CiU y PP proponen que la carta de derechos y deberes ciudadanos quede fuera del Estatut

La carta de derechos ciudadanos cuya inclusi¨®n en el Estatuto de Autonom¨ªa ha sido presentada en numerosas ocasiones como uno de los argumentos para justificar la reforma de aqu¨¦l, podr¨ªa quedar fuera del Estatut. A propuesta de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), que cont¨® con el apoyo del PP en este asunto, la ponencia parlamentaria que elabora la reforma acept¨® ayer estudiar que la futura carta de derechos sea elaborada como una ley ordinaria del Parlament, en paralelo a la reforma de la Carta Magna catalana o en un plazo relativamente corto despu¨¦s de aprobada aqu¨¦lla. Los tres partidos de la izquierda, sin embargo, mantienen la pretensi¨®n de incluir estos derechos en el nuevo Estatut.

La primera consecuencia que tendr¨ªa dejar la carta de derechos fuera del Estatut ser¨ªa que quedar¨ªa fuera tambi¨¦n del bloque de constitucionalidad. Este bloque es el formado por la Constituci¨®n, los estatutos de autonom¨ªa y algunas leyes org¨¢nicas, como la del Tribunal Constitucional.

El objetivo perseguido por quienes defienden la inclusi¨®n en el Estatut de un cat¨¢logo de derechos es justamente el contrario al propuesto ayer por CiU y el PP. Es decir, darles el m¨¢ximo rango jur¨ªdico-pol¨ªtico posible. En sentido contrario, CiU presenta como un factor positivo el hecho de que una ley elaborada por el Parlament ser¨ªa m¨¢s f¨¢cilmente adaptable que una parte del Estatut, que estar¨ªa sujeta al r¨ªgido procedimiento de reforma estatutaria que incluye la aprobaci¨®n por las Cortes espa?olas y un refer¨¦ndum.

La diputada socialista Lidia Santos, que ayer dio cuenta de los trabajos de la ponencia en nombre de todos los grupos, explic¨® que, en cualquier caso, el Estatut incluir¨ªa por lo menos el mandato al Parlament de elaborar la carta de derechos. Tambi¨¦n precis¨® que ayer no se tom¨® ninguna decisi¨®n sobre este asunto. "Primero elaboraremos el cat¨¢logo y, cuando lo tengamos, decidiremos si va en el Estatut o como ley del Parlament", dijo.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, minimiz¨® los riesgos de inconstitucionalidad. En declaraciones a este diario destac¨® que no se est¨¢ hablando de los derechos y libertades que est¨¢n ya consagrados como fundamentales en la Constituci¨®n. "Hablamos de tres tipos de derechos: los denominados derechos de participaci¨®n pol¨ªtica, los sociales y econ¨®micos y los culturales y ling¨¹¨ªsticos". Se trata de derechos relacionados con competencias de la Generalitat, sobre los que se pretende instaurar un "derecho subjetivo" de los ciudadanos.

Consejo de municipios

Los partidos de la izquierda dan una gran importancia a que estos derechos figuren en el Estatut. Entre otras cosas porque se refieren a las peticiones m¨¢s reiteradas por los agentes sociales y econ¨®micos y las entidades culturales en el proceso de participaci¨®n abierto en los ¨²ltimos meses.

En este punto cobra particular importancia la propuesta de incluir tambi¨¦n en la reforma del Estatut la instauraci¨®n de un mecanismo de garant¨ªas para el cumplimiento de estos derechos. La opci¨®n estudiada inicialmente es la de crear una comisi¨®n de garant¨ªas estatutarias, que no tendr¨ªa rango judicial. Ser¨ªa una instancia previa a la judicial. Est¨¢ por determinar si sus resoluciones ser¨ªan vinculantes o no para la Administraci¨®n de la Generalitat. CiU se opuso ayer a que fueran vinculantes.

Entre los pocos deberes de que se habla est¨¢ el de conocer la lengua catalana. Junto a la propuesta de establecer el derecho a ser atendido por la Administraci¨®n y las instituciones p¨²blicas en la lengua oficial escogida por el ciudadano se incluye la propuesta de que, por ejemplo, para ejercer en Catalu?a, los jueces, magistrados, fiscales, notarios y registradores de la propiedad tienen que acreditar un nivel adecuado en las dos lenguas oficiales para desarrollar su actividad en ellas.

Por otra parte, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, propuso ayer la creaci¨®n de un consejo de municipios que elabore informes previos a la aprobaci¨®n de los presupuestos, que tenga iniciativa legislativa y pueda designar a miembros de instituciones como la Sindicatura de Cuentas o el Consejo Consultivo de la Generalitat.