El Gobierno de Maragall quiere recuperar los d¨¦ficit atrasados de los viejos modelos

El modelo de financiaci¨®n auton¨®mica del Gobierno catal¨¢n mira, adem¨¢s de al futuro, al pasado reciente: pretende que el Estado reconozca y abone lo que considera una deuda contra¨ªda con Catalu?a como consecuencia de las carencias hist¨®ricas de los anteriores sistemas de financiaci¨®n. As¨ª se recoge en la propuesta que hoy presentar¨¢ el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall, aunque no cuantifica el importe. Incluye en esta deuda las insuficiencias acumuladas de inversi¨®n estatal en infraestructuras en Catalu?a, y propone que esa inversi¨®n se equipare al peso de la comunidad en el PIB espa?ol.

El d¨¦ficit inversor en infraestructuras es una vieja reclamaci¨®n no s¨®lo de la clase pol¨ªtica sino de las instituciones socioecon¨®micas de Catalu?a, como el C¨ªrculo de Econom¨ªa, uno de los foros acad¨¦micos y empresariales m¨¢s significados de Espa?a, y la C¨¢mara de Comercio de Barcelona. Consideran que el desfase est¨¢ lastrando la econom¨ªa catalana.

La instituci¨®n cameral cuantific¨® el pasado junio en m¨¢s de 5.800 millones de euros el d¨¦ficit en infraestructuras que arrastra Catalu?a en los ¨²ltimos 14 a?os y atribuy¨® la responsabilidad a la Administraci¨®n central. La cifra se calcul¨® bas¨¢ndose en el desfase existente entre el porcentaje real de inversi¨®n en infraestructuras del Gobierno central en Catalu?a respecto a la inversi¨®n total en Espa?a y la cantidad que, a juicio de la C¨¢mara, entre otras instituciones, deber¨ªa invertirse en funci¨®n del peso econ¨®mico catal¨¢n en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado, que es del 19%.

Esto es, exactamente, lo que pretende el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica elaborado por el Gobierno catal¨¢n. ?ste requiere, adem¨¢s, que se reparen los d¨¦ficit acumulados.

El agujero hist¨®rico, sin embargo, no s¨®lo procede del d¨¦ficit en infraestructuras sino del incumplimiento del principio de lealtad institucional, algo que reclaman varias comunidades aut¨®nomas. Este principio establece que el Estado debe compensar a las comunidades aut¨®nomas por la introducci¨®n de cambios normativos que mermen los ingresos cedidos o afecten a la estructura de gastos de los Gobiernos aut¨®nomos.

Sucedi¨®, por ejemplo, con la ¨²ltima reforma del IRPF del anterior Ejecutivo, de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y con la Ley de Calidad de la Ense?anza. El Congreso aprob¨® a finales de noviembre pasado una moci¨®n presentada por Esquerra Republicana -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- que insta al Gobierno central a compensar a las regiones en este sentido y a prever en cada norma la dotaci¨®n para remediar este coste.

Por el momento, el Gobierno catal¨¢n no ha cuantificado ni lo que considera esa suerte de deuda hist¨®rica del Estado ni tampoco la cifra que espera obtener con su propuesta de financiaci¨®n. Deja esa labor en manos de los expertos.

Traducci¨®n en dinero

Expertos fiscales pr¨®ximos al Gobierno estimaron la traducci¨®n en dinero que tendr¨ªa la propuesta de financiaci¨®n del Ejecutivo de Maragall. La estimaci¨®n parte de la base de que se crear¨ªa una Agencia Tributaria catalana que recaudase todos los impuestos y cediese al Estado un 50% (la propuesta catalana no alcanza necesariamente esa cifra) de la recaudaci¨®n del IRPF, IVA, impuestos especiales e impuesto de sociedades.

Teniendo en cuenta que este ¨²ltimo tributo hoy no est¨¢ compartido, los expertos lo dejan fuera en un primer c¨¢lculo, cuyo resultado supondr¨ªa 11.344 millones de euros para Catalu?a, 1.445 millones m¨¢s que los que obtiene con el sistema actual.

Sin embargo, a?aden los expertos, si se incluye el impuesto que grava los beneficios empresariales, la ganancia para Catalu?a ser¨ªa de 3.821 millones de euros, puesto que el saldo de ingresos ser¨ªa de 13.621 millones.

Estos c¨¢lculos se han realizado sobre las cuentas p¨²blicas correspondiente a 2004. A este respecto, los fiscalistas subrayan que la cesi¨®n del impuesto de sociedades entra?a una gran complejidad debido a que "las empresas domiciliadas en Catalu?a que pagan sus tributos en la delegaci¨®n de Hacienda de esta comunidad pueden proceder de Catalu?a, pero tambi¨¦n de cualquier parte del territorio nacional, siendo muy problem¨¢tica, desde el punto de vista t¨¦cnico, su distinci¨®n. Las empresas no distinguen su facturaci¨®n dentro del territorio nacional".

El tripartito prev¨¦ que el modelo de financiaci¨®n eche a andar en un plazo de cinco a?os, de forma progresiva, y crear la Agencia Tributaria en los primeros 12 meses desde su entrada en vigor. Adem¨¢s, contempla evaluar los mecanismos del modelo cada cinco a?os y poder equipararse en resultados con las comunidades de r¨¦gimen foral en un m¨¢ximo de 15 a?os.