.
La otra vertiente del problema es la econ¨®mica. Los recursos con los que van a contar en el resto del ejercicio para realizar su pol¨ªtica, tras las prisas de Cascos por adjudicar contratos en el primer trimestre.
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