Calidad, equidad y libertad de la educaci¨®n

Nunca como en la actualidad la educaci¨®n hab¨ªa estado en el ojo del hurac¨¢n de la noticia, de la discusi¨®n en la calle y del debate pol¨ªtico. Ni siquiera durante las grandes reformas de la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), de 1985, o de la Ley Org¨¢nica de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, se produjo un despliegue semejante en los medios de comunicaci¨®n. Este protagonismo de la educaci¨®n podr¨ªa considerarse como un s¨ªntoma de salud democr¨¢tica, una prueba de que la sociedad est¨¢ preocupada por una cuesti¨®n a la que se le concede la m¨¢xima importancia. Pero mucho me temo que se trate m¨¢s bien de la manifestaci¨®n de una peligrosa fractura social en el campo de la educaci¨®n. Y lo digo porque el clima de entendimiento y los esfuerzos de aproximaci¨®n realizados por algunas de nuestras instituciones se han ido enrareciendo cada vez m¨¢s como consecuencia de la tramitaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE). Hoy la mayor parte de las posiciones, y es triste decirlo, est¨¢n m¨¢s radicalizadas y divididas que antes.

La LOE resulta agresiva para la continuidad de la oferta educativa de los centros privados concertados

Con mirada desapasionada y objetiva hemos de reconocer un avance importante en el ejercicio del derecho a la educaci¨®n. Hoy todos los ni?os y j¨®venes, incluidos los inmigrantes que llegan una vez comenzado el curso, son convenientemente escolarizados, y el absentismo escolar no alcanza cotas preocupantes. Pero, a pesar de todo, no podemos negar que nuestra educaci¨®n est¨¢ enferma de fracaso escolar, de malos resultados en las evaluaciones internacionales, de exceso de reformas y de instrumentaci¨®n pol¨ªtica. Y con la educaci¨®n, como con la salud, no se juega.

La LOE es para la escuela concertada una ley inaceptable tal y como est¨¢ redactada. No s¨®lo no ataja los males educativos, en especial el fracaso escolar, sino que, adem¨¢s, resulta agresiva para la continuidad de la oferta educativa de los centros privados concertados. Todav¨ªa hay quien piensa que la forma de mejorar la escuela p¨²blica es ajustarle las cuentas a la concertada. Pero entrar en una din¨¢mica de enfrentamiento no conseguir¨ªa sino agravar a¨²n m¨¢s la salud de nuestro enfermo sistema educativo. Que en el compromiso social de la educaci¨®n y en la atenci¨®n a los alumnos con dificultades, tanto la escuela p¨²blica como la concertada han de arrimar el hombro de manera solidaria y equilibrada, estamos de acuerdo. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo siempre que este equilibrio no se quiera alcanzar a costa de una limitaci¨®n de derechos y libertades. Y esto es posible con f¨®rmulas como las descritas en el documento de pacto social que finalmente no lleg¨® a firmarse.

Que el proyecto de LOE no haya suscitado entusiasmo alguno no es un signo de equilibrio o equidistancia entre posiciones extremas, sino la expresi¨®n del hast¨ªo que padecen las comunidades educativas de los centros y la propia sociedad ante la sucesi¨®n acelerada de reformas que fallan en lo sustancial, pues se demuestran incapaces de aunar los esfuerzos precisos para afrontar los problemas de la educaci¨®n. As¨ª, una de las novedades m¨¢s importantes del proyecto, la introducci¨®n de la educaci¨®n para la ciudadan¨ªa, se mantiene en el texto a pesar del rechazo mayoritario del Consejo Escolar del Estado.

Por otro lado, las propuestas pedag¨®gicas de la LOE son f¨¢cilmente reconocibles y, lo que es peor, en algunos casos ya han sido experimentadas con resultados negativos. El hecho de que los cambios m¨¢s importantes que introduce el proyecto est¨¦n relacionados con la regulaci¨®n restrictiva de los derechos y libertades de los padres y de los centros (libertad de ense?anza y de elecci¨®n de centro, autonom¨ªa, etc¨¦tera), manifiesta esa ausencia de iniciativas significativas para mejorar la calidad. O dicho de otra forma: la soluci¨®n de la LOE para afrontar el fracaso escolar y los bajos niveles de aprendizaje es m¨¢s de lo mismo y, de paso, aprovecha para recortar los derechos y libertades educativas. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de mejorar la escuela p¨²blica, pero creemos que no se conseguir¨¢ por el hecho de ahogar a la ense?anza privada concertada.

La aportaci¨®n de la ense?anza privada concertada en Espa?a ha sido y es de capital importancia, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el econ¨®mico-cuantitativo. La ense?anza privada concertada aporta a nuestro sistema educativo la pluralidad que reclama una sociedad tambi¨¦n plural y que exige el propio ordenamiento constitucional. La LOE pretende desvirtuar dicha pluralidad y la libertad para ofertar y elegir centro por parte de las familias. Cuantitativamente, en el curso 2002-2003 se escolarizaban en los centros privados concertados 1.741.697 alumnos (el 25,5% del total de alumnos de ense?anza general no universitaria), para los cuales se destina el 15,7% del gasto p¨²blico en educaci¨®n. Hoy nadie discute que la cuant¨ªa de la partida de "otros gastos" del m¨®dulo econ¨®mico de conciertos no garantiza la gratuidad porque genera d¨¦ficit. La LOE no soluciona este problema sino que lo agrava hasta poner en riesgo la continuidad de los centros.

Por las citadas razones, FERE-CECA y EyG valoran muy negativamente el proyecto de ley en los t¨¦rminos actualmente conocidos. Nosotros no somos el problema, aunque s¨ª compartimos las dificultades que aquejan a nuestra educaci¨®n. Consideramos que s¨®lo ser¨¢ posible salir de esta situaci¨®n a trav¨¦s de un pacto pol¨ªtico que incluya a todos. Y la educaci¨®n necesita estabilidad y acuerdo. Por eso nuestra vocaci¨®n negociadora es insoslayable.

Manuel de Castro Barco es secretario general de la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE-CECA) y Educaci¨®n y Gesti¨®n.