El agua que no llega

El canal Segarra-Garrigues, la infraestructura de regad¨ªo m¨¢s importante proyectada en Catalunya desde el siglo XIX, est¨¢ en punto muerto. El canal m¨¢s so?ado y reivindicado por los agricultores de Lleida parece arrastrar un gafe: una vez superados los obst¨¢culos pol¨ªticos y econ¨®micos que han mantenido encallado el proyecto durante varias d¨¦cadas, las obras no avanzan al ritmo previsto.

El Gobierno central y la Generalitat se comprometieron a tenerlo acabado en 2012, pero nadie lo cree factible. Esta en¨¦sima demora ha sumido en la desesperanza a los futuros regantes, que se niegan a pagar por adelantado. Hace dos a?os la empresa p¨²blica Regs Sistema Segarra-Garrigues (Regsega) adjudic¨® la parte de infraestructura que corresponde a la Administraci¨®n catalana a un grupo formado por 12 de las constructoras m¨¢s importantes que operan en Catalu?a, por un importe de 1.102,6 millones de euros. El concurso, conocido como el contrato del siglo, dispar¨® la euforia del anterior Gobierno nacionalista, que anunci¨® que en 2004 podr¨ªan regarse las primeras fincas de Ponts (Noguera) y alrededor de 35.000 hect¨¢reas en el a?o 2008.

Nadie cree factible que est¨¦ acabado en 2012, fecha prevista para su inauguraci¨®n

Los regantes se niegan a adelantar el pago porque desconf¨ªan de la Administraci¨®n

Las previsiones est¨¢n lejos de cumplirse. El presidente de la Comunidad General de Regantes del Segarra-Garrigues, Carles Benet, admite que el retraso de las obras se debe, entre otros motivos, a la negativa de los regantes a pagar una derrama de 30 euros por hect¨¢rea y a?o. Benet explica que s¨®lo 1.100 regantes -el 7% de los beneficiarios- han abonado la primera anualidad. Esta es una obra hidr¨¢ulica declarada de inter¨¦s general y la Ley de Aguas exige para poderla ejecutar que al menos el 51% de los futuros usuarios se den de alta en la Comunidad General de Regantes y se comprometan por escrito a pagar, algo que no sucede en este caso. Esta derrama, que se pagar¨ªa durante cinco a?os, se destinar¨ªa para financiar la parte de la infraestructura que le corresponde al Gobierno central. La f¨®rmula de pago por adelantado provoc¨® recelos entre los regantes.

La respuesta de la Administraci¨®n central ha sido frenar las obras, que de hecho ya llevaban paradas un a?o. En este momento est¨¢ avanzada la estaci¨®n de bombeo en el pantano de Rialb, pero el primer tramo de 5,2 kil¨®metros de canal principal a¨²n no est¨¢ adjudicado.

Por su parte, la Generalitat, s¨®lo ha hecho explanaciones, concentraciones parcelarias y algunas obras en la zona sur del sistema que captar¨¢ el agua del r¨ªo Segre, a la altura de Albat¨¤rrec. El anterior Gobierno catal¨¢n estableci¨® una l¨ªnea de cr¨¦dito a trav¨¦s del Instituto Catal¨¢n del Cr¨¦dito Agrario (ICCA) para reducir el coste a cargo de los regantes, pero ¨¦stos reclaman un sistema de financiaci¨®n que no implique adelantar el dinero y acabe con los agravios comparativos que sufren respecto a otros riegos que se est¨¢n construyendo en Arag¨®n y Navarra.

Los regantes no se niegan a pagar por falta de liquidez o porque la obra no sea esencial para el futuro de sus explotaciones. Su negativa se apoya en la desconfianza hacia la Administraci¨®n. Tienen muy presente que la historia del canal se ha escrito en el ¨²ltimo medio siglo con letras de incertidumbre y de promesas incumplidas por parte de los pol¨ªticos de turno. "Llevo muchos a?os esperando el agua de este canal y me las he tenido que ingeniar para hacer rentables las fincas. No s¨¦ hasta d¨®nde podr¨¦ resistir, pero lo que tengo claro es que no pagar¨¦ un euro hasta que vea gotear el agua en mis campos, y eso lo veo a¨²n muy lejos", se?ala Francesc T., un agricultor de Torregrossa (Pla d'Urgell).

La organizaci¨®n agraria Uni¨® de Pagesos (UP) se muestra muy cr¨ªtica con el resultado de las negociaciones entre la Comunidad General de Regantes y las administraciones, y aconseja a los regantes que "no paguen ninguna cantidad hasta que el agua llegue a las parcelas". Josep Llu¨ªs Huguet, coordinador del sindicato en Lleida, afirma que las actuales condiciones econ¨®micas "son inasumibles para muchos agricultores porque se les obliga a pagar por adelantado unas obras que no tienen calendario y que provocan desconfianza". UP considera que, como en cualquier otra infraestructura p¨²blica, la Administraci¨®n tiene que asumir su financiaci¨®n. En este caso, a los regantes se les obliga a pagar el 50% del coste de las obras ejecutadas por el Gobierno central y el 30% de las que corresponden a la Generalitat. Al final, cada regante deber¨¢ desembolsar m¨¢s de 6.000 euros por hect¨¢rea.

Ramon Vilalta, vicepresidente de Regsega, considera "l¨®gico" que los regantes est¨¦n expectantes y reclamen otra f¨®rmula que aligere la carga financiera que deben soportar. "No hay que olvidar", afirma Vilalta, "que este canal no se utilizar¨¢ s¨®lo para regar, sino que tendr¨¢ diversos aprovechamientos industriales, tur¨ªsticos y de abastecimiento de poblaciones, por lo que no es justo que ellos carguen con todo el peso".

En la Generalitat no existe la impresi¨®n de que las obras est¨¦n paradas por motivos econ¨®micos, y los retrasos se atribuyen a los cambios que se han producido en las administraciones central y auton¨®mica. Vilalta explica que el consejero de Agricultura, Antoni Siurana, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, est¨¢n negociando un nuevo sistema de financiaci¨®n y que, una vez resuelto este escollo, el Estado ya no tendr¨¢ excusas para continuar dilatando el proceso de licitaci¨®n y adjudicaci¨®n de los primeros tramos del canal. Vilalta sostiene que el Gobierno central "tiene una partida econ¨®mica reservada y los proyectos constructivos sobre la mesa".

El Segarra-Garrigues transformar¨¢ en regad¨ªo un total de 70.150 hect¨¢reas de secano de seis comarcas de la plana de Lleida y beneficiar¨¢ a 16.000 agricultores de 70 municipios de la Noguera, Les Garrigues, Urgell, Segarra, Pla d'Urgell y Segri¨¤.

La superficie que estaba previsto regar en un principio se ha visto recortada en 5.800 hect¨¢reas, en cumplimiento de una directiva comunitaria sobre protecci¨®n de aves esteparias en peligro de extinci¨®n. La Generalitat compensar¨¢ econ¨®micamente a los agricultores afectados por esta medida.