Bruselas lleva a Alemania a los tribunales por la especial 'acci¨®n de oro' en Volkswagen

La Comisi¨®n Europea anunci¨® ayer su decisi¨®n de denunciar a Alemania ante el Tribunal de la UE porque la denominada ley volkswagen concede a las autoridades p¨²blicas alemanas unas condiciones contrarias al derecho comunitario a la hora de controlar las decisiones del consejo de administraci¨®n de ese grupo automovil¨ªstico. La ley, que data de 1960 y Berl¨ªn se niega a modificar, impide que ning¨²n accionista pueda tener m¨¢s del 20% de los derechos de voto en el consejo, aunque posea acciones por encima de ese porcentaje. La misma ley concede al Estado federal y al land de Baja Sajonia unos derechos espec¨ªficos en la compa?¨ªa.

Este contencioso, especialmente sensible en Berl¨ªn, constituye una de las batallas m¨¢s duras de la Comisi¨®n para poner fin a la acci¨®n de oro existente en varios pa¨ªses, entre ellos Espa?a, para que las autoridades p¨²blicas puedan controlar buena parte de las decisiones estrat¨¦gicas de importantes empresas privatizadas.

En el caso de Volkswagen, el Estado federal alem¨¢n y el de Baja Sajonia llegaron a un acuerdo en 1959 que sirvi¨® de base para aprobar un a?o despu¨¦s una ley con los siguientes principios: mientras sean accionistas, los dos protagonistas tendr¨¢n derecho a tener dos representantes cada uno en el consejo (integrado por 20 personas) con independencia de las acciones que tengan; ning¨²n accionista, con independencia del capital que posea, podr¨¢ tener m¨¢s del 20% de los derechos de voto; toda decisi¨®n estrat¨¦gica de la compa?¨ªa deber¨¢ contar con el apoyo de al menos el 80% de los votos representados, con lo que las autoridades p¨²blicas, que siempre han tenido cerca del 20% de las acciones, detentan un verdadero derecho de veto.

Semejantes condiciones, seg¨²n Bruselas, "constituyen una violaci¨®n de las reglas del Tratado relativas a la libre circulaci¨®n de capitales" y a la libertad de establecimiento, porque la inversi¨®n en Volkswagen se convierte "en menos atractiva para otros inversores de la UE" a la hora de plantearse la hip¨®tesis de participar en la gesti¨®n de la empresa o de intentar controlar la sociedad.

Bruselas ya exigi¨® reiteradamente a Berl¨ªn, desde hace a?o y medio, que cambiara su legislaci¨®n, pero Berl¨ªn respondi¨® oficialmente en marzo pasado que no pensaba hacerlo, una vez fracasadas las negociaciones al respecto entre el Gobierno federal y el de Baja Sajonia, el Estado del que procede el actual canciller, Gerhard Schr?der. El Tribunal de la UE ya ha dictado sentencias contrarias a los Estados sobre casos similares en Francia, B¨¦lgica, Portugal o Espa?a.

En 1960, cuando se aprob¨® la ley denunciada, el Estado federal alem¨¢n y el land de Baja Sajonia decidieron tutelar y controlar el proceso de privatizaci¨®n de la compa?¨ªa. Ambos se quedaron con el 20% y con cuatro consejeros. Despu¨¦s, el Estado federal se desprendi¨® de su parte y el de Baja Sajonia mantiene el 20% y posee de hecho ese poder de veto en la compa?¨ªa.

El Gobierno alem¨¢n lament¨® la decisi¨®n porque, a su juicio, la ley alemana y el derecho comunitario no est¨¢n en contradicci¨®n. Para el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, no hay duda y por eso ha mantenido el pulso con Berl¨ªn hasta sus ¨²ltimas consecuencias, pese a tratarse de uno de los contenciosos que m¨¢s dolores de cabeza le ha dado.

Requerimientos

Bruselas lanz¨® tambi¨¦n ayer 18 escritos de requerimiento contra otros tantos Estados de la Uni¨®n, entre ellos Espa?a, a los que ha exigido que trasladen a sus legislaciones las normas sobre la liberalizaci¨®n de los mercados del gas y la electricidad.

Desde el 1 de julio, como record¨® Loyola de Palacio, est¨¢ ya vigente la norma por la que los clientes industriales (dentro de tres a?os, tambi¨¦n los particulares) pueden elegir suministrador. En el caso de Espa?a, se trata de que el Gobierno a¨²n no ha notificado formalmente la nueva legislaci¨®n. De Palacio tambi¨¦n anunci¨® otras dos iniciativas contra Espa?a: un dictamen por no aplicar a rajatabla las normas sobre dimensiones y pesos de grandes veh¨ªculos, y un pr¨®ximo procedimiento de infracci¨®n por no trasladar la norma sobre liberalizaci¨®n del transporte ferroviario.