Los astilleros Izar deben devolver 308 millones concedidos en 1999 y 2000

La Comisi¨®n Europea orden¨® ayer a los astilleros Izar devolver 308,3 millones de euros, m¨¢s intereses, recibidos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1999 y 2000 porque tal ayuda p¨²blica viola la norma comunitaria. La Comisi¨®n da al Gobierno espa?ol dos meses para comunicar c¨®mo realizar¨¢ el pago y apoyar¨¢ planes favorables a la viabilidad del grupo. El Ejecutivo, que hoy estudia salidas a la situaci¨®n, critica la herencia recibida del PP y se?ala que el comisario de Competencia, Mario Monti, traslad¨® a Pedro Solbes la "falta de colaboraci¨®n" del anterior Gobierno.

La medida fue adoptada por la Comisi¨®n Europea sin oposici¨®n despu¨¦s de que el comisario Joaqu¨ªn Almunia expusiera a sus compa?eros "las preocupantes consecuencias sociales". La decisi¨®n anunciada ayer llega tras cuatro a?os de investigaciones del comisario Mario Monti sobre las ayudas recibidas por los astilleros espa?oles, tras un ¨²ltimo paquete de apoyo aprobado en 1997 que ascend¨ªa a 1.380 millones de euros, seg¨²n la Comisi¨®n. Con posterioridad, la SEPI adquiri¨® tres sociedades a Astilleros Espa?oles en una operaci¨®n en la que Bruselas detect¨® un componente de ayuda de 55,9 millones de euros, un pr¨¦stamo por 192,1 millones y una aportaci¨®n de capital de 252,4 millones. "Puesto que ninguna de las medidas de ayuda puede aprobarse en virtud de la normativa sobre ayudas estatales, la ayuda antes referida debe recuperarse", indic¨® ayer la Comisi¨®n. Dado que los 192,1 millones fueron reintegrados en su d¨ªa, quedan por devolver 308,3 millones m¨¢s intereses.

"He informado a la Comisi¨®n sobre las muy preocupantes consecuencias sociales que puede acarrear la decisi¨®n, que se ha aplicado conforme a las reglas del Tratado, que est¨¢n para cumplirse", dijo Almunia. El responsable de Asuntos Econ¨®micos inform¨® de que se hab¨ªa discutido sobre la aplicaci¨®n de instrumentos de choque: fondos estructurales y estrategias de pol¨ªtica industrial. "Espero que las autoridades espa?olas y los responsables de la Comisi¨®n sean capaces de ofrecer soluciones r¨¢pidas", dijo.

El Gobierno analizar¨¢ hoy en la Comisi¨®n Delegada para Asuntos Econ¨®micos la nueva situaci¨®n de Izar, y crear¨¢ un grupo de trabajo integrado por la SEPI y los ministerios de Econom¨ªa, Industria, Trabajo y Defensa que debe elaborar en el plazo m¨¢ximo de un mes una estrategia para lograr "una empresa econ¨®micamente viable y con una dimensi¨®n adecuada, dentro de los l¨ªmites que marca la legislaci¨®n comunitaria". El Ejecutivo alude a este asunto como "un problema heredado" del PP, al que acusa haber inyectado dinero p¨²blico sin comunicarlo a Bruselas y sin acometer "ninguna de las transformaciones necesarias para lograr unos astilleros competitivos", asegura el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda en un comunicado. Este departamento va m¨¢s all¨¢ al asegurar que el propio comisario europeo de Competencia, Mario Monti, manifest¨® al ministro Pedro Solbes, antes compa?ero suyo en la Comisi¨®n, "la falta de colaboraci¨®n por parte del Gobierno del PP durante los ¨²ltimos a?os".

Tilman L¨¹der, portavoz de Monti, se?al¨® que la Comisi¨®n "tiene conciencia social y es consciente de que hay 20.000 empleos afectados". De ah¨ª que "las condiciones de reembolsos sean bastante generosas: el Estado tiene dos meses para fijar un modo de reembolso que sea conveniente para las dos partes". Insisti¨® el portavoz en que los dos meses es el plazo para presentar un plan de devoluci¨®n, no para ejecutarlo. "Estos procesos son largos y se estructuran de modo que no se ponga en peligro la viabilidad de la empresa", se?al¨®.

"Se est¨¢n estudiando medidas de acompa?amiento, ya en el ¨¢mbito del reciclaje, ya como ayudas de desarrollo regional, porque sabemos que esos astilleros est¨¢n en regiones con un nivel de empleo d¨¦bil, en Andaluc¨ªa y en el Pa¨ªs Vasco", agreg¨® L¨¹der. Bruselas reconoce que los astilleros europeos sufren una dura y desleal competencia por parte de los de Corea del Sur, pa¨ªs que ha denunciado ante la Organizaci¨®n Mundial de Comercio.